Se hizo un gran silencio cuando Dominga proclamó la oración de los fieles en la misa dedicada a las madres en la Capilla “Nuestra Señora de Fátima” de las Hijas de María en el batey “La Higuera” de El Seibo. Después de leer varias peticiones levantó sus ojos y dijo: “pidamos a Dios por todas las madres del mundo en especial las nuestras, las que por situaciones migratorias están dando a luz en sus casas por temor a ser deportadas. A pesar de las dificultades son valientes arriesgando sus propias vidas para dar vida. Oremos”.
En esos momentos sentí rabia por la feroz persecución y cacería que se está dando a las personas migrantes haitianas o sus descendientes nacidas en tierra dominicana a cualquier hora del día y de la noche pero también alegría porque de forma humilde y valiente se está elevando la voz en contra de decretos tan inhumanos. En este sentido, el día 2 de junio de 2025 tuvo lugar la celebración “La solidaridad es mi bandera” organizada por el Colectivo Migración y Derechos Humanos donde se solicitó al gobierno dominicano detener de inmediato la deportación de menores no acompañados, en aras de proteger sus derechos y garantizar su integridad.
Asimismo, exigieron el cese de la detención y deportación de mujeres embarazadas y con sus hijos recién nacidos y personas envejecientes, por tratarse de grupos vulnerables que requieren atención humanitaria especial; además demandaron la salida del personal de Migración de los centros de salud, señalando que su presencia allí atenta contra el acceso universal a la atención médica y genera temor en quienes buscan servicios esenciales.
Uno de los momentos más fuertes del encuentro fue la denuncia reiterada de casos de agresiones físicas y sexuales, robos, operativos nocturnos sin orden judicial, separaciones forzadas de menores de sus padres y detenciones arbitrarias, incluso de personas con documentación en regla.
Es interesante comparar la visión de Luis Abinader, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, en un discurso reaccionario ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) el día 5 de diciembre de 2013 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo:
“O se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ella. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos de rostros distintos. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación. La Constitución y las Leyes están de su lado. Los acuerdos internacionales suscritos por el país nos obligan a respetarles sus derechos. Ustedes no están solos, cuenten conmigo hasta que el miedo desaparezca de la mente de muchos y volvamos a ser la República Dominicana que realmente es: un país unido y solidario”.
En fuerte contraste está la intervención a la nación, en calidad de Presidente, el día 6 de abril de 2025 presentando 15 medidas para contener la migración de los haitianos. En las redes sociales se pueden comparar dos visiones muy diferentes ante este drama de la migración[1].
Un ejemplo de la dureza de estas medidas ocurrió en El Seibo; la onceava medida pide al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) exigir los siguientes requisitos: identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria; además deben pagarse los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente.
El día 17 de mayo de 2025, Lourdia Jean Pierre, haitiana de 32 años y embarazada, murió en el distrito municipal de Pedro Sánchez, víctima del miedo. A Lourdia le iniciaron los dolores de parto a las 5:00 de la mañana. Pero el temor a ser apresada y deportada, como tantas otras mujeres haitianas embarazadas en hospitales públicos, se quedó en casa. Allí, sola, dio a luz en el piso de su vivienda y falleció poco después, desangrada y con un fuerte temblor producto del terror vivido. Dejó huérfanos a dos niños. Tras el parto, los vecinos llamaron al 911. Su bebé fue llevado al Hospital Dr. Teófilo Hernández, pero el padre del recién nacido fue arrestado por Migración con intenciones de deportarlo, junto al niño, mientras el cuerpo de Lourdia quedaba tirado en el suelo, sin que acudiera un médico legista ni fiscal para levantar el cadáver. Finalmente, con la ayuda de algunas personas, se consiguió una caja y fue enterrada sin ser velada, como si su vida no valiera nada, como si no hubiese dolido a nadie.
Este modo de actuar, pues no se le puede llamar política, viola la dignidad de la persona pues el derecho a la salud es universal. El artículo 61 de la Constitución reza:
“toda persona tiene derecho a la salud integral. El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas procurando los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requiera”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice en el artículo 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
La ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible estableciendo en su objetivo 3: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.
Herodes sigue vivo, se encarna en estas actuaciones y leyes que van en contra de la voluntad de Dios cuyo deseo es que el hombre viva y son contrarias al espíritu de Jesús de Nazareth que recorría Galilea “proclamando la buena noticia del Reino y curando todo achaque y enfermedad del pueblo” (Mt 4, 23).
[1] https://www.facebook.com/share/v/16G77tJZak/?mibextid=wwXIfr
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