El informe Nuestra Democracia, publicado por la CEPAL y el PNUD en el 2010, constituye uno de los análisis más sistemáticos sobre la evolución política e institucional latinoamericana en los últimos treinta años. Su principal aporte consiste en articular un enfoque integrado que vincula cohesión social, ciudadanía, institucionalidad democrática y desarrollo económico, bajo la premisa de que la democracia no puede consolidarse en sociedades profundamente desiguales (CEPAL–PNUD, 2010). Aunque este planteamiento no es nuevo en la literatura, el documento adquiere relevancia por situar la desigualdad como variable estructural y no como simple disfunción económica. Esta entrega examina críticamente sus tesis principales y las contrasta con la experiencia reciente de la República Dominicana, particularmente en aspectos de gobernanza, sistema electoral, calidad de la ciudadanía y confianza institucional.
El enfoque del Informe Nuestra Democracia (CEPAL–PNUD, 2010) vincula las categorías democracia y desigualdad, poniendo de relieve las tensiones estructurales que, en el caso de América Latina, se manifiestan como una paradoja en la medida en que conviven avances significativos en institucionalización electoral y libertades públicas con desigualdades persistentes que limitan la ciudadanía real. En palabras del propio informe, “no hay democracia plena si derechos políticos conviven con exclusiones económicas y sociales profundas” (CEPAL–PNUD, 2010, p. 18). Este contraste genera un círculo de desconfianza ciudadana, frustración con los gobiernos y deterioro de la legitimidad institucional.
Desde una lectura crítica, la fuerza de esta tesis radica en colocar la igualdad como un componente funcional de la democracia y no como un ideal normativo. Sin embargo, el Informe subestima la dimensión política de la desigualdad: cómo ciertos pactos entre élites económicas y políticas limitan reformas redistributivas, cómo los partidos reproducen jerarquías internas y cómo la informalidad económica erosiona la base fiscal necesaria para políticas inclusivas. La desigualdad no solo debilita derechos; también redefine incentivos para la élite gobernante, fenómeno ampliamente discutido por O’Donnell (1993) y Piketty (2014), visión que es tratada marginalmente en el informe.
El Informe se centra en reformas legales, tales como financiamiento, transparencia, mecanismos internos, pero no profundiza, quizás por los aspectos misionales institucionales, en las lógicas de poder dentro de los partidos ni en cómo la ausencia de renovación generacional y de políticas de igualdad de género limitan la representatividad.
El contexto de aplicación al caso de la República Dominicana, a partir del examen del comportamiento de las variables arriba señaladas por el Informe, reproduce este patrón. Es decir, a pesar del crecimiento económico sostenido, la desigualdad y la informalidad laboral se mantienen elevadas. Esto incide directamente en la calidad de la democracia: ciudadanos con acceso desigual a servicios públicos, justicia y seguridad desarrollan percepciones de inequidad que afectan la confianza en instituciones como el Congreso y los partidos políticos. Investigaciones recientes apuntan a que estas brechas también condicionan la participación electoral y la comprensión de contenidos cívicos, especialmente en sectores juveniles urbanos.
En cuanto a la relación entre construcción ciudadana, derechos y brechas de acceso, El Informe mantiene la vigencia en el tiempo, identifica correctamente que la ampliación de derechos formales no ha significado un acceso equitativo a servicios esenciales. Advierte que la ciudadanía latinoamericana opera en niveles diferenciados: hay ciudadanos con acceso efectivo a justicia, salud, educación y seguridad, y otros con derechos nominales, pero sin garantías reales. Como señala el texto, “la desigualdad en el acceso a derechos amenaza el núcleo mismo de la ciudadanía democrática” (CEPAL–PNUD, 2010, p. 45).
Una crítica central que se puede observar a esta sección es que el informe se concentra en el diagnóstico, pero no profundiza en el análisis de capacidades estatales. La debilidad de los sistemas judiciales, la fragmentación territorial de políticas públicas y la captura burocrática limitan la universalización de derechos. Además, el documento no aborda, desde nuestra postura y con suficiente fuerza, un aspecto nodal como lo es la dimensión cultural, expresada en el debilitamiento de la educación cívica, la baja alfabetización política y la falta de mecanismos efectivos de accountability social.
Una mirada de los efectos de las variables en discusión señalada por el Informe Nuestra Democracia, que aplicada al caso dominicano ilustra de manera clara estas tensiones en la gobernanza democrática. Sin dejar de reconocer que el país ha avanzado en expansión educativa, reformas electorales y digitalización del registro civil —destacándose la Ley 4-23 y la modernización impulsada por la JCE—, persisten brechas macros en calidad educativa, tiempos de respuesta institucional y desigualdad territorial. Las diferencias multidimensionales entre el Gran Santo Domingo y provincias del sur o la frontera demuestran que la ciudadanía plena sigue siendo desigual.
Desde nuestra visión, para el caso particular del ámbito electoral, la República Dominicana ha fortalecido la integridad del sufragio, como evidencian las certificaciones ISO de la JCE y la profesionalización del personal electoral, pero enfrenta desafíos en educación cívica, voto informado y confianza partidaria. Según Latinobarómetro 2024, la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana figura entre las instituciones electorales con mayor confianza en la región. En el ranking de entidades electorales latinoamericanas, la JCE aparece en lugares señeros, en contraste con los partidos políticos, reflejando la crisis de intermediación democrática descrita por el Informe. De lo que se trata es de una tensión entre instituciones políticas y crisis de representación.
