La geopolítica de las contrataciones públicas

Durante mucho tiempo, las contrataciones públicas se han estudiado principalmente desde la perspectiva del derecho administrativo, la eficiencia del gasto, la transparencia y la competencia. Estos elementos siguen siendo fundamentales. Sin embargo, los cambios que se producen en el escenario internacional nos obligan a ampliar la mirada y reconocer que, en determinadas circunstancias, las decisiones de compra del Estado también tienen implicaciones económicas, geopolíticas y estratégicas.

Las tensiones entre países, la fragmentación del comercio internacional, la competencia por el control de tecnologías críticas y los cambios en las cadenas globales de suministro están transformando la manera en que los Estados entienden su seguridad y su desarrollo. En este contexto, las contrataciones públicas adquieren una dimensión que va más allá del procedimiento administrativo: pueden influir en las capacidades de un país para responder a las crisis, sostener sus servicios esenciales y aprovechar las oportunidades de la economía internacional.

Por eso, la pregunta ya no es solamente cómo comprar mejor, sino también qué implicaciones tienen nuestras decisiones de compra, de quién dependemos para adquirir determinados bienes y servicios y cómo esas decisiones contribuyen a construir las capacidades que necesitamos para el futuro.

Cuando hablamos de geopolítica, solemos pensar en las relaciones diplomáticas, los conflictos militares, las alianzas internacionales y la competencia entre las grandes potencias. Sin embargo, una parte cada vez más importante de esa competencia se desarrolla también en los mercados, las cadenas de suministro, las infraestructuras tecnológicas y el acceso a recursos estratégicos.

Los semiconductores, la energía, los medicamentos, las telecomunicaciones, los minerales críticos y determinadas tecnologías digitales son ejemplos de bienes y servicios cuya disponibilidad puede verse afectada por decisiones políticas, restricciones comerciales o conflictos internacionales. No se trata únicamente de productos que los países necesitan adquirir, sino de recursos cuya ausencia puede comprometer actividades económicas y servicios esenciales.

La pandemia de COVID-19 dejó una lección importante en este sentido. Las interrupciones de las cadenas de suministro dificultaron la adquisición de equipos médicos, elevaron los precios y pusieron en evidencia la dependencia de numerosos países respecto de determinados mercados y proveedores. Las tensiones internacionales posteriores han reforzado esa preocupación y demostrado que las decisiones comerciales y económicas no siempre pueden analizarse al margen de sus consecuencias estratégicas.

Esta realidad también ha despertado un mayor interés por la relación entre contratación pública, política industrial y comercio internacional. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han examinado cómo las compras gubernamentales se relacionan con las prioridades nacionales, la competencia y la seguridad del suministro.

La cuestión de fondo es sencilla: una compra pública puede ser conveniente por su precio inmediato y, al mismo tiempo, generar riesgos o dependencias que solo se hacen visibles cuando se analiza su impacto a largo plazo.

Para comprender esta diferencia, imaginemos que una institución pública necesita adquirir un sistema tecnológico esencial para prestar sus servicios. Una empresa presenta una oferta económica atractiva, pero su solución depende de un proveedor único, requiere una infraestructura difícil de sustituir o puede generar elevados costos de mantenimiento durante los años siguientes.

Si la decisión se analiza únicamente a partir del precio inicial, algunos de estos factores podrían pasar inadvertidos. En cambio, una evaluación más amplia permitiría considerar el costo durante todo el ciclo de vida del sistema, la continuidad del servicio, la seguridad, la interoperabilidad y las posibilidades reales de diversificar proveedores.

Esto no significa que la oferta más económica sea necesariamente la menos conveniente, ni que una solución extranjera represente por sí misma un riesgo. Tampoco supone que debamos favorecer automáticamente a los proveedores nacionales. Significa que, cuando la naturaleza de la contratación lo justifique, las instituciones deben disponer de información y herramientas que les permitan identificar riesgos, comprender mejor los mercados y fundamentar sus decisiones.

El desafío consiste en incorporar esta perspectiva estratégica sin debilitar los principios que deben regir las contrataciones públicas: legalidad, transparencia, competencia, igualdad de trato y rendición de cuentas. La consideración de factores estratégicos no puede convertirse en una justificación para la discrecionalidad ni para restringir injustificadamente la participación de proveedores.

En otras palabras, se trata de ampliar la calidad del análisis, no de sustituir las reglas por decisiones arbitrarias.

Para un país como la República Dominicana, esta discusión tiene una importancia particular. Nuestra inserción en la economía internacional representa una fuente de oportunidades que debemos preservar y aprovechar. El comercio, la inversión extranjera, la cooperación internacional y el acceso a tecnologías y mercados forman parte de las condiciones que favorecen nuestro desarrollo.

