Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país de leyes amparadas en su Constitución del 17 de septiembre de 1787.
A partir de entonces, la inmensa mayoría del pueblo estadounidense ha sido vigilante para que cada artículo se cumpla sin distinción de personas, por lo que todos deben respetar para evitar problemas con la justicia.
Lamentable decirlo, siempre habrá quienes estén en contra del orden legal establecido para -con propósitos mal sanos- delinquir o sentirse con el derecho de actuar sin control alguno para sacar provecho a sus fechorías.
No es nada nuevo lo que está ocurriendo en los EE.UU. con respecto a la emigración indocumentada.
Lo que ha estado pasando en el Estado de California no debe verse como algo sencillo de resolver.
Los extranjeros indocumentados han sido por muchos años un soporte de la economía californiana y otros estados de la Unión Americana.
California es el estado que representa la cuarta economía de los EE.UU. De sus 39 millones de habitantes, 16 millones son hispanos, en su mayoría mexicanos.
Es el estado fronterizo con mayor vulnerabilidad para que inmigrantes procedentes de México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y otros países lejanos ingresen ilegalmente a territorio de los EE.UU., algo que el presidente Donald Trump quiere evitar desde que volvió a la Casa Blanca, en enero de este año.
Bajo la presión gubernamental, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), están tratando de cumplir la orden ejecutiva firmada por el mandatario; localizar a los inmigrantes indocumentados, apresarlos y deportarlos.
Trump debe entender que el desorden migratorio lo crearon los pasados gobernantes demócratas con su política de “puertas abiertas”.
Alineado a esa política migratoria, los recientes gobiernos de República Dominicana encabezados por Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el actual de Luis Abinader, hicieron lo mismo facilitando la entrada de miles de ciudadanos haitianos.
Hoy, bajo la presión de la administración Trump, el presidente Lui Abinader ha insentivado la persecución contra los haitianos indocumentados para deportarlos igualmente de forma masiva.
EE.UU. no puede calificar a los extranjeros indocumentados como delincuentes por el solo hecho haber entrado a su territorio de forma irregular.
Este país tiene los recursos para descubrir si un extranjero indocumentado ha sido procesado judicialmente por haber cometido en algún momento una felonía.
Su orden de arrestar a los trabajadores indocumentados y deportarlos ha creado solidaridad en favor de los apresados que tienen años manteniendo a sus familias laborando de sol a sol y en condiciones que no aceptan los nativos estadounidenses.
Los delincuentes enemigos de las leyes, aprovechando la persecución implacable del ICE, se han autoproclamado como los representantes de este grupo en desgracia.
Las organizaciones y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes conocen muy bien las leyes migratoria y no deben permitir que los fascinerosos les quiten sus banderas de verdaderos defensores de estos extranjeros.
Los vandoleros salieron a romper cristales de tiendas famosas y comercios para saquearlas, destruirlas, incendiar vehículos y enfrentar con violencia a las autoridades policiales que trataban de imponer el orden.
Sus hechos de violencia en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles, California describe a perfección la mala calaña que son.
Por qué acciones como esas no se produjeron en el gobierno demócrata de Barack Obama que en 8 años de administración deportó mas de 10 millones de indocumentados en todo el pais?
Por qué no hicieron lo mismo en el gobierno demócrata de Joe Biden que también deportó cerca de 10 millones de indocumentados a sus países de origen?
Trump apenas lleva un poco mas de seis meses en el gobierno con una meta de deportar dos millones de indocumentados.
A penas a logrado enviar a sus países a unos 200 mil y las protestas se expanden por todos EE.UU.
Hay que destacar que después de la presencia de la Guardia Nacional en las calles de California por orden de Trump, las siguientes marchas a nivel nacional han sido de forma pacífica.
Los disturbios callejeros parecieran ser programados y financiados por políticos opositores al gobierno de Trump.
El gobernante republicano no se pierde en esa realidad. Sabe que detrás de las protestas hay estadounidenses con alto poder económico financiando el desorden y el caos en esa región Oeste.
Para él, los cabecillas de las protestas son agitadores profesionales, insurrectos que estan causando problemas y daños a la propiedad que por sus malos hechos deberían estar en la cárcel.
Es por ello que tomó la decisión, como lo haría cualquier gobernante del mundo, de desplegar miles de soldados de la Guardia Nacional a imponer el orden a las buenas o a las malas.
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