Durante mucho tiempo, la economía, la planificación y el diseño de políticas públicas han utilizado el equilibrio como referencia para explicar cómo funcionan los sistemas sociales. La idea proviene, en buena medida, de la física clásica, donde ciertos fenómenos tienden a recuperar una posición estable después de una alteración. Trasladada a la vida económica y social, esa lógica ofrece una imagen tranquilizadora: si aparece un problema, el propio sistema terminará corrigiéndolo.

El equilibrio puede ser útil para comprender situaciones muy limitadas. El problema surge cuando deja de ser una referencia provisional y se convierte en una regla general. Entonces se supone que los cambios profundos, los conflictos, la incertidumbre o las desigualdades persistentes son simples desviaciones de una normalidad que tarde o temprano regresará.

Pero las sociedades no funcionan como máquinas. Las personas no reaccionan siempre de la misma manera, las instituciones conservan hábitos, las decisiones producen efectos duraderos y los problemas pueden nacer dentro del propio sistema. Una dificultad económica puede agravarse por las respuestas de empresas, consumidores, autoridades o instituciones financieras. En estos casos, esperar un regreso automático a la normalidad puede impedir que se reconozcan las causas reales del problema.

La informalidad laboral en la República Dominicana ofrece un ejemplo claro. Se trata del trabajo que se realiza sin la protección, la estabilidad y los derechos asociados al empleo formal. Durante décadas, más de la mitad de la población ocupada ha permanecido en esa condición, pese a períodos de crecimiento económico, reformas y programas orientados a reducirla.

Si la economía tendiera de manera espontánea hacia el equilibrio, sería razonable esperar que la informalidad disminuyera gradualmente con el paso del tiempo. Sin embargo, su persistencia indica que no estamos ante una dificultad pasajera. Forma parte del modo en que funcionan el mercado laboral, la estructura productiva, las empresas, la protección social y las instituciones públicas.

La desigualdad ofrece una enseñanza similar. Con frecuencia se interpreta como un desajuste que puede corregirse mediante ayudas temporales o programas aislados. Pero cuando permanece durante largos períodos, incluso en etapas de crecimiento, la pregunta también debe cambiar. Ya no basta con saber cuánto crece la economía; también es necesario observar cómo se distribuyen sus beneficios, quién accede a empleos de calidad, quién soporta la mayor carga tributaria y qué grupos concentran oportunidades y patrimonio.

En ambos casos, la búsqueda del equilibrio puede conducir a políticas que alivian los síntomas sin modificar las causas.  Se intenta recuperar una normalidad que muchas veces solo existe como supuesto, en lugar de preguntarse por qué los mismos problemas reaparecen una y otra vez.

Esta forma de pensar también puede ocultar quién gana y quién pierde durante los procesos de ajuste. Algunas medidas estabilizan ciertos indicadores, pero trasladan sus costos hacia trabajadores, hogares de menores ingresos o territorios con menos recursos. Mientras unos grupos conservan su posición, otros absorben las tensiones acumuladas por el sistema.

Por eso, no basta con preguntar si una política produjo estabilidad aparente. También hay que preguntarse qué tipo de estabilidad generó, quién se benefició, quién asumió los costos y si el problema fue realmente resuelto o simplemente aplazado.

Otro límite de la idea de equilibrio es que reduce el papel del tiempo. En muchos modelos, parece que una decisión equivocada puede corregirse y que el sistema puede regresar al punto anterior. La vida social no opera así. Las decisiones dejan huellas, las instituciones consolidan formas de actuar, las desigualdades se acumulan y los errores producen costos que no desaparecen cuando mejora un indicador.

La historia condiciona el futuro. Cada decisión amplía algunas posibilidades y cierra otras. Una política que hoy parece resolver una dificultad puede crear mañana un problema mayor. Del mismo modo, una crisis también puede abrir oportunidades de cambio que no existirían en condiciones de aparente estabilidad.

Superar la trampa del equilibrio no significa negar que existan períodos relativamente estables. Significa reconocer que esa estabilidad es temporal y que puede cambiar cuando se modifican las relaciones económicas, sociales, institucionales o internacionales.

Las políticas públicas que buscan resolver problemas reales parten del reconocimiento de que las sociedades cambian continuamente y que los períodos de estabilidad son temporales, no permanentes.   En lugar de limitarse a restaurar una situación considerada normal, tendrían que observar cómo evolucionan los problemas, cómo se conectan entre sí y qué condiciones permiten soluciones duraderas. También permiten valorar si una mejora fortalece la capacidad de la sociedad para enfrentar nuevos desafíos o si solo pospone tensiones que volverán a aparecer.

La cuestión de fondo no es si el equilibrio existe o no. El verdadero problema consiste en diseñar políticas como si toda sociedad regresara naturalmente hacia un estado de equilibrio. Cuando la informalidad y la desigualdad persisten durante décadas, quizá no sea la realidad la que se aparta de esa forma de interpretar el funcionamiento de la sociedad, sino esa forma de interpretarla la que termina apartándose de la realidad.

Tal vez esa sea la verdadera trampa del equilibrio: convertir una posibilidad temporal en una promesa permanente y, al hacerlo, terminar administrando los problemas en lugar de transformarlos. Con frecuencia, ello implica trasladar sus costos hacia quienes disponen de menos ingresos y menor capacidad para asumir esos costos.

Luis Ortega Rincón

Economista

Economista graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia de México y en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Con más de 30 años de experiencia en planificación y políticas públicas tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como Coordinador Técnico de la Agenda 2030 en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, coordinador de proyectos multilaterales, enlace entre el Gobierno Central y el Congreso Nacional durante el proceso de consulta y concertación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, evaluación de programas y proyectos bilaterales, planificación del desarrollo, Evaluación de Impacto en proyectos de microempresas, entre otros. Cuenta con una serie de publicaciones en materia de pobreza, medioambiente, desarrollo territorial e ingresos. Ha impartido docencias en la UASD, INTEC, UNAPEC y en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). De igual manera, se ha desempeñado como voluntario en el Consejo de Directores del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) y actualmente en la Directiva de la organización social ¨Iniciativa Solidaria¨ (ISOL) con sede Azua de Compostela.

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