Cada vez que el Estado articule los consejos de ministros en los territorios, es de rigor que las provincias con planes estratégicos concertados presenten iniciativas sistémicas. Es decir, que tengan carácter estructurante, que sumen y multipliquen de forma concurrente las buenas acciones que se ejecutan.
Muy en especial por la escasez de recursos públicos y la necesidad del sector privado de prever rentabilidades. El sector público debe asegurar equidad en sus intervenciones. El sector privado prever su costo-beneficio. En Santiago, así funciona y así debiera mantenerse.
Si el presidente Luis Abinader hubiera precisado proyectos aislados, entonces se reúne, como lo hizo, con las 400 juntas de vecinos de esta provincia. Cualquier alquimia estratégica para sacar proyectos del sombrero de un mago o descifrarlos en una bola de cristal rompe las posibilidades de mantener el éxito.
Un proyecto sistémico o estructurante es una iniciativa que no busca resolver un problema aislado, sino transformar una realidad completa mediante la interconexión de varios elementos. Es decir, los proyectos debieran expresar un enfoque holístico al visualizar como un «todo» en lugar de partes separadas. Si se modifica un componente, afecta al resto del sistema.
Asimismo, los proyectos sistémicos deben acumular capacidad de impacto a largo plazo, pues generan cambios estructurales profundos; por ejemplo, una red de transporte y movilidad; un sistema de acopio, preservación y distribución de alimentos o la gestión estratégica cultural de un territorio.
Igualmente, diversas agencias recomiendan que los proyectos acentúen la interdependencia. O sea, requieren de subsistemas que operen de manera coordinada para alcanzar el objetivo común y tengan modularidad al dividirse en fases o subproyectos más pequeños que pueden ejecutarse en simultáneo o secuencialmente, pero responden a una misma estrategia.
Todo lo anterior lo indicamos para corregir y valorar el conjunto de iniciativas dispersas presentadas por el representante de Compromiso Santiago en el pasado Consejo de Ministros, celebrado en Santiago el pasado 14 de junio del corriente año. Las iniciativas deben evitar hacer retroceder la ciudad a la promoción de proyectos sin visión sistémica.
Las propuestas presentadas recientemente ante el Consejo de Ministros por «Compromiso Santiago» han reabierto un debate que parecía superado en la ciudad: la promoción de una lista de proyectos aislados, desvinculados entre sí y sin articulación con los procesos de planificación estratégica, ordenamiento territorial y gestión metropolitana que actualmente impulsan el Gobierno dominicano, los gobiernos locales y diversos organismos nacionales e internacionales.
La principal debilidad de estas iniciativas no radica necesariamente en el contenido individual de algunos proyectos, varios de los cuales pueden resultar pertinentes, sino en la ausencia de una visión sistémica que los vincule entre sí y con las inversiones estructurantes que ya se encuentran en ejecución o en fase avanzada de planificación.
Un ejemplo evidente es la propuesta de formular un Plan Integral de Movilidad Metropolitana, presentada sin hacer referencia al Monorriel de Santiago, al Sistema Teleférico, a los corredores alimentadores, a las transformaciones derivadas del rescate integral del río Gurabo, a los nuevos puentes proyectados ni a la red vial asociada al Parque Central y a las conexiones circunvalares que están redefiniendo la movilidad urbana y regional.
Resulta difícil comprender una propuesta de movilidad metropolitana que ignore precisamente las inversiones que constituyen la columna vertebral del nuevo sistema de transporte público de Santiago. Esta omisión proyecta una visión fragmentada que desconoce los esfuerzos de coordinación desarrollados entre FITRAM, el Gobierno Central, los ayuntamientos y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), los cuales han promovido una movilidad integrada basada en la intermodalidad y la inclusión de todos los usuarios del sistema.
La misma desconexión se advirtió en la propuesta relacionada con la Autovía del Ámbar. Aunque se trata de una infraestructura estratégica para fortalecer la relación económica y logística entre Santiago y Puerto Plata, la iniciativa fue presentada sin establecer vínculos con los actuales planes de movilidad regional, con la red de transporte público en construcción ni con la estrategia de competitividad territorial del Cibao, como la Circunvalación de Navarrete. En consecuencia, se plantea una obra aislada en lugar de una pieza integrada dentro de una red regional de conectividad.
En materia de seguridad pública y ciudadana ocurrió otra situación similar. La propuesta de construir una nueva sede regional de la Policía y del Ministerio Público constituye una iniciativa positiva; sin embargo, fue presentada sin relacionarla con las inversiones ya aprobadas para fortalecer el sistema integral de emergencias y seguridad. Llama la atención que no se establezca ninguna conexión funcional con la nueva sede regional de la Cruz Roja Dominicana en el entorno del Parque Central, ni con las instalaciones operativas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, elementos fundamentales para construir una visión coordinada de gestión de riesgos, seguridad pública y respuesta ante emergencias.
La situación es aún más preocupante en el ámbito cultural. Santiago cuenta actualmente con una agenda cultural concertada y aprobada oficialmente por resolución del Consejo de Regidores y mediante procesos participativos impulsados por el Ayuntamiento de Santiago, el Ministerio de Cultura, gestores culturales, artistas y organizaciones del sector. Sin embargo, la propuesta de un supuesto Plan Integral de Cultura, Patrimonio y Turismo fue elaborada sin consultar a los más de 250 artistas, gestores e instituciones culturales vinculadas a dichos procesos.
Además, la iniciativa incurre en una contradicción conceptual al separar patrimonio y cultura como si fueran dimensiones independientes, mientras incorpora el turismo sin evidenciar procesos de diálogo con las principales instituciones del sector, entre ellas el Clúster Turístico de Santiago, ADOMPRETUR, Visit Santiago y otras entidades especializadas. Este proceder reproduce prácticas centralizadas y excluyentes que contradicen los principios contemporáneos de gobernanza cultural y participación ciudadana.
La quinta propuesta sin carácter sistémico fue la de crear un Centro Agroalimentario Regional, presentada sin explicar su relación con el Merca Cibao ni con los esfuerzos de modernización y reestructuración del Hospedaje Yaque impulsados por la Presidencia de la República, el Ayuntamiento de Santiago y la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN). La ausencia de articulación institucional genera incertidumbre sobre si se pretende complementar, duplicar o sustituir infraestructuras ya existentes y procesos que han consumido años de planificación y consenso.
Más que nuevas listas de proyectos, Santiago necesita fortalecer la cultura de la planificación estratégica territorial, la coordinación interinstitucional y la construcción de consensos. Las ciudades competitivas del siglo XXI no avanzan mediante la acumulación de iniciativas dispersas, sino a través de proyectos articulados dentro de una visión compartida de largo plazo.
El principal reto no consiste en anunciar nuevas obras, sino en garantizar que cada propuesta contribuya a consolidar un modelo integrado de desarrollo urbano, movilidad, seguridad, cultura, turismo y competitividad económica. Volver a promover agendas fragmentadas y desconectadas significaría retroceder hacia prácticas que históricamente limitaron la capacidad de Santiago para construir una verdadera gobernanza metropolitana y territorial.
Finalmente, los proyectos tampoco mencionan si rescatan la iniciativa de Santiago 2035, recientemente firmada para desarrollar otro plan de desarrollo integral de la ciudad.
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