Es chocante que el recién electo presidente de la ADP aspire a elevar el gasto educativo hasta un 6 o un 9% del PIB. Si por correlaciones nos guiamos, complacer esa petición podría significar el holocausto de la educación, en vista de que con el aumento en el 2013 del 4% del PIB para la educación lo que hemos logrado son resultados rastreros. En las pruebas PISA del 2018, realizada en 79 países, con un 82% de los encuestados en el sistema público, quedamos en penúltimo lugar en lectura y en el último en matemáticas y ciencias. La necesidad de que esta desastrosa situación mejore no podría ser más contundente.
En el último año se han visto sucesos que muestran que, lejos de mejorar, involucionamos. La prueba más fehaciente de que la política sigue gobernando las decisiones del sistema educativo público fue el despido sumario, por el nuevo incumbente del MINERD, de los directores de los distritos escolares para reemplazarlos por perremeistas, cuando en el gobierno pasado se había logrado algún grado de apoliticidad en su escogencia. Otra alarmante prueba es que la ADP celebró sus recientes elecciones en días laborables y que su presidente electo, un diputado del PLD, se propone perseguir nuevos incrementos salariales para un gremio de 106,000 miembros cuyo desempeño está sumamente cuestionado. No menciona la necesidad de la profesionalización de su membresía, dando la impresión de que no le importa que la educación este herida de muerte.
Sobre el cuerpo docente lo más alarmante ha sido el resultado del concurso de oposición para llenar unas 20,000 vacantes existentes en el sistema público. Las pruebas se filtraron y circularon en las redes, pero aun así el 95% de los concursantes las reprobaron. En adición, inexplicablemente se dejaron fuera del concurso a los egresados del Programa Docentes de Excelencia. El fiasco ha llevado al MINERD a convocar un nuevo “concurso de oposición docente desde cero”, invalidando así las evaluaciones anteriores de los reprobados. “Los maestros que no superaron las pruebas de habilidades cognitivas generales y de conocimientos disciplinares y pedagógicos, en la primera fase del Concurso de Oposición Docente, podrán participar nuevamente en las evaluaciones que se reiniciarán el próximo 12 de noviembre”.
Es bien conocido que los sistemas educativos, igual que las burocracias, no mejoran radicalmente en el corto plazo. Aunque sea más fácil en las escuelas privadas, cambiar la cultura imperante en su seno es casi siempre una tarea de largo plazo. Como en el resto de América Latina, en años recientes hemos registrado avances importantes en la cobertura de la matrícula y la provisión de suficientes aulas, el desayuno escolar, la revisión del currículo, el suministro de libros y laptops y la tanda extendida. Pero existen otras medidas que pueden tomarse para mejorar nuestra educación pública que solo requieren una firme voluntad. A continuación, citamos una decena que deben ser ponderadas con urgencia.
- Como los docentes son un pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje es un requisito imperativo involucrar a los docentes en un programa de superación profesional. La ADP nunca se ha manifestado en este sentido y solo se ha ocupado de los aspectos laborales. Pero la sociedad debe orquestar una Marcha Verde Educativa para obligar a la ADP a concebir, adoptar y ejecutar ese programa. La Marcha Verde original fue protagonizada por la clase media cuyos hijos asisten a colegios privados, pero con una buena motivación los pobres también podrían marchar. Dado el impacto de la educación en el desarrollo nacional, la sociedad civil debe ejercer ese liderazgo como lo hizo para conseguir el 4%.
- El MESCYT debe encargar, mediante licitación internacional, una evaluación de todos los programas universitarios existentes para la formación de docentes. Eso debe incluir una evaluación de los resultados del ISFODOSU. Como mínimo se deberán imponer exigencias a todos los programas que busquen garantizar idoneidad en la preparación de los futuros maestros. Puede inclusive crearse un examen especial para los egresados que, de no aprobarse, no recibirían un certificado de idoneidad profesional.
- El MINERD debe acordar con la ADP un esquema de incrementos salariales que este ligado al desempeño estudiantil. En aquellas escuelas que no se supere un mínimo establecido de aprobados en las Pruebas Nacionales, por ejemplo, no se concederán aumentos. Y cuando se hagan aumentos estos se escalarán gradualmente de acuerdo con los incrementos sobre el mínimo establecido.
- Será requisito indispensable que cada docente en ejercicio haya completado un curso de informática de seis meses (a tiempo parcial) con énfasis en la educación virtual. El MINERD compensará a los egresados del curso con un estipendio adicional al salario, el cual no estaría ligado a los incrementos salariales regulares. Al MINERD no le faltan recursos.
- El MINERD contratará 500 docentes extranjeros de primaria que provengan de países tales como España, Cuba y México. Serán docentes especializados en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias y estos serán asignados a las escuelas ubicadas en las regiones más pobres del país. Entre sus deberes figuraría prominentemente el entrenamiento de los maestros de esas asignaturas en las escuelas donde estén asignados. La idea es que irradien su preparación a los nativos.
- Para disminuir drásticamente la injerencia de la política en el sistema educativo público la escogencia de todos los directores de distritos escolares y de las escuelas públicas de primaria estará a cargo de la sociedad civil y el MINERD deberá aceptar las decisiones correspondientes. Una tripleta como la de Participación Ciudadana, EDUCA y FINJUS tendrían que encargarse, aunque los gastos del reclutamiento deben ser pagados por el presupuesto del ministerio.
- Para la educación pública primaria el país se dividiría en tres regiones. Para cada región se escogerían, mediante consultas a la sociedad civil y las sociedades de padres, los miembros de un Consejo Educativo Regional (CED) que sería un órgano subsidiario del Consejo Nacional de Educación (CNE). Su función, sin embargo, se limitaría a monitorear el desempeño del estudiantado y de los docentes de la región. Para ello cada CED dispondría de un personal mínimo que presente al CNE reportes periódicos basados en inspecciones regulares de la escuelas. Se pondría especial énfasis en aquellos distritos escolares que sean los más pobres.
- El CNE establecerá un programa de premiaciones, tanto para los directivos de los planteles como para los docentes, en base a su desempeño y en consonancia con los reportes de los CED. Los premios podrán consistir en incrementos salariales, bonos educativos, equipamiento de los planteles, viajes, vacaciones especiales, etc.
- A los docentes mejor calificados se les ofrecerá un incentivo salarial especial para que acepten asignaciones en los distritos escolares más deficientes. Tal incentivo podría consistir hasta en una duplicación del salario que devenguen.
- Previa evaluación de los planteles escolares privados de la Región Enriquillo –provincias de Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales—se establecerá un programa piloto de vales educativos (vouchers, en inglés) para ir paulatinamente trasladando el total de la matricula publica de esos distritos escolares a los colegios privados bajo la premisa de que estos impartirán mejor educación que los planteles públicos. El sistema se ha probado con éxito en algunos países, pero debe admitirse que la meta de eliminar la enseñanza pública totalmente será muy controversial. De aceptarse el MINERD se convertiría en una superintendencia encargada de monitorear los colegios de la región a fin de asegurar la calidad de la enseñanza.
Lo anterior habrá mostrado que existen medidas de política pública al alcance del gobierno que pueden impartir un giro positivo a la degradante situación educativa del sistema público. El involucramiento serio de la ADP, la despolitización de la designación del personal directivo, la participación de sociedad civil, la contratación de docentes extranjeros y la experimentación con nuevos esquemas descentralizados y mixtos deben injertarse para detener en seco la involución educativa que experimentamos. Los recursos financieros no faltan.