Cada vez que en la República Dominicana se aprueba una reforma tributaria, la conversación gira alrededor de una misma pregunta: ¿cuánto más tendremos que pagar?
Es una reacción comprensible. Los impuestos afectan directamente a las personas y a las empresas. Sin embargo, una vez promulgada la Ley 30-26, quizás ha llegado el momento de formular una pregunta distinta.
¿Qué sistema fiscal queremos construir como país?
Sería injusto afirmar que la Ley 30-26 es únicamente una ley para aumentar la recaudación. La reforma incorpora avances importantes: establece un régimen general de acuerdos de pago, fortalece los incentivos para el cumplimiento voluntario mediante reducciones de recargos, crea una amnistía fiscal, modifica el cálculo del interés indemnizatorio con criterios más objetivos y actualiza conceptos tributarios para responder a la economía digital.
Más allá de cada medida, la ley parece transmitir una idea relevante: un sistema tributario eficiente no puede descansar exclusivamente en la fiscalización y la sanción. También debe incentivar el cumplimiento voluntario y facilitar la permanencia de los contribuyentes dentro de la formalidad.
Ese cambio merece ser reconocido. Pero precisamente porque representa un paso importante, también debería abrir una conversación más amplia sobre política fiscal.
Con frecuencia utilizamos como sinónimos dos conceptos que no lo son: reforma tributaria y política fiscal.
Las reformas tributarias son normales. La economía cambia, surgen nuevos modelos de negocio y los sistemas impositivos deben adaptarse. La política fiscal, en cambio, comprende algo mucho más amplio: cómo recauda el Estado, cómo administra esos recursos y cómo garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Quizás esa sea la conversación que todavía tenemos pendiente. En la República Dominicana discutimos con frecuencia cómo aumentar la recaudación, pero mucho menos cómo evaluar la calidad del gasto público, revisar periódicamente la efectividad de los incentivos fiscales o asegurar que los recursos públicos se administren con criterios de eficiencia y prioridad.
No se trata de enfrentar la recaudación con el gasto. Todo Estado necesita ingresos suficientes para cumplir sus funciones. Pero la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de recaudar más.
Depende también de cómo se utilizan esos recursos. La legitimidad de un sistema tributario descansa, en buena medida, sobre la confianza. Los ciudadanos comprenden que contribuir al financiamiento del Estado forma parte del contrato social. Lo que esperan, a cambio, es que ese esfuerzo se traduzca en instituciones sólidas, servicios públicos de calidad y una capacidad real para responder a las necesidades del país.
Las emergencias nacionales suelen recordarnos esa realidad. En esos momentos no solo se pone a prueba la disponibilidad de recursos, sino también las decisiones de política pública que durante años determinaron cómo se administraron.
Por eso, una conversación seria sobre política fiscal no debería limitarse a cuánto recauda el Estado. También debería preguntarse cómo gasta, qué resultados obtiene con ese gasto y si las prioridades presupuestarias responden realmente a las necesidades de la sociedad.
La Ley 30-26 ya fue promulgada. Esa discusión quedó atrás. La que ahora corresponde es mucho más importante.
¿Qué sistema fiscal necesita la República Dominicana para crecer de manera sostenible durante los próximos treinta años? Responder esa pregunta exige mirar más allá de la próxima reforma tributaria. Exige construir un sistema que combine suficiencia recaudatoria con seguridad jurídica, eficiencia del gasto, instituciones sólidas y confianza.
Porque, al final, la fortaleza de un sistema fiscal no se mide únicamente por su capacidad para recaudar.
Se mide, sobre todo, por la confianza que inspira y por la calidad del Estado que es capaz de sostener.
La confianza también es una política fiscal.
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