La política de la complacencia

Hay propuestas políticas que no buscan resolver un problema, sino producir aprobación. Su éxito no depende de que funcionen, sino de que hagan sentir al ciudadano que, por fin, alguien se atreve a decir aquello que siempre quiso escuchar. Esa forma de hacer política no es nueva, aunque hoy parezca multiplicarse con la velocidad de las redes sociales; lo preocupante es que suele disfrazarse de libertad, cuando en realidad se trata del mismo populismo de siempre con una cara nueva.

Miguel de Unamuno escribió que “se vence, pero no se convence.” La frase suele asociarse al uso de la fuerza, pero también encierra una advertencia sobre la política. Convencer exige razonar, explicar e incluso aceptar el costo de la impopularidad; complacer resulta mucho más sencillo, basta con convertir cada deseo en una promesa y cada límite en un enemigo.

Desde hace más de tres siglos, el constitucionalismo moderno ha recorrido exactamente el camino contrario. La gran pregunta nunca fue cómo eliminar todas las restricciones, sino cómo construir una sociedad donde la libertad de cada individuo pudiera coexistir con la libertad de los demás. Rousseau entendió que el contrato social no suponía la renuncia a la libertad, sino su transformación; Montesquieu explicó que las leyes debían responder a la naturaleza de cada sociedad y no al capricho del gobernante; Beccaria sostuvo que toda limitación solo encuentra justificación cuando protege un bien superior. Ninguno de ellos concebía la ley como un obstáculo para la libertad; la entendían como su condición indispensable.

Esa es, quizá, una de las mayores paradojas de nuestro tiempo: mientras las democracias han tardado siglos en construir un delicado equilibrio entre derechos y responsabilidades, el populismo pretende resolver esa tensión con una fórmula mucho más sencilla, hacer creer que toda regulación constituye una agresión contra la libertad individual y que gobernar consiste en desmontar las reglas que incomodan, antes que en fortalecer las instituciones que protegen a la sociedad.

Ese fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, aunque también empieza a manifestarse entre nosotros. Resulta difícil comprender que, en pleno siglo XXI, una candidatura presidencial pueda presentar como una conquista de la libertad la facilitación de la importación de armas de fuego o la eliminación de restricciones sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. No porque esos temas deban quedar fuera del debate democrático. Toda norma merece ser revisada cuando deja de cumplir el propósito que justificó su existencia; lo preocupante es convertir asuntos tan complejos en simples consignas electorales.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa la realidad dominicana. No hablamos de una sociedad que haya logrado controlar la violencia ni de un país donde el uso de las armas forme parte de una cultura cívica rigurosamente regulada. Vivimos en una nación que continúa registrando un número alarmante de feminicidios; donde una discusión de tránsito o un simple roce entre vehículos puede terminar con alguien desenfundando un arma; donde el consumo irresponsable de alcohol sigue estando presente en una parte importante de los accidentes de tránsito, especialmente en motocicletas, con consecuencias frecuentemente fatales. Defender la reducción de controles en un escenario como ese exige mucho más que una consigna; exige demostrar, con evidencia, que la sociedad estará más protegida y no más expuesta.

Las leyes no aparecen por generación espontánea. Mucho menos nacen del deseo de limitar derechos. Casi siempre llegan después de una tragedia. Detrás de una regulación sobre armas suele haber una historia de violencia; detrás de una norma de tránsito hay vidas perdidas; detrás de las restricciones al consumo de alcohol existen décadas de estadísticas sobre accidentes, homicidios y violencia intrafamiliar. El derecho posee una memoria que la política, con demasiada frecuencia, prefiere ignorar. Cada ley importante suele ser la respuesta tardía a un fracaso colectivo; cada código conserva, entre sus artículos, la experiencia de una sociedad que decidió no repetir determinados errores.

Basta observar la experiencia comparada. Cuando Australia enfrentó la masacre de Port Arthur, en 1996, su respuesta no consistió en facilitar el acceso a las armas de fuego, sino en fortalecer los controles sobre ellas. No lo hizo porque desconfiara del ciudadano responsable, sino porque las políticas públicas no se diseñan pensando en el mejor de los casos, sino en el peor; el derecho no protege únicamente a quien actúa con prudencia, también debe proteger a quienes pueden convertirse en víctimas de la imprudencia ajena.

Como abogado, siempre me ha parecido que esa es una de las lecciones más sobrias del Estado de derecho. Ninguna libertad existe de manera aislada; todas encuentran un límite cuando comienzan a poner en riesgo la libertad, la seguridad o la vida de los demás. Esa no es una concesión del poder, sino el resultado de siglos de ensayo y error, de guerras, abusos y tragedias que terminaron convirtiéndose en derecho.

Existe otro riesgo, menos visible, pero quizá más profundo: cuando una sociedad comienza a desconfiar de sus instituciones y a depositar sus esperanzas en un líder que promete resolver, por sí solo, problemas estructurales, empieza a recorrer un camino que la historia conoce demasiado bien. Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro; antes se debilita la confianza en las leyes, en los jueces, en los procedimientos y en los contrapesos institucionales. Poco a poco se instala la idea de que el sistema es el problema y de que basta un hombre decidido para sustituirlo.

Ese ha sido uno de los rasgos comunes de numerosos liderazgos autoritarios, sin importar el extremo ideológico desde el que hayan gobernado. Antes de concentrar el poder, desacreditaron las instituciones; antes de imponer obediencia, alimentaron el miedo; antes de presentarse como indispensables, convencieron a la ciudadanía de que ninguna otra solución era posible. La república, en cambio, descansa sobre una idea mucho más modesta y, precisamente por ello, mucho más sólida: ningún gobernante debe ser más importante que las instituciones que representa.

Walter Lippmann advertía que «donde todos piensan igual, nadie piensa mucho». La democracia necesita exactamente lo contrario. Necesita ciudadanos capaces de cuestionar incluso a quienes comparten sus propias ideas; porque el pensamiento crítico fortalece las instituciones, mientras la obediencia incondicional termina debilitándolas. Las sociedades libres no se distinguen porque todos estén de acuerdo, sino porque nadie tiene el monopolio de la verdad.

Por eso desconfío de los discursos que presentan la eliminación de reglas como un programa de gobierno. Gobernar nunca ha consistido en desmontar los frenos de la convivencia para satisfacer los deseos inmediatos de una parte del electorado; ha consistido, precisamente, en convencer a la sociedad de que algunas renuncias individuales son el precio inevitable de una libertad compartida y de que las soluciones duraderas nunca dependen de un mesías, sino de instituciones capaces de sobrevivir incluso a los malos gobernantes.

Quizá ese sea el verdadero desafío de nuestra época. No defender más leyes por el simple hecho de que existan, ni eliminarlas porque resulten impopulares. El reto consiste en recordar por qué fueron necesarias. Las sociedades no empiezan a resquebrajarse cuando aceptan límites razonables; empiezan a hacerlo cuando olvidan por qué esos límites llegaron a existir y sustituyen la confianza en el derecho por la fe en un líder providencial. Cada derecho que hoy damos por sentado fue, alguna vez, la respuesta a un fracaso colectivo. También esa memoria merece ser defendida.