La sociedad de las justificaciones

La muerte de dos hermanos mellizos de 16 años durante una intervención policial en Mendoza, Santo Domingo Este, ha vuelto a poner sobre la mesa una conducta social que merece atención. Según la Policía Nacional, los adolescentes tenían cuatro órdenes de arresto por presuntos atracos. Sus familiares cuestionan las circunstancias en que perdieron la vida. Algunas declaraciones difundidas parecen establecer diferencias entre unas modalidades de delincuencia y otras, como si la gravedad de un atraco dependiera del arma utilizada.

Hace algunos años, una mujer dominicana alcanzó notoriedad al defender a su hijo con una expresión que todavía se recuerda: “Él roba, pero no roba motor”. La frase provocó risas, aunque detrás del humor había una manera preocupante de interpretar el delito. Ahora, las declaraciones de una tía de los mellizos recuerdan aquel episodio. Al escucharlas, queda la impresión de que su preocupación principal era negar que sus sobrinos utilizaran pistolas, mientras las acusaciones de atraco parecían ocupar un lugar secundario. Cambian los protagonistas, pero reaparece la necesidad de encontrar algún detalle que permita restar gravedad a las conductas. Cinco años después, seguimos dando vueltas alrededor de las mismas justificaciones.

El dolor de una familia merece respeto; también lo merecen las víctimas de la delincuencia. Comprender el sufrimiento no obliga a disculpar delitos ni los antecedentes atribuidos a alguien autorizan a privarlo de la vida. Nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de ese derecho y prohíbe la pena de muerte. Si los mellizos cometieron delitos, correspondía a los tribunales establecerlo. Si los agentes actuaron fuera de la ley, corresponde investigarlos con el mismo rigor.

La reacción social suele dividirse; mientras algunos familiares encuentran explicaciones para las actuaciones de sus seres queridos, otros celebran las muertes a manos de la Policía sin interesarse por las circunstancias. Unos olvidan las garantías constitucionales; otros restan importancia a las acusaciones contra los fallecidos. La gravedad de los hechos parece depender de nuestras simpatías hacia los involucrados.

El psicólogo Albert Bandura estudió estas formas de justificación bajo el concepto de desconexión moral. En 1999 explicó cómo podemos minimizar las consecuencias de una conducta, desplazar responsabilidades o suavizar los hechos mediante el lenguaje. No siempre negamos lo sucedido; a veces buscamos una explicación que nos permita aceptarlo. No se trata de un comportamiento exclusivo de los sectores populares ni de la delincuencia callejera. Las lealtades familiares, religiosas y partidarias también pesan en nuestras valoraciones políticas.

Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú en julio de 2026, tras una elección muy disputada. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, había sido condenado por graves violaciones de derechos humanos y otros delitos. Ninguna hija hereda la responsabilidad penal de su padre, garantía elemental del derecho. Pero el regreso de esa familia a la presidencia invita a examinar cuánto pesan los antecedentes históricos frente a las expectativas electorales.

En Estados Unidos, Donald Trump conserva un respaldo considerable entre los evangélicos blancos pese a sus antecedentes judiciales. El 30 de mayo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales vinculados al pago destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels. El 10 de enero de 2025 recibió una sentencia sin prisión ni multa; la condena sigue recurrida. En otro proceso, civil, un jurado lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll el 9 de mayo de 2023. La Corte Suprema rechazó revisar ese fallo el 29 de junio de 2026 y volvió a negar su reconsideración el 17 de agosto. Persiste además la controversia por los archivos de Jeffrey Epstein, que por sí sola no prueba responsabilidad penal de Trump. Con todo, Pew Research Center encontró en octubre de 2026 que el 58 % de los evangélicos blancos aprobaba su gestión.

Votar por esos dirigentes no implica necesariamente aprobar sus conductas o las de sus familiares. También influyen la economía, la seguridad y las convicciones políticas. Lo que interesa es cómo esas preferencias pueden modificar nuestros criterios: aquello que condenamos en un adversario recibe otro trato cuando afecta a alguien de nuestro grupo.

Los politólogos Charles Taber y Milton Lodge estudiaron en 2006 el razonamiento motivado: tendemos a favorecer la información compatible con nuestras creencias y a desconfiar de la que las contradice. Una buena formación no nos inmuniza. Quien tiene más conocimientos puede contar también con más argumentos para defender una opinión adoptada de antemano. Las redes sociales multiplican estas reacciones. Una declaración familiar se convierte en espectáculo y la muerte de un sospechoso recibe aplausos antes de concluir la investigación. Los videos circulan sin contexto, acompañados de comentarios que buscan adhesiones. Tomar partido suele imponerse a la tarea de reconstruir los hechos.

No tenemos pruebas de que hoy se justifiquen más delitos que en décadas anteriores; afirmarlo exigiría estudios comparables. Sí observamos la difusión que alcanzan ciertas expresiones. Conviene no convertir esa impresión en una conclusión general. El periodismo debe distinguir las acusaciones de las condenas, los testimonios de las pruebas y la solidaridad familiar de la aprobación del delito. La educación tiene otra tarea: enseñar a reconocer los derechos incluso cuando protegen a personas que nos desagradan, y a exigir responsabilidades también a los nuestros. La violencia encuentra terreno favorable cuando restamos importancia al daño ajeno o celebramos el sufrimiento de quienes rechazamos. Disculpar un atraco, aplaudir una posible ejecución extrajudicial o pasar por alto los abusos de un dirigente son hechos distintos, con responsabilidades distintas. Pero todos pueden alimentarse de una indulgencia selectiva.

Una democracia necesita ciudadanos capaces de comprender el dolor sin convertirlo en absolución, exigir seguridad sin renunciar a la justicia y apoyar proyectos políticos sin abandonar el juicio propio. El problema comienza cuando dejamos de aplicar criterios semejantes a conductas semejantes. Entonces un delito puede convertirse en travesura y un abuso de autoridad en acto de justicia, según quién sea el responsable. Juzgar los hechos por lo que son, incluso cuando nos obliga a cuestionar a los nuestros y ver como una solución la aplicación de los mecanismos legales de investigación, control y solución de los conflictos, sigue siendo una exigencia elemental de la convivencia democrática.