Por eso, hablar de autonomía estratégica no significa aspirar a producir dentro de nuestras fronteras todo lo que necesitamos. Significa identificar cuáles capacidades conviene desarrollar, qué dependencias externas debemos diversificar y en qué ámbitos la cooperación internacional puede ofrecernos mejores resultados.

Esta distinción es importante. Ningún país puede producirlo todo de manera eficiente ni controlar por sí solo todas las etapas de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, sí puede prepararse mejor para reducir vulnerabilidades, ampliar sus alternativas y evitar que la dependencia de un único proveedor o mercado comprometa la continuidad de servicios esenciales.

Para la República Dominicana, esto supone aprovechar su posición geográfica, sus relaciones comerciales, sus capacidades productivas y las oportunidades de integración regional. También implica examinar cómo las decisiones de compra del Estado pueden contribuir, dentro del marco jurídico aplicable, al desarrollo de proveedores, la innovación y el fortalecimiento de sectores productivos con potencial de crecimiento.

La contratación pública no puede resolver por sí sola los desafíos del desarrollo nacional. No obstante, por el volumen y la diversidad de los bienes y servicios que demanda el Estado, puede formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Ahora bien, una visión estratégica de las contrataciones públicas no significa que todos los procedimientos deban someterse al mismo nivel de análisis. No es lo mismo adquirir materiales de oficina que contratar infraestructura digital crítica, medicamentos esenciales, combustibles o sistemas tecnológicos cuya sustitución podría resultar compleja.

La profundidad del análisis debe guardar relación con la importancia del bien o servicio, los riesgos asociados a su abastecimiento, la concentración del mercado y la disponibilidad de alternativas. En algunos casos bastará con aplicar los mecanismos habituales de planificación y competencia; en otros, será necesario examinar con mayor detenimiento los escenarios de riesgo y las posibles consecuencias de una interrupción del suministro.

Este enfoque requiere información confiable, conocimiento de los mercados y coordinación entre las instituciones responsables de las contrataciones públicas, el desarrollo productivo, el comercio exterior, la seguridad nacional y la innovación. Cada una tiene competencias y responsabilidades distintas, pero todas pueden aportar elementos necesarios para comprender mejor las implicaciones de determinadas decisiones de compra.

El objetivo no es convertir cada contratación en una decisión de política exterior ni trasladar a las unidades de compras responsabilidades que corresponden a otras instituciones. Se trata, más bien, de identificar cuándo una adquisición tiene implicaciones que justifican una evaluación estratégica adicional y establecer mecanismos para que ese análisis se realice de forma coordinada, transparente y conforme a la ley.

La relación entre geopolítica, contratación pública y desarrollo nacional abre una agenda de reflexión que merece mayor atención en la República Dominicana.

¿Estamos identificando las dependencias externas que podrían comprometer la continuidad de nuestros servicios públicos? ¿Conocemos suficientemente los riesgos asociados a la concentración de proveedores en mercados estratégicos? ¿Cómo podemos aprovechar la demanda del Estado para impulsar la innovación y fortalecer las capacidades productivas nacionales? ¿Qué mecanismos nos permitirían anticipar las consecuencias de una crisis internacional sobre el abastecimiento público?

Estas preguntas no tienen respuestas simples ni uniformes. Exigen investigación, análisis económico, información de calidad y una comprensión más profunda de los cambios que se producen en el entorno internacional. También requieren superar la separación tradicional entre quienes estudian las contrataciones públicas, quienes analizan la seguridad nacional y quienes diseñan las políticas de desarrollo productivo.

Esta tarea supone, además, distinguir entre las decisiones que pueden adoptarse desde el sistema de contratación pública y aquellas que requieren políticas complementarias en materia industrial, comercial, tecnológica o de seguridad. Solo así será posible construir una visión integral sin confundir competencias ni debilitar los controles institucionales.

Las contrataciones públicas deben seguir siendo una función sometida a reglas claras, principios rigurosos y mecanismos efectivos de control. Al mismo tiempo, pueden beneficiarse de una perspectiva que permita comprender mejor sus efectos económicos y estratégicos a largo plazo. El reto está en integrar ambas dimensiones: preservar la integridad de los procedimientos y prestar mayor atención a los resultados que las decisiones de compra producen para el país.

La República Dominicana tiene la oportunidad de avanzar hacia una concepción de las contrataciones públicas que, además de garantizar el uso correcto de los recursos del Estado, contribuya a fortalecer sus capacidades productivas, su resiliencia y su posición en la economía internacional.

Porque, en determinadas circunstancias, comprar no es solamente adquirir un bien o contratar un servicio. Es también decidir de qué dependemos, qué capacidades queremos desarrollar y qué país estamos contribuyendo a construir.