La Marcha Verde, el evento cívico que sacudió el país en el 2017, fue una estentórea manifestación contra la corrupción y la impunidad. Pero aun cuando no han concluido los juicios contra los más corruptos del anterior gobierno, su memoria ha pasado a mejor vida. Ahora, sin embargo, al país le hace falta otra similar: la Marcha Verde Educativa. No sería para que asignen más recursos a la educación, sino para despolitizar el sistema educativo público y mejorar la docencia en las escuelas. Aunque otros factores también influyen en los rendimientos escolares, las constantes protestas de los maestros empañan su desempeño laboral y, en general, menoscaban la calidad educativa perjudicando mayormente a los pobres.
La movilización creíble de la sociedad es un prerrequisito para salir del atolladero. Las dos cruzadas sociales más exitosas de nuestra historia han sido 1) la del logro del 4% del PIB para la educación y 2) la Marcha Verde. La primera fue impulsada por las organizaciones religiosas y una pléyade de entidades de la sociedad civil, logrando su cometido a partir del 2013. La segunda unificó a organizaciones dispares para organizar protestas a nivel nacional, recolectando firmas para pedir una comisión de investigación independiente sobre el escándalo de Odebrecht. Pero algo así de contundente es lo que hoy se requiere para impulsar eficazmente el desarrollo de nuestro flaco sistema educativo. Su actual estancamiento ya no puede seguirse tolerando porque castra las posibilidades de nuestro desarrollo como nación.
Esta conclusión se deriva de un reciente artículo del Rector Emérito Radhames Mejia que retrata la deplorable encrucijada: “Los resultados de las Pruebas Nacionales 2025 son una muestra dolorosa de esta situación. El análisis de esos datos revela que la mayoría de los estudiantes promovidos apenas alcanza niveles básicos en las competencias fundamentales. En el sector público, solo un 43% en Español, 34% en Matemática, 36% en Ciencias Sociales y 42% en Ciencias Naturales lograron ubicarse en los niveles III y IV, considerados satisfactorios. En el sector privado los porcentajes son algo más altos, pero siguen siendo preocupantes: 60% en Español, 51% en Matemática, 54% en Ciencias Sociales y 60% en Ciencias Naturales”. Son nuestros propios exámenes, y también los de PISA, los que denuncian la mediocridad.
Esos deficitarios resultados reflejan la atomización que afecta hoy día al sistema educativo. “Cada actor social se aferra a una percepción parcial. El sindicato se concentra en las reivindicaciones laborales; las familias, en el cuidado inmediato; los estudiantes, en la convivencia cotidiana; los políticos, en los réditos de poder. Los docentes, atrapados en rutinas y carencias, lo viven como trinchera; los técnicos y funcionarios, como una maquinaria burocrática; el sector empresarial lo interpreta como una fábrica de mano de obra; los medios, como espectáculo pasajero, y la academia, como objeto de estudio distante.” Mejia aboga por que los actores del sistema (docentes, familia, estudiantes, políticos) estén dispuestos a adoptar una visión de conjunto. “Esta ausencia de visión compartida no es un problema meramente simbólico: tiene consecuencias palpables.”
Los pobres son las peores víctimas de la situación actual. Esto así porque el 78% de del estudiantado asiste a escuelas públicas y, en ese grupo, los estudiantes pobres y los de familias vulnerables son casi la totalidad. El 22% restante asiste a colegios privados y proviene de la clase media, la cual está ya representando el 42% de la población. Los rendimientos de los estudiantes pobres son los peores, impidiendo con eso la igualdad de oportunidades educativas que se supone debe existir en una sociedad de libre mercado. A los pobres se les niega esa igualdad y, por ende, se les niega el derecho fundamental de la educación cuya calidad, según el Artículo 63 de la Constitución, debe estar garantizada por el Estado. Puede que a la clase media le falte motivación para participar en la Marcha Verde Educativa porque sus hijos asisten a colegios privados, además de que la corrupción ya no le preocupa tanto. Sin embargo, los rendimientos de los estudiantes de colegios, aunque mejor que los de los públicos, no guardan una gran diferencia.
La sociedad civil, tenga o no una opción preferencial por los pobres, está hoy llamada a montar una Marcha Verde Educativa por razones de equidad y cohesión social. Esta tiene un deber moral de ocuparse del mejoramiento de la educación pública, tanto para ayudar a los pobres como para aupar el desarrollo nacional. El llamado a la conciencia que este planteamiento implica tiene una sólida justificación. Los pobres no pueden defenderse solos y su indefensión es una muestra de la corrupción moral del resto de la sociedad. Ignorar esa indefensión es una modalidad de corrupción pública que obra en desmedro de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, de la justicia social. Ignorar este desafío equivale a profundizar la desigualdad y a incubar resabios peligrosos para la paz social.
La Marcha Verde Educativa, por otro lado, debe ser acompañada por una firme intervención del Defensor del Pueblo para erradicar las huelgas de maestros. El Tribunal Constitucional ha emitido sentencias (como la TC/0064/19) “que han reafirmado que el derecho a la educación tiene primacía sobre el derecho a la huelga en la función pública. Aunque los maestros tienen derecho a protestar, este derecho no es absoluto y no puede vulnerar el derecho fundamental de los estudiantes a recibir docencia.” El Defensor del Pueblo, por su propia misión consagrada en la Ley No.19-01, está obligado a “velar por la protección de estos derechos fundamentales. Tiene la responsabilidad de intervenir en los conflictos que surgen por huelgas de docentes que suspenden arbitrariamente la docencia.”
Para no depender solamente del surgimiento de la Marcha Verde Educativa y de la intervención eventual del Defensor del Pueblo, sería deseable que un gremio del talante y poderío del CONEP enviara al Congreso un proyecto de ley que proscriba las huelgas en los planteles escolares públicos. Si los empresarios son fieles a sus muchos pronunciamientos sobre el rol estelar de la educación en el desarrollo no tendrán miramientos para patrocinar esa trascendente iniciativa. Hacerlo sería un símbolo extraordinario de responsabilidad social empresarial. Es hora de “coger el toro por los cuernos”.
Compartir esta nota