Han pasado más de 20 años desde la creación de la Ley 87-01, que estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) con la promesa de ofrecer una protección integral en salud, riesgos laborales y pensiones. A pesar de los avances en cobertura y financiamiento, el sistema muestra importantes fallas estructurales que amenazan su sostenibilidad y sus objetivos.
El problema no radica en la ley misma, que fue diseñada con una visión clara hacia el futuro y con los mecanismos necesarios para crear un sistema justo y solidario. El verdadero reto ha sido la aplicación incompleta de sus disposiciones y la lentitud en la implementación de elementos clave.
La reciente propuesta de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) subraya la necesidad de avanzar en la reforma y aplicar completamente la Ley 87-01. Uno de los mayores desafíos es la atención primaria de salud (APS), que ha sido relegada a un segundo plano mientras se prioriza la atención hospitalaria. Este enfoque ha promovido un modelo de salud centrado en el tratamiento de enfermedades en lugar de la prevención.
Es crucial establecer un fondo especializado para la APS, con asignación presupuestaria obligatoria y supervisión independiente, para evitar que los recursos se desvíen hacia otros niveles de atención. La APS no debe considerarse un gasto adicional, sino una inversión fundamental para reducir hospitalizaciones y costos a largo plazo.
Otro aspecto crítico es el Seguro Contributivo Subsidiado, que deja fuera a muchos trabajadores independientes y informales que podrían contribuir. Ampliar este régimen fortalecería la base de cotizantes y la sostenibilidad financiera del SDSS, permitiendo que miles de dominicanos accedan a una protección social adecuada. Esto no es solo una cuestión económica, sino un acto de equidad y justicia social.
La magnitud de estos desafíos exige un pacto nacional que reúna a todos los actores del sistema: ARS, prestadores de servicios, clínicas, gremios médicos, sindicatos, y más. Este pacto debería ser una política pública permanente, asegurando que la seguridad social no dependa de ciclos electorales, sino que esté respaldada por consensos nacionales.
Para llevar a cabo este pacto, se debe crear una Mesa Técnica Nacional para la Transformación Integral del SDSS. Esta mesa incluiría representantes de diversas entidades, como el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Seis reformas prioritarias son necesarias:
- Rediseñar el modelo de APS: Fortalecer las unidades de atención y definir rutas claras de atención.
- Revisar tarifas médicas: Establecer mecanismos transparentes para actualizar tarifas que garanticen calidad y sostenibilidad.
- Actualizar coberturas: Adaptar el Plan Básico de Salud a los avances médicos actuales.
- Reformar la gobernanza, Asegurar que las decisiones del sistema respondan al interés nacional.
- Revisar el sistema de pensiones: Abordar la rentabilidad y la protección de los trabajadores informales.
- Fortalecer la transparencia financiera: Garantizar que los ciudadanos conozcan el uso de los recursos y los costos reales.
La República Dominicana tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de salud que priorice la prevención y promoción. La Ley 87-01 ya trazó el camino; ahora se necesita la voluntad colectiva para aplicarla plenamente. No bastan soluciones temporales; se requiere una visión integral y un pacto social que ponga al ciudadano en el centro del sistema. Es hora de completar la misión de la seguridad social y convertir la ley en un verdadero instrumento de equidad y desarrollo para todos los dominicanos.
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