La educación superior de la República Dominicana hace varios años que tiene archivada la revisión realizada a la Ley 139-01 que la rige. También, está archivada la revisión de la Ley General de Educación 66-97. Este archivo ha contribuido para que – en tiempos transformadores, como los que vive la educación hoy en el mundo, se mantengan los estudios primarios, secundarios y terciarios en el país con evidentes rezagos. Las autoridades han mantenido esta situación de forma estática y no se percibe límite de caducidad de esta decisión. Mientras tanto, los avances científicos, tecnológicos y sociales avanzan y demandan de la educación superior y de la educación preuniversitaria actualización, eficiencia y mayor capacidad para insertarse en los procesos de innovación y de participación corresponsable en el desarrollo integral del país. Se espera que aporten con efectividad a una visión y una acción más coherentes con las necesidades y con los estándares requeridos por la educación y la sociedad hoy.
El proceso de fusión que se impulsa desde el gobierno dominicano no invalida el estudio y actualización, tanto de la Ley de Educación Superior 39-01 como de la Ley General de Educación 66-97. Por el contrario, a estas alturas, se deberían estar revisando ambas leyes de forma conjunta. Estas tienen sus especificidades propias, pero guardan interdependencia en diversos aspectos; particularmente, en ámbitos como calidad y eficiencia de la educación; selección, formación, evaluación; docente de tiempo completo; efectividad del desempeño de los docentes y en lo que respecta a compromiso con el desarrollo del país. Este aporte no debe apuntar a cualquier desarrollo, pues se espera que la educación superior y la educación preuniversitaria, más que generar retroceso, contribuyan para que la República Dominicana se acerque a los avances que experimentan la región y el mundo. En este marco, la producción científica, las investigaciones para resolver problemas sociales y educativos y, sobre todo, para avanzar en la humanización de la sociedad dominicana, constituyen un trabajo ineludible de ambos sectores de la educación.
Más de una vez, nos hemos preguntado: ¿Por qué ambas leyes se revisan de forma separada, ¿Por qué las comisiones que se forman legitiman la incomunicación? ¿Por qué las revisiones se realizan con una participación que simula apertura y controla la intervención abierta de la diversidad de sectores de la sociedad civil? Son muchos los interrogantes que se podrían plantear por la falta de procesos y procedimientos inclusivos cuando se trata de la revisión de las leyes señaladas. Hay que liberarse del pánico al debate de la Ley de Educación Superior 39-01 y de la Ley General de Educación 66-97. Abrir este debate en tiempos de fusión puede ayudar a identificar -con una visión plural y libre- nuevos senderos por los que se deberían reorientar ambos campos de la educación.
Si el proyecto de fusión va, demanda, necesariamente, revisión profunda de las leyes q indicadas en los párrafos anteriores. El proceso de revisión y de actualización requerirá tiempo y espacio para hacerlo con el rigor, con la participación y con la lucidez que amerita. Pero, todo debate necesita criterios que los sustenten, intenciones que le aporten la direccionalidad debida y actores para llevarlo a cabo. Este último aspecto requiere mucha atención. La sociedad ha de estar atenta para que se abra el debate, y que éste se constituya en un espacio de participación democrática, inclusiva y eficiente. A mayor diversidad de participantes, mayor pluralidad de los resultados del debate.
Los tiempos no están para acumular miedos. No le conviene a la educación dominicana, ni a la sociedad, profundizar el rezago legislativo. Al temor de las autoridades gubernamentales y educativas a un debate profundo, que ilumine para la detección de oportunidades, de riesgos; y, especialmente, de vías concretas para mejorar los campos de la educación indicados, ha de ponérsele fin. Las leyes especificadas constituyen un soporte fundamental para ordenar la vida académica; para garantizar formación cualificada y para el fortalecimiento de la dad en la educación dominicana. Es un debate para avanzar; para construir, de forma colectiva, nuevas oportunidades para que, tanto la educación preuniversitaria como la educación superior, reconozcan y asuman su complementariedad; asuman con mayor conciencia y responsabilidad sus especificidades. El debate es necesario; postergarlo ralentiza decisiones de políticas educativas fundamentales en la actualidad.
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