La transparencia entrampada entre el reconocimiento y la falta de efectividad

"La transparencia no se decreta, se construye con sistemas y consecuencias". Ban Ki-moon

Hace apenas unos días, el Gobierno dominicano anunció la creación de la Comisión Presidencial para establecer el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Aunque se presenta como un avance en esta materia, en realidad reconoce el retroceso en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, evidenciado en el manejo irregular de los fondos estatales a través de concursos que incumplen las normas de control y en el flagrante irrespeto a las leyes nacionales.

Ejemplos recientes ilustran esta situación: el informe de transparencia de la DIGEIG de septiembre de 2024 asignó al Plan de Asistencia Social de la Presidencia una calificación de cero puntos; se denunció la contratación de un edificio inexistente por la OGTIC; y se anuló la licitación de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD tras detectar graves irregularidades, según informó la Dirección General de Contrataciones Públicas.

La raíz del problema radica en la debilidad de la supervisión, la falta de consecuencias reales y los vacíos en las instituciones fiscalizadoras. Y la experiencia demuestra que una comisión, por sí sola, no es suficiente para abordar esta compleja problemática que se agudiza en la administración pública.

Es imperativo enfrentar los retos multidimensionales del sistema que van más allá de la mirada a las contrataciones públicas, pues hay también corrupción en el nepotismo, los fraudes en programas sociales, en el uso de fondos para asuntos personales, en concesiones que distorsionen el correcto funcionamiento de la gestión gubernamental, entre otros. Sin embargo, la mirada actual no es abarcadora para resolver la situación.

Uno de los principales problemas es la subutilización de herramientas tecnológicas para la gestión de los datos, lo que dificulta la implementación de políticas públicas eficientes. Esto se agrava con la ausencia de indicadores medibles y verificables en áreas críticas como la eficiencia presupuestaria, las contrataciones públicas, las planificación anual, las normas básicas de control interno y el seguimiento real del desempeño institucional mediante tableros de control precisos e interconectados.

Además, la falta de mecanismos robustos para vigilar el uso correcto de los recursos, sumado a un régimen de consecuencias prácticamente inexistente, propicia una cultura en la que las irregularidades se perpetúan o se abordan con destituciones y cambios de puesto sin investigaciones que conduzcan a sanciones efectivas.

Para lograr un Estado moderno, eficiente y transparente, es fundamental retomar y actualizar el sistema de monitoreo de la gestión pública implementado en la gestión del 2016 al 2020.

Ese mecanismo disruptivo que integraba consecuencias basadas en indicadores de contratación pública, gestión presupuestaria, transparencia, cumplimiento de la Ley 41-08, el uso de las tecnologías, y las NOBACI requiere ser reactivado.

Debe ser una tarea de la nueva Comisión Presidencial creada, implementar acciones concretas e inmediatas en tres ejes centrales:

1. Crear un Sistema Integrado de Control, retomando como punt de partida la plataforma de monitoreo, de manera que se obtengan alertas tempranas de incumplimiento mediante métricas claras en los indicadores fundamentales de la gestión pública.
2. Robustecimiento del Sistema de Consecuencias:
   Implementar protocolos para identificar y corregir errores en tiempo real, aplicando sanciones reales y fomentando la participación en la supervisión y evaluación de las políticas públicas.
3. Reforzar y coordinar los mecanismos de supervisión, garantizando la independencia operativa de los órganos de control y la modernización tecnológica necesaria para una rendición de cuentas efectiva.

Transformar el reconocimiento de las debilidades en acciones concretas es indispensable para consolidar una democracia transparente y un desarrollo sostenible del país. Se requieren sistemas integrados, indicadores verificables y consecuencias reales. El éxito dependerá de la capacidad para implementar soluciones integrales y sostenibles, pasando de las normativas a resultados tangibles, que es lo que el país espera.

El futuro de nuestra institucionalidad y la confianza ciudadana dependen de ello.