La reciente decisión del Poder Ejecutivo de paralizar cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, marca un punto de inflexión en la relación entre minería, sociedad y desarrollo en nuestro país.
Más allá de las posturas encontradas sobre este proyecto en particular, el mensaje es inequívoco: en la República Dominicana del siglo XXI, ningún proyecto minero podrá sostenerse solo con permisos administrativos, estudios técnicos o viabilidad económica. La licencia social se ha convertido en un requisito tan importante como la licencia ambiental.
Los ciudadanos exigen garantías. Las comunidades reclaman participación real. Los productores agrícolas demandan protección de sus recursos hídricos. Y el país entero pide que cualquier actividad extractiva genere beneficios concretos, medibles y duraderos.
Ese es el verdadero centro del debate.
La discusión nacional no debe reducirse a un simple “sí” o “no” a la minería. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo convertir la riqueza extraída del subsuelo en prosperidad duradera para toda la nación?
Desde la Secretaría de Estrategia Nacional de Desarrollo hemos reflexionado sobre esta cuestión y llegamos a una conclusión fundamental: la minería solo tiene sentido si transforma riqueza no renovable en desarrollo permanente.
Los minerales son patrimonio de todos los dominicanos. Una vez extraídos, desaparecen para siempre. Por eso, cuando una mina cierre, el país no debe quedar solo con estadísticas de exportación o ingresos fiscales ya gastados. Debe quedar una infraestructura más robusta, una economía más competitiva y comunidades con mayores oportunidades.
Atendiendo una idea impulsada por el Lic. Jacek Swiatkowski, miembro de nuestra Secretaría, hemos desarrollado la propuesta del Fondo Raíz Dominicana (FRD): un Fondo Nacional de Activos Estratégicos, Infraestructura y Ahorro de Largo Plazo. No se trata de una caja política ni de un presupuesto paralelo. Se trata de una institución especializada en convertir ingresos extraordinarios y no renovables en patrimonio permanente al servicio de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La Ley 01-12 nos dio una visión de país de largo plazo. Sin embargo, carecemos aún de un instrumento que proteja los recursos extraordinarios de la vorágine del gasto corriente. Cuando estos ingresos entran directamente al Presupuesto General, compiten con necesidades inmediatas y corren el riesgo de diluirse.
Por eso proponemos un debate nacional serio sobre la creación del Fondo Raíz Dominicana, con una regla fiscal clara:
• 70% de los ingresos provenientes de la explotación minera se destinarían a capitalizar el Fondo. Este actuaría como vehículo para apalancar Alianzas Público-Privadas y financiar proyectos de gran envergadura sin presionar el endeudamiento tradicional.
• 30% restante iría al Presupuesto General del Estado, contribuyendo a la sostenibilidad fiscal y a reducir la dependencia de la deuda para gastos corrientes.
De los recursos del Fondo, un 90% financiaría proyectos estratégicos de infraestructura nacional y regional contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (presas, riego, conectividad vial, hospitales, centros tecnológicos). El 10% restante se invertiría de forma directa y transparente en las provincias o territorios donde se realiza la actividad minera, permitiendo a las comunidades ver con claridad qué obras se construyen gracias a los recursos de su suelo.
Esta propuesta no sustituye el marco legal vigente. Toda actividad minera debe cumplir estrictamente con la legislación ambiental, laboral, fiscal y de consulta previa. El Fondo complementa esos controles y ayuda a construir la licencia social que hoy resulta indispensable.
Los países que han convertido sus recursos naturales en prosperidad real entendieron una lección clave: la verdadera riqueza no está en extraer minerales, sino en transformar esa extracción en capacidades permanentes de desarrollo. La República Dominicana tiene hoy la oportunidad histórica de abrir ese debate maduro. No solo sobre una mina específica, sino sobre el país que queremos dejar a las próximas generaciones.
Porque cuando se extraiga el último mineral y la última mina cierre, solo quedará una pregunta: ¿consumimos esa riqueza o la convertimos en legado?
De la respuesta dependerá el verdadero futuro de la nación y el legado que dejemos a las próximas generaciones.
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