Uno de los efectos nocivos de la pandemia ha sido el olvido parcial de los otros grandes desafíos que como sociedad tenemos los dominicanos, aparte de la atención en salud, las vacunas y la economía afectada por el Covid-19.
Uno de esos olvidos toca la calidad del sistema educativo dominicano. Un sistema que debe comenzar por mejorar la calidad de su cuerpo docente, pero que con la asignación del 4% del PIB para el área prefirió privilegiar las infraestructuras educativas, además de los salarios de los maestros y maestras, sin exigir compromisos de calidad.
Juan Lladó, un economista y columnista semanal de Acento, ha dado a conocer un decálogo de recomendaciones para el gobierno del presidente Luis Abinader, en que toca aspectos centrales del sistema educativo dominicano.
El gran compromiso que reclama el autor no es sólo del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, que debería impulsar lo que Lladó llama la Marcha Verde Educativa. Nos solidarizamos con los planteamientos del autor y estimulamos a la sociedad a poner sobre la mesa el reclamo de la calidad educativa, 8 años después de que se inicia la asignación del 4% del PIB para el sistema educativo dominicano, con muy escasos resultados. Estos son los puntos que Juan Lladó propone:
- Como los docentes son un pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje es un requisito imperativo involucrar a los docentes en un programa de superación profesional. La ADP nunca se ha manifestado en este sentido y solo se ha ocupado de los aspectos laborales. Pero la sociedad debe orquestar una Marcha Verde Educativa para obligar a la ADP a concebir, adoptar y ejecutar ese programa. La Marcha Verde original fue protagonizada por la clase media cuyos hijos asisten a colegios privados, pero con una buena motivación los pobres también podrían marchar. Dado el impacto de la educación en el desarrollo nacional, la sociedad civil debe ejercer ese liderazgo como lo hizo para conseguir el 4%.
- El MESCYT debe encargar, mediante licitación internacional, una evaluación de todos los programas universitarios existentes para la formación de docentes. Eso debe incluir una evaluación de los resultados del ISFODOSU. Como mínimo se deberán imponer exigencias a todos los programas que busquen garantizar idoneidad en la preparación de los futuros maestros. Puede inclusive crearse un examen especial para los egresados que, de no aprobarse, no recibirían un certificado de idoneidad profesional.
- El MINERD debe acordar con la ADP un esquema de incrementos salariales que este ligado al desempeño estudiantil. En aquellas escuelas que no se supere un mínimo establecido de aprobados en las Pruebas Nacionales, por ejemplo, no se concederán aumentos. Y cuando se hagan aumentos estos se escalarán gradualmente de acuerdo con los incrementos sobre el mínimo establecido.
- Será requisito indispensable que cada docente en ejercicio haya completado un curso de informática de seis meses (a tiempo parcial) con énfasis en la educación virtual. El MINERD compensará a los egresados del curso con un estipendio adicional al salario, el cual no estaría ligado a los incrementos salariales regulares. Al MINERD no le faltan recursos.
- El MINERD contratará 500 docentes extranjeros de primaria que provengan de países tales como España, Cuba y México. Serán docentes especializados en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias y estos serán asignados a las escuelas ubicadas en las regiones más pobres del país. Entre sus deberes figuraría prominentemente el entrenamiento de los maestros de esas asignaturas en las escuelas donde estén asignados. La idea es que irradien su preparación a los nativos.
- Para disminuir drásticamente la injerencia de la política en el sistema educativo público la escogencia de todos los directores de distritos escolares y de las escuelas públicas de primaria estará a cargo de la sociedad civil y el MINERD deberá aceptar las decisiones correspondientes. Una tripleta como la de Participación Ciudadana, EDUCA y FINJUS tendrían que encargarse, aunque los gastos del reclutamiento deben ser pagados por el presupuesto del ministerio.
- Para la educación pública primaria el país se dividiría en tres regiones. Para cada región se escogerían, mediante consultas a la sociedad civil y las sociedades de padres, los miembros de un Consejo Educativo Regional (CED) que sería un órgano subsidiario del Consejo Nacional de Educación (CNE). Su función, sin embargo, se limitaría a monitorear el desempeño del estudiantado y de los docentes de la región. Para ello cada CED dispondría de un personal mínimo que presente al CNE reportes periódicos basados en inspecciones regulares de la escuelas. Se pondría especial énfasis en aquellos distritos escolares que sean los más pobres.
- El CNE establecerá un programa de premiaciones, tanto para los directivos de los planteles como para los docentes, en base a su desempeño y en consonancia con los reportes de los CED. Los premios podrán consistir en incrementos salariales, bonos educativos, equipamiento de los planteles, viajes, vacaciones especiales, etc.
- A los docentes mejor calificados se les ofrecerá un incentivo salarial especial para que acepten asignaciones en los distritos escolares más deficientes. Tal incentivo podría consistir hasta en una duplicación del salario que devenguen.
- 10.Previa evaluación de los planteles escolares privados de la Región Enriquillo –provincias de Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales—se establecerá un programa piloto de vales educativos (vouchers, en inglés) para ir paulatinamente trasladando el total de la matricula publica de esos distritos escolares a los colegios privados bajo la premisa de que estos impartirán mejor educación que los planteles públicos. El sistema se ha probado con éxito en algunos países, pero debe admitirse que la meta de eliminar la enseñanza pública totalmente será muy controversial. De aceptarse el MINERD se convertiría en una superintendencia encargada de monitorear los colegios de la región a fin de asegurar la calidad de la enseñanza.
La decisión de poner en marcha programas y recomendaciones como las que contiene el artículo de Juan Lladó es estrictamente política. Demanda de una voluntad para empujar en una dirección técnica, sin que la política afecte el plan, reconociendo que son políticos los designados. Lladó insiste en que la ADP tiene un rol esencial para cambiar el retroceso o la involución en la educación pública. El autor lo dice con este párrafo, que concluye:
El involucramiento serio de la ADP, la despolitización de la designación del personal directivo, la participación de sociedad civil, la contratación de docentes extranjeros y la experimentación con nuevos esquemas descentralizados y mixtos deben injertarse para detener en seco la involución educativa que experimentamos.