"La justicia retrasada es justicia negada". — William E. Gladstone.
La gente no tiene idea de lo que ocurre en los circuitos internos del llamado Poder Judicial dominicano que, como uno de los tres dispositivos clave del gobierno de la nación, tiene a su cargo decidir, en última instancia y desde los tribunales, sobre los conflictos y los crímenes cometidos por personas físicas o morales. Como sucede en todas partes, aunque con distintos grados de eficiencia y de justicia verdadera, su radio de acción abarca tanto el derecho privado como el público. No solo debe juzgar, sino también hacer ejecutar lo juzgado con eficacia, transparencia, pulcritud y estricto apego al orden jurídico instituido.
A ese poder fundamental del Estado, del que dependen en gran medida el orden público, la impartición de justicia y la convivencia civilizada, le corresponde actualmente una porción presupuestaria significativa que supera el 4 % de los ingresos internos del Estado, incluyendo al Ministerio Público. A simple vista podría parecer una tajada menor, pero en realidad se trata de una suma enorme, a la que deben añadirse ingresos adicionales y recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. La mayor parte de esos recursos, obtenidos del gravamen de nuestras actividades laborales y productivas, corresponde a la Suprema Corte de Justicia y el resto al Ministerio Público.
En este punto conviene detenerse en algo que muchos ciudadanos no entienden, sin excluir a una parte importante de la juventud de nuestros días, que padece una alarmante desconexión respecto de las instituciones, del territorio y hasta de las nociones más elementales del funcionamiento del Estado.
Si observamos como un proceso todo lo relacionado con la prevención, persecución y sanción del delito, cualquiera que sea su magnitud, hay que precisar primero que mientras el Poder Judicial controla la legalidad y decide la consecuencia jurídica final, el Ministerio de Interior y Policía define y coordina la política de seguridad interior y ciudadana del Estado, dirigiendo y articulando la gestión de la Policía Nacional dentro del marco del poder civil y del gobierno.
Se trata de un ministerio clave, rector y decisivo, en tanto fija lineamientos, prioridades, coordinación territorial y medidas preventivas orientadas a preservar la paz pública. De este modo, el Ministerio de Interior y Policía tiene la rectoría en la definición y coordinación de la política; la Policía Nacional ejecuta y actúa en el terreno, y el Poder Judicial controla la legalidad y decide la consecuencia jurídica final. Dicho sin rodeos, uno previene y organiza, otro actúa e investiga, y el tercero juzga.
Pero esa articulación no se agota en una relación bilateral ni lineal. La propia Ley Orgánica de la Policía contempla un Consejo Superior Policial presidido por el ministro de Interior y Policía e integrado también por el procurador general. Esto revela que la seguridad pública exige coordinación entre conducción política, aparato policial y sistema de persecución penal. Si queremos referirnos al sistema de justicia penal en sentido completo, hay que añadir sin vacilación al Ministerio Público, porque entre la actuación policial y la decisión judicial se encuentra la fase de acusación y persecución penal, que no corresponde ni al ministerio sectorial ni al juez.
Hasta ahí la teoría. El problema comienza cuando se pasa del diseño institucional a la realidad concreta. El acceso real y efectivo a la justicia para la mayoría de los dominicanos sigue siendo una puerta difícil de cruzar. Ese derecho está severamente restringido por la falta de recursos económicos, ya que a miles de ciudadanos les resulta imposible costear honorarios de abogados, tasas judiciales y otros gastos asociados a los procesos.
A eso se añade la enorme burocracia y complejidad del sistema judicial, los procedimientos enmarañados, la corrupción, la falta de transparencia, la dilación deliberada de los procesos, los sobornos a jueces, fiscales, funcionarios judiciales y agentes policiales, la insuficiencia o precariedad de la asistencia jurídica gratuita, la ausencia de educación legal y el desconocimiento generalizado de los derechos más básicos. Todo ello conforma un panorama profundamente deformado, poco confiable y, en demasiados casos, abiertamente hostil para el ciudadano común.
Cientos de crímenes esperan justicia. Miles de ciudadanos sienten frustración, vergüenza y desolación cuando acuden a los tribunales competentes, ya sea como acusadores o como acusados. Muchos descubren demasiado tarde que el sistema no está diseñado para proteger al débil, sino para agotarlo; no para esclarecer con rapidez y rectitud, sino para empantanarlo; no para devolver confianza, sino para sembrar desaliento y suspicacias.
La solución no reside únicamente en simplificar procedimientos, reducir costos o anunciar nuevas reformas. Tampoco basta con retocar la arquitectura institucional de ese gran engranaje compuesto por las instituciones mencionadas. El problema, a nuestro juicio, tiene que ver con una cultura institucional y social que con demasiada frecuencia relativiza el crimen, tolera la impunidad, ampara al delincuente con tecnicismos torcidos y abandona a la víctima a su suerte.
Mientras esa cultura no cambie y no haya voluntad real de saneamiento moral sistémico, depuración funcional y responsabilidad efectiva en cada eslabón del sistema, la justicia seguirá siendo para muchos dominicanos una palabra solemne, pero vacía. Veamos en la próxima entrega un doloroso caso que apuesta al cansancio de los afectados.
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