El Informe Nuestra Democracia subraya que los avances en la administración electoral no han sido acompañados por un fortalecimiento equivalente de los partidos. Señala que la baja representatividad, la escasa democracia interna y el personalismo alimentan el desencanto ciudadano. En términos del informe, “las instituciones electorales se profesionalizan mientras los partidos se debilitan” (CEPAL–PNUD, 2010, p. 72). Este diagnóstico coincide con autores como Mainwaring y Scully (1995), quienes advierten que la estabilidad democrática requiere partidos robustos.
La crítica a esta posición radica en que el Informe se centra en reformas legales, tales como financiamiento, transparencia, mecanismos internos, pero no profundiza, quizás por los aspectos misionales institucionales, en las lógicas de poder dentro de los partidos ni en cómo la ausencia de renovación generacional y de políticas de igualdad de género limitan la representatividad. Lo que resulta indiscutible es la configuración de un escenario donde, en el caso de la República Dominicana, la profesionalización electoral ha avanzado, como evidencian la implementación de cuatro normas ISO 54001, 9001, 27001 y 22301, que generan eficiencia en gestión electoral, como se evidenció en las elecciones 2024, pero en los partidos persisten desafíos como la alta centralización de decisiones, una escasa renovación dirigencial, integración desigual de mujeres y jóvenes y una débil conexión entre partidos y agendas ciudadanas, que terminan afectando la legitimidad democrática.
A partir del contexto descrito, resulta claro que, independientemente de tener una administración electoral que goza de niveles comparativamente altos de confianza, el sistema de partidos continúa siendo uno de los principales factores de erosión democrática, tal como advierte Nuestra Democracia. El informe plantea que el crecimiento económico, por sí solo, no fortalece la democracia si no se acompaña de políticas inclusivas. Sostiene que la cohesión social es un “pilar indispensable para la estabilidad democrática” (CEPAL–PNUD, 2010, p. 101). Sin embargo, las propuestas del documento son generales y no abordan con suficiencia los desafíos emergentes: digitalización desigual, concentración tecnológica, informalidad estructural y limitaciones fiscales. Autores contemporáneos como Sen (1999) y Castells (2017) han insistido en que el desarrollo requiere capacidades institucionales y acceso equitativo al conocimiento, temas que el informe menciona, pero no profundiza.
El caso dominicano refleja la siguiente tensión: crecimiento sostenido, expansión turística y reformas administrativas conviven con desigualdad persistente, informalidad laboral alta y vulnerabilidad social. Estas brechas repercuten en la legitimidad democrática: amplios sectores perciben que la democracia no mejora sus condiciones de vida al ritmo esperado. En el ámbito institucional, la política de innovación institucional desarrollada por la JCE, como la modernización del registro civil, automatización, transparencia y profesionalización, son hitos que constituyen un ejemplo de cómo fortalecer la cohesión institucional, pero ojo, dicho encomiable esfuerzo no sustituye la necesidad de reformas económicas más amplias.
El principal aporte del Informe, desde nuestra particular opinión, es que nos reta a ampliar el marco analítico e insistir en que las democracias latinoamericanas solo se consolidarán si reducen desigualdades, fortalecen capacidades estatales y amplían la ciudadanía sustantiva. Sin embargo, su limitación central es evitar el conflicto político: no aborda en profundidad cómo las estructuras de poder bloquean reformas, cómo la corrupción afecta la provisión de bienes públicos o cómo la polarización erosiona la deliberación pública.
En el caso dominicano, El Informe nos invita a repensar el desafío que representa la coexistencia de avances institucionales, particularmente en el campo electoral, y persistentes problemas de representación, desigualdad y cohesión social. La experiencia reciente del país confirma que la calidad electoral no garantiza automáticamente calidad democrática: se requieren partidos reformados, ciudadanía informada y Estados con capacidad de ejecutar políticas inclusivas.
En palabras del propio informe, “no hay democracia plena si derechos políticos conviven con exclusiones económicas y sociales profundas” (CEPAL–PNUD, 2010, p. 18). Este contraste genera un círculo de desconfianza ciudadana, frustración con los gobiernos y deterioro de la legitimidad institucional.
A quince años de publicado El informe Nuestra Democracia, dada su vigencia por razones de rigidez estructural, resulta todavía un documento imprescindible para interpretar los dilemas actuales de la región. Su advertencia central es que sin equidad no hay democracia sostenible; adquiere especial pertinencia para la República Dominicana, donde los avances institucionales conviven con desafíos estructurales que ponen límites a la construcción de ciudadanía. Pensar que el país ha fortalecido su administración electoral y modernizado su registro civil, pero debe profundizar reformas que reduzcan brechas sociales, mejoren la representación política y amplíen la educación cívica.
La democracia dominicana, como la latinoamericana, se encuentra en un punto de inflexión: consolidará su legitimidad en la medida en que logre traducir crecimiento económico en cohesión social, profesionalización institucional en confianza pública y participación política en ciudadanía activa. En esa senda, el informe de CEPAL–PNUD sigue siendo una guía, pero también una invitación a repensar críticamente los fundamentos de nuestra vida ciudadana y democrática.
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