El asunto es Haití. La próxima semana, en el Salón Simón Bolívar, poco más de treinta delegaciones abrirán a la vez el mismo documento: el informe sobre la arquitectura institucional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en apoyo a Haití, que el secretario general, Albert Ramdin, presentará en persona ante un Consejo Permanente que lo esperaba desde julio. Conviene leerlo con el lápiz afilado, porque es dos cosas al mismo tiempo: un ejercicio serio de ordenamiento y transparencia, y un plano que todavía omite varios cálculos esenciales.
El calendario importa. La Misión Permanente de Haití pidió aplazar la presentación prevista para julio para que la visita oficial de Ramdin, realizada del 16 al 19 de agosto, permitiera consultar exhaustivamente a las autoridades haitianas y a los principales actores interesados, evaluar directamente los mecanismos institucionales y operativos de la OEA e incorporar al informe las observaciones recogidas sobre el terreno. El aplazamiento tenía sentido. También elevó la vara. Después de la visita, no bastaba con describir la casa; había que mostrar qué dijo Haití sobre la estructura construida en su nombre.
Digámoslo primero con justicia. El informe, preparado en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General AG/RES. 3051 (LVI-O/26), aprobada el pasado junio, hace algo que la Organización no siempre ha sabido hacer: ordenar la casa ante los ojos de sus dueños, los Estados miembros. Distingue con claridad tres funciones fundamentales: el trabajo político y diplomático, encabezado por el secretario general y su representante especial; la presencia institucional permanente en Puerto Príncipe, a través de la Oficina Nacional; y la cooperación técnica, esa red de programas que va desde el registro civil hasta la ciberseguridad electoral, desde la formación policial hasta la gestión de cuencas compartidas. Separa además, con rigor, lo que suele confundirse: la Misión Especial no es la Hoja de Ruta; la Hoja de Ruta no es un proyecto de la OEA; y el apoyo administrativo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) es un proyecto de adquisiciones, no un mando operacional. El anexo comparativo con el sistema de las Naciones Unidas, organizado por pilares, es quizá la pieza más útil que la Secretaría General ha producido sobre Haití en años.
Hasta ahí, el mérito. Ahora, los vacíos.
El primero es aritmético. Un informe sobre arquitectura que no dice cuánto cuesta el edificio deja al Consejo evaluando planos sin presupuesto. El documento ofrece cifras dispersas y valiosas: un millón doscientos cincuenta mil dólares distribuidos entre treinta organizaciones comunitarias; un millón cuatrocientos mil aportados por Canadá para la oficina administrativa vinculada a la GSF; y una necesidad anual estimada en un millón ochocientos mil. Pero no aparece un presupuesto consolidado. No sabemos cuánto invierte la OEA cada año en Haití; qué proporción proviene del Fondo Regular; cuánto depende de contribuciones voluntarias; qué tan concentrado está el financiamiento; cuánto dura cada compromiso; ni qué ocurriría si un aportante clave se retirara. El programa SECURE Haiti lleva su fuente de financiamiento en una casilla que dice, con franqueza desarmante, «por determinar». Una arquitectura cuyos cimientos financieros no aparecen consolidados no es todavía una arquitectura. Es una maqueta.
El segundo vacío es de método. La resolución instruyó al Consejo Permanente a analizar la posible duplicación de esfuerzos con las Naciones Unidas. El anexo advierte desde su primera página que la coincidencia dentro de un mismo pilar no debe interpretarse como duplicación institucional, y el texto principal describe las actividades como complementarias. Puede que la conclusión sea correcta. Pero esa es precisamente la conclusión que corresponde extraer a los Estados miembros, no la premisa que el informe les entrega ya redactada. La diferencia de mandatos no elimina, por sí sola, la posible superposición de beneficiarios, territorios, productos, calendarios o costos. Para descartarla hay que comparar esos elementos, no solo las competencias formales. Cuando el evaluado escribe el primer borrador del veredicto, el evaluador tiene el deber de leer dos veces.
