El crecimiento económico, la hiperconectividad y los registros demográficos que fuerzan nuevos procesos de urbanización han provocado que la sociedad dominicana experimente una transformación acelerada. Sin embargo, esa realidad convive con profundas desigualdades socioeconómicas, con violencia intrafamiliar, precariedad laboral y otros estresores –inseguridad, violencia, caos en el tránsito vehicular, por solo citar algunos-. Es un escenario de modernización y tensiones cotidianas donde sobresale la salud mental de la colectividad como el familiar olvidado.
A raíz de la reforma iniciada en 2016, al pasar de un enfoque con marcado acento custodial hacia un modelo basado en derechos humanos, ingresos de corta estadía y atención comunitaria, el desafío ha migrado desde los muros del hospital hacia el centro mismo de nuestras comunidades.
En ese sentido, los profesionales de la salud mental dominicana se enfrentan a las demandas de esa avalancha de malestares modernos incubados en el tejido social. Entre ellos destacan la ansiedad por rendimiento, la depresión ligada al aislamiento digital en jóvenes, el impacto del trauma acumulado por motivos de género y otras agresiones, y el agotamiento por burnout en una fuerza laboral sometida a altas presiones y salarios insuficientes; además de hacerle frente con sus intervenciones a los tradicionales trastornos del abanico psiquiátrico y psicológico.
Sin embargo, nuestro sistema de salud tiene limitaciones en su estructura: está diseñado para reaccionar ante el hecho consumado, ante la emergencia. Espera a que la persona colapse para brindarle asistencia, aguarda que la crisis se manifieste para activar protocolos de atención. Es un modelo costoso, doloroso e ineficiente.
La prevención no es un lujo; es una necesidad de salud pública que debe comenzar en las estancias infantiles, en el hogar, en las escuelas, en las empresas de trabajo y en todo lugar donde confluya el conglomerado social. Detectar a tiempo las primeras señales de alarma en el nivel comunitario evita el agravamiento de los cuadros clínicos y disminuye la presión sobre el sistema de salud. Se debe migrar desde la atención centrada en la crisis hacia una robusta cultura de prevención, promoción del bienestar y la atención temprana.
A estas alturas, debemos hacernos una pregunta impostergable: ¿Salen nuestros psicólogos y psiquiatras desde la academia y la especialidad con las herramientas necesarias para trabajar con este nuevo modelo? La respuesta es corta: no, al menos en la medida necesaria. No negamos que hay una evolución teórica hacia modelos comunitarios; no obstante, nuestros psicólogos y psiquiatras siguen egresando con un perfil marcadamente clínico, individualista y con un enfoque centrado más en la enfermedad que en la salud.
En la psicología clínica hay una hegemonía de la atención individual, dando prioridad al espacio del consultorio. La academia prioriza la terapia individual, de pareja o familiar, en espera de una demanda espontánea de la persona que ya padece un malestar. Las asignaturas como psicología social o comunitaria carecen de las prácticas necesarias. Así, la necesidad social real, aquella que requiere prevención, promoción y salud mental comunitaria, queda alejada de la formación que se requiere: evitar que aparezca el problema modificando las condiciones del entorno.
Sobre la formación del psiquiatra ya hemos escrito anteriormente; aquí solo queremos señalar que el peso del modelo biomédico, fuertemente enfocado al diagnóstico nosológico, la psicofarmacología y el manejo de crisis agudas y trastornos mentales graves lo aleja gravosamente de la visibilización de los determinantes sociales, el manejo de estrategias de intervención colectiva y la comprensión de las dinámicas comunitarias.
Si a todo lo anterior se añade que para sostener un cambio de paradigma y alcanzar una genuina atención integral, la respuesta no puede seguir fragmentada. Se hace inaplazable fortalecer la articulación entre las disciplinas afines que inciden en la respuesta. El cerebro, la mente, el entorno social no son compartimientos independientes; su abordaje tampoco debe serlo. La complejidad del ser humano amerita el flujo del diálogo y la intervención transdisciplinaria, donde la comprensión de la red neuronal se apoye en la neurología y las neurociencias para enriquecer así el diagnóstico clínico de la psiquiatría, el abordaje psicoterapéutico de la psicología y la intervención estructural del trabajo social en el contexto del individuo.
En definitiva, la transformación de la salud mental en curso no depende exclusivamente de abrir más unidades de atención; necesita una refundación en la manera en que se gesta el rol de quienes cuidan de ella. Mientras las universidades sigan graduando profesionales entrenados para la espera pasiva en el hospital o en la consulta privada, el sistema seguirá sobrepasado en la demanda de pacientes que sufren los estresores de una sociedad en cambio acelerado. En la actual encrucijada, la academia y las políticas públicas deben confluir con la realidad del tejido social. Acogerse a la prevención comunitaria no es utopía, es el camino sostenible para asegurar que el bienestar deje de ser un bien individual y del que más puede, para convertirse en un derecho colectivo.
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