La medicina contemporánea ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que redefine no solo su capacidad de intervención, sino la propia naturaleza de la relación entre conocimiento, decisión y vida humana. La incorporación de la inteligencia artificial, de modelos predictivos, de la medicina de precisión y de los sistemas digitales interoperables ha expandido de forma acelerada la frontera de lo posible, permitiendo diagnósticos más tempranos, tratamientos más específicos y una gestión más intensiva del riesgo en salud (World Health Organization [WHO], 2021). Sin embargo, esta expansión no ha sido acompañada por un desarrollo equivalente en la capacidad humana e institucional para interpretar, priorizar y utilizar racionalmente dichas herramientas. En este desajuste emerge una tensión estructural que ya no puede ser comprendida como una simple brecha tecnológica, sino como una contradicción sistémica entre capacidad de hacer y capacidad de decidir.
Desde una perspectiva de economía de la salud, esta tensión puede formalizarse como la relación entre la capacidad tecnológica disponible (T) y la capacidad humana e institucional (H) para su adecuada utilización. Cuando el crecimiento de T supera de manera sostenida a H, el sistema entra en una zona de ineficiencia estructural donde el aumento del gasto no se traduce proporcionalmente en mejoras en los resultados sanitarios. Esta relación, que puede expresarse como una brecha estructural (Brecha_RS = T/H), permite comprender por qué sistemas con mayor sofisticación tecnológica no necesariamente logran mayor valor en salud. En términos operativos, el valor puede aproximarse como la razón entre los años de vida ajustados por calidad (QALYs) y el costo total de la atención; sin embargo, este valor se ve afectado negativamente cuando la expansión tecnológica no es absorbida por capacidades clínicas, regulatorias y organizacionales adecuadas.
Modelos simplificados de costo-efectividad ilustran este fenómeno. En escenarios comparativos entre práctica estándar y tecnologías avanzadas —por ejemplo, sistemas de diagnóstico asistido por inteligencia artificial— es posible observar incrementos marginales en QALYs acompañados de aumentos significativos en costos. Aun cuando el cociente incremental costo-efectividad (ICER) pueda situarse dentro de umbrales convencionalmente aceptados, la introducción de estas tecnologías suele inducir aumentos en la utilización, incluyendo intervenciones de bajo valor o clínicamente innecesarias, fenómeno ampliamente documentado como sobremedicalización (Moynihan et al., 2019). Cuando este efecto de expansión del volumen es incorporado al análisis, el costo total del sistema crece de manera desproporcionada, reduciendo el valor efectivo en salud y generando lo que la literatura denomina gasto sin valor o low-value care (Berwick & Hackbarth, 2012).
En este contexto, la relación entre tecnología y valor puede expresarse de manera más precisa como una función dependiente no solo de la eficiencia técnica, sino de la capacidad de absorción del sistema. Es decir, el valor en salud no depende exclusivamente de la innovación tecnológica, sino de la proporción en que esta es integrada dentro de estructuras capaces de gobernarla. Cuando dicha integración falla, el sistema no solo pierde eficiencia, sino que amplifica sus propias distorsiones: aumenta el gasto, se fragmenta la toma de decisiones y se debilita el juicio clínico, desplazado progresivamente por recomendaciones algorítmicas cuya lógica interna no siempre es transparente ni contextualizada (Topol, 2019).
En América Latina y el Caribe, esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja. La región presenta sistemas de salud caracterizados por segmentación, restricciones fiscales y desigualdades estructurales, en los cuales la incorporación de tecnologías avanzadas ocurre de manera heterogénea y, en muchos casos, desarticulada de estrategias de priorización y evaluación de tecnologías sanitarias (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2024). El resultado es una coexistencia de alta tecnología con déficits persistentes en acceso, continuidad y calidad, lo que amplifica la brecha entre lo que el sistema puede ofrecer en teoría y lo que efectivamente puede sostener en la práctica.
En la República Dominicana, estas dinámicas se manifiestan dentro de un sistema de seguridad social que combina avances en cobertura con desafíos en sostenibilidad, regulación y articulación entre aseguramiento y provisión. La expansión de servicios diagnósticos, el crecimiento del gasto farmacéutico y la incorporación progresiva de herramientas digitales han ocurrido en un contexto donde los mecanismos de evaluación económica, priorización clínica y control de la pertinencia aún no alcanzan el nivel de desarrollo requerido para garantizar eficiencia sistémica. En este escenario, es esperable —y consistente con la evidencia internacional— que el incremento de la capacidad tecnológica no se traduzca automáticamente en mejoras proporcionales en resultados en salud, sino que, en ausencia de gobernanza adecuada, contribuya a la expansión del gasto y a la generación de ineficiencias.
El problema, por tanto, no radica en la tecnología en sí misma, sino en la forma en que esta se inserta en sistemas que no han desarrollado plenamente las capacidades necesarias para su gestión. Desde una perspectiva bioética, esto implica un desplazamiento del foco desde la escasez hacia la regulación del exceso. La autonomía del paciente, la responsabilidad profesional y la justicia distributiva se ven tensionadas en contextos donde la capacidad de intervenir supera la capacidad de deliberar adecuadamente sobre cuándo y cómo hacerlo (WHO, 2021). La medicina se vuelve más poderosa, pero también más difícil de gobernar.
En este punto, la “nueva guerra” deja de ser una metáfora y se convierte en una descripción estructural: no es una guerra contra la enfermedad, sino contra la incapacidad del propio sistema —y del ser humano que lo habita— para integrar el poder que ha generado. La expansión tecnológica sin desarrollo equivalente de capacidades humanas e institucionales produce un sistema que, lejos de optimizar el bienestar, tiende a operar con rendimientos decrecientes, mayores costos y creciente complejidad decisional.
La salida a esta tensión no pasa por frenar la innovación, sino por reequilibrar la relación entre tecnología y capacidad de decisión. Esto implica fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias, alinear incentivos hacia el valor en salud, desarrollar marcos regulatorios robustos para la inteligencia artificial y, sobre todo, recuperar el papel del juicio clínico como eje integrador entre evidencia, contexto y decisión. En ausencia de este reequilibrio, la medicina seguirá avanzando, pero el sistema —y la sociedad— lo harán en dirección opuesta.
Referencias
- Berwick, D. M., & Hackbarth, A. D. (2012). Eliminating waste in US health care. JAMA, 307(14), 1513–1516.
- Moynihan, R., et al. (2019). Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy. BMJ, 344, e3502.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024). Evaluación de la preparación para la inteligencia artificial en salud pública.
- Topol, E. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books.
- World Health Organization (WHO). (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health.
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