El tercero es de autoridad y presencia. El representante especial del secretario general para Haití tiene su sede en Washington, mientras la representante de la Oficina Nacional es la funcionaria de mayor rango destinada de manera permanente en el país. Las razones de seguridad merecen respeto. No resuelven, sin embargo, la asimetría entre conducción política y presencia cotidiana. El Consejo debería preguntar con qué frecuencia el representante especial trabaja desde Haití, qué decisiones puede adoptar la Oficina Nacional, cómo circula la información entre Puerto Príncipe y Washington y quién responde cuando las dos lecturas no coinciden. No se trata de exigir una presencia ceremonial. Se trata de saber si la autoridad que interpreta el país comparte, al menos periódicamente, la realidad que debe interpretar.
El cuarto vacío es de responsabilidad. Sobre la GSF, el informe insiste en que la OEA no ejerce mando, dirección, supervisión ni control operativo. Entendido. Pero la Organización administra recursos humanos, adquisiciones, finanzas, logística, supervisión fiduciaria y cumplimiento normativo del componente civil asociado a esa fuerza. Eso no la convierte en comandante; tampoco la coloca fuera del perímetro de riesgo. El Consejo necesita conocer las reglas de debida diligencia, la trazabilidad de las compras, las salvaguardias de derechos humanos, los canales de denuncia, las auditorías, las reglas de suspensión y la respuesta prevista ante un incidente grave. El informe describe la separación de competencias; no el régimen de riesgos. En Haití, la contingencia no es una grieta remota: es una carga permanente sobre la estructura.
Queda el vacío que más pesa. En sus páginas hablan las secretarías, los departamentos, los donantes y los mecanismos. No se oye una evaluación haitiana identificable. El liderazgo haitiano aparece invocado como principio rector, pero el documento no recoge la valoración de las autoridades nacionales, la sociedad civil o los beneficiarios sobre lo que esta estructura aporta, duplica, retrasa o estorba. El silencio resulta más difícil de explicar porque Haití pidió el aplazamiento precisamente para incorporar al informe las consultas, las observaciones y las conclusiones recogidas sobre el terreno.
Las cifras merecen reconocimiento: 110,568 cédulas de identidad entregadas, 1.3 millones de árboles plantados y veintiocho comisarías en proceso de remodelación para atender casos de violencia sexual y de género. Pero una cifra de actividad no es todavía una medida de resultado. Falta saber cuántas cédulas abrieron acceso efectivo a servicios, cuántos árboles sobrevivieron y cuántas mujeres confían en cruzar las puertas de esas comisarías. La cooperación no puede medirse solo por lo que entrega. Debe medirse por lo que cambia.
Conozco ese Consejo desde dentro y sé distinguir un texto negociado por los Estados de un informe elaborado por la Secretaría General. Este documento pertenece a la segunda categoría. El trabajo de ordenamiento entre secretarías, departamentos, oficinas y socios merece reconocimiento profesional. Pero el rigor técnico de la Secretaría no sustituye el juicio político de los Estados. Precisamente porque las delegaciones no escribieron sus conclusiones, les corresponde ahora ejercer el mandato que la resolución les confió.
El Consejo no debería limitarse a recibir el informe. Debería pedir un anexo financiero consolidado; una metodología objetiva para examinar superposiciones; un esquema claro de autoridad y presencia en Haití; un protocolo público de riesgos para el apoyo a la GSF; y una evaluación haitiana, debidamente identificada, incorporada al expediente. No para paralizar la acción, sino para darle legitimidad, disciplina y continuidad.
Porque al final, en Puerto Príncipe como en Washington, la regla de los constructores no cambia. Los planos pueden admirarse sobre la mesa. Los edificios se juzgan cuando alguien los habita, cuando llega la tormenta y cuando quienes viven dentro pueden reconocerlos como propios.
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