Las guerras tienen una curiosa capacidad para revelar verdades que, en tiempos de paz, los gobiernos prefieren aplazar. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se desarrolla a miles de kilómetros del Caribe, pero sus consecuencias ya comienzan a sentirse. Es así como la coyuntura internacional en el Medio Oriente ha devuelto a la palestra dominicana un debate que las élites nacionales han evitado por décadas: ¿cuál es el tamaño del Estado que la economía dominicana puede sostener de manera permanente? ¿Cuál es el que debe?
La reciente propuesta de medidas económicas del Gobierno constituye, en muchos sentidos, el reconocimiento implícito de que el espacio fiscal se ha estrechado. El servicio de la deuda pública ha crecido, los subsidios continúan absorbiendo recursos significativos y el gasto del Estado aumentó de manera importante durante y después de la pandemia. Así las cosas, pocos hoy negarían que algún grado de ajuste fiscal resulta imposible de evitar para los dominicanos. Sin embargo, reconocer la necesidad de actuar no equivale a resolver el problema. La solución, que técnicamente es una y clara, viene envuelta en un contexto político y social que nos limita y direcciona. La verdadera pregunta no es, pues, si el Estado requiere más recursos para mantenerse y continuar. Esto es sí, y es un sí siempre. Las preguntas que debemos estar haciendo son: de un lado, ¿quién debe aportar estos recursos, bajo qué reglas y con qué garantías?, mientras que, por otra parte, la pregunta obvia es: ¿cuándo el uso de los recursos confiados al Estado por los ciudadanos dominicanos será honrado con un manejo pulcro, austero y eficiente?
El Gobierno merece reconocimiento por admitir que el endeudamiento no puede ser una estrategia indefinida. También por haber anunciado una reorientación del gasto público de entre RD$30,000 y RD$40,000 millones. Pero aquí aparece una primera debilidad: los detalles siguen siendo escasos. ¿Qué programas serán reducidos? ¿Cuánto se ahorrará en cada partida? ¿Se destinarán esos recursos a inversión pública o terminarán absorbidos por mayores subsidios si el petróleo continúa aumentando?
La transparencia fiscal no es únicamente un ejercicio de rendición de cuentas. Es, sobre todo, una condición de legitimidad. La experiencia comparada sugiere que los ajustes sobreviven políticamente cuando los gobiernos se someten a la misma disciplina que exigen a los contribuyentes. La experiencia dominicana ofrece motivos para el escepticismo.
La discusión sobre el gasto contiene, además, una omisión interesante. Las autoridades destacan como un logro la reducción reciente del gasto corriente como porcentaje del PIB. Sin embargo, las cifras previas a la pandemia sugieren una pregunta más profunda. Si una emergencia extraordinaria justificó un aumento extraordinario del tamaño relativo del Estado, ¿debe esa excepción convertirse en una normalidad permanente?
La pregunta no es menor. Antes de la pandemia, el gasto corriente representaba alrededor del 14 % del PIB. Hoy permanece significativamente por encima de ese nivel. La discusión de fondo no es si el gasto disminuye unas décimas respecto al año anterior, sino que sigue siendo cuál es el tamaño del Estado que los dominicanos deben y pueden financiar y sostener en el largo plazo.
El problema no es exclusivamente del lado del gasto. También existe una discusión pendiente sobre quién contribuye al sostenimiento del Estado. Buena parte de las nuevas medidas continúa descansando sobre contribuyentes ya formalizados. En muchos países, la experiencia demuestra que gravar repetidamente a los mismos sectores termina generando rendimientos decrecientes y mayores incentivos a la informalidad.
El caso de los profesionales independientes ilustra este dilema. Mientras algunas medidas eliminan distorsiones existentes, el aumento de la retención del 10 % al 15 % plantea una pregunta legítima: ¿en qué momento una retención deja de ser un mecanismo administrativo y se convierte, en la práctica, en un anticipo con otro nombre? ¿Por qué debe un profesional independiente reducir su ingreso efectivo cuando muchos con ingresos mucho mayores que él permanecen al margen sin reportar ningún ingreso y nadie los conmina?
Las discusiones sobre la ampliación de la base tributaria conducen inevitablemente a otro tema sensible: los incentivos fiscales. Ningún sector simboliza mejor este debate que el turismo. Su contribución a la economía nacional ronda una sexta parte del PIB y descansa sobre infraestructura financiada por toda la sociedad: carreteras, aeropuertos, puertos, seguridad y servicios públicos.
Los incentivos que ayudaron a construir este éxito han sido plenamente justificados por los resultados. Ahora bien, la pregunta relevante hoy no es si el turismo ha sido beneficioso. Sí, lo ha sido y con creces. Ahora bien, esto no contradice la otra verdad, más difícil, de que los instrumentos diseñados para una industria naciente pierden su justificación y se convierten en una ofensa colectiva cuando los recibe un sector maduro y altamente competitivo.
Un ejercicio ilustrativo ayuda a dimensionar la discusión. Si aproximadamente 8.8 millones de visitantes llegan al país por vía aérea y permanecen unas ocho noches en promedio, ello equivale a cerca de 70 millones de noches de hospedaje al año. Un cargo de apenas US$5 por noche, común en numerosos destinos internacionales, podría generar más de US$350 millones anuales, equivalentes ahora mismo a unos RD$20,000 millones, la mitad de lo que dice el Gobierno necesitar. Obvio, este ejemplo no se trata de una propuesta específica. Se trata de recordar que ampliar la base tributaria suele ser más sostenible que aumentar indefinidamente la carga sobre quienes ya contribuyen.
La República Dominicana no enfrenta un desafío excepcional. Todos los Estados, cuando sus economías crecen, demandan un aparato más grande. Más aún, muchos países emergieron de la pandemia con Estados más grandes y mayores niveles de deuda. Ahora bien, tanto los Estados más desarrollados como los ciudadanos pospandémicos parecen estar menos dispuestos a aceptar nuevos sacrificios sin una mayor rendición de cuentas.
La guerra ha creado una urgencia. Esa urgencia no sustituye la necesidad de diseñar buenas políticas públicas.
El verdadero éxito de cualquier ajuste no se mide únicamente por los recursos que recauda, sino por la confianza que genera. Porque la sostenibilidad fiscal no es un fin en sí misma. Es la condición que permite que el crecimiento económico sea duradero, que el Estado sea sostenible y que el sacrificio nacional se distribuya con justicia.
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