Las recientes declaraciones del director de la DGII reflejan precisamente parte del debate nacional alrededor de este tema. El funcionario ha expresado preocupación sobre eliminar el anticipo o incorporar figuras como el monotributo, argumentando que podrían afectar las finanzas públicas o añadir complejidad al sistema tributario dominicano. Sin embargo, quizás el problema es que muchas veces analizamos la complejidad desde la óptica del Estado y no desde la realidad cotidiana de las mipymes.
Porque la complejidad ya existe, solo que hoy la están cargando los pequeños empresarios dominicanos.
La vive el pequeño comerciante que necesita pagar contabilidad costosa para cumplir obligaciones que muchas veces no entiende; la vive el emprendedor que teme formalizarse porque siente que inmediatamente será asfixiado por anticipos, burocracia y costos fijos; la vive el pequeño productor que termina fuera del crédito formal porque no logra cumplir todos los requisitos financieros y tributarios del sistema.
La informalidad en República Dominicana representa una parte enorme del tejido económico nacional. Miles de colmados, talleres, pequeños comercios, emprendimientos familiares, productores agrícolas y trabajadores independientes operan parcial o totalmente fuera de la formalidad, muchas veces no porque rechacen contribuir, sino porque sienten que entrar al sistema implica mayores costos, más burocracia, más cargas y pocas ventajas inmediatas. En otras palabras, el costo inicial de formalizarse suele percibirse como superior a los beneficios.
Y ahí es donde el país necesita cambiar radicalmente su enfoque. La formalización debe convertirse en una oportunidad de crecimiento económico, inclusión financiera, estabilidad social y mejor distribución de la riqueza nacional. Porque cuando un pequeño negocio se formaliza aumenta su acceso al crédito, mejora su capacidad de inversión, fortalece su historial financiero, aumenta su productividad y eventualmente contribuye más a la economía formal. Al mismo tiempo, millones de trabajadores dominicanos podrían incorporarse plenamente a la seguridad social, ampliar el acceso a seguros médicos, cotizar para pensiones y construir mayor estabilidad económica y protección para sus familias.
Es decir, la formalización bien diseñada no solamente beneficia al Estado; también fortalece al empresario, amplía oportunidades para la clase media y ayuda a integrar productivamente a miles de trabajadores dominicanos al crecimiento económico nacional. Para lograrlo, el sistema necesita premiar la formalización en lugar de castigarla, y numerosos países ya han demostrado que eso funciona.
Brasil implementó el programa Simples Nacional, un régimen simplificado que integró múltiples impuestos en un sistema más sencillo y con cargas reducidas, logrando aumentar formalización, bancarización y expansión de la base tributaria. Uruguay desarrolló esquemas similares de monotributo simplificado, mientras que economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido cuentan con incentivos fiscales y esquemas diferenciados para pequeñas empresas durante sus primeros años de operación o formalización. Han entendido algo fundamental: un pequeño negocio que sobrevive, crece y se capitaliza terminará aportando mucho más a largo plazo que uno que desaparece por exceso de cargas.
La República Dominicana podría avanzar hacia un modelo similar mediante una reforma fiscal integral acompañada de una reforma integral del régimen de las mipymes. Una reforma que incorpore inclusión financiera, simplificación regulatoria, acceso al crédito, modernización digital y mecanismos modernos de distribución del riesgo crediticio.
Porque el problema de las mipymes no es solamente tributario; también es financiero. Muchos pequeños negocios no logran acceder al crédito porque el sistema financiero percibe elevado riesgo en el financiamiento productivo. Por eso resulta indispensable construir esquemas modernos de distribución del riesgo mediante fondos nacionales de garantías, participación del Bandex como banco de segundo piso, integración de organismos multilaterales, fortalecimiento de cooperativas y flexibilización prudencial inteligente. Las economías asiáticas exitosas crecieron precisamente construyendo instituciones capaces de compartir inteligentemente el riesgo productivo para impulsar industrialización, innovación y crecimiento empresarial.
La República Dominicana necesita comenzar a recorrer ese camino mediante un gran programa nacional de formalización inteligente, que permita que miles de micro y pequeñas empresas puedan integrarse gradualmente al sistema formal bajo condiciones especiales y temporales de transición, incluyendo reducción parcial de cargas tributarias, flexibilización temporal del anticipo, monotributo simplificado, acceso preferencial al crédito y programas especiales de inclusión financiera.
La clave sería entender que durante un período inicial de dos a cinco años el objetivo principal no debería ser maximizar la presión tributaria sobre esos negocios, sino integrarlos productivamente a la economía formal. Porque un sistema tributario excesivamente pesado sobre una base pequeña termina recaudando menos que un sistema más inteligente sobre una base mucho más amplia.
Y ahí radica una de las grandes oportunidades económicas del país. Si la República Dominicana logra formalizar gradualmente una parte importante de las mipymes hoy informales, aumentaría la bancarización, crecería el acceso al crédito, mejoraría la productividad, aumentaría la trazabilidad económica y eventualmente crecería de forma significativa la recaudación sostenible del Estado. Eso también permitiría incorporar plenamente a millones de trabajadores dominicanos a la seguridad social, ampliar el acceso a seguros médicos, fortalecer cotizaciones para pensiones y construir mayor estabilidad económica y protección para miles de familias.
Fortalecer las mipymes no solo beneficia a pequeños empresarios. También amplía oportunidades para las clases más vulnerables, facilita el acceso al empleo formal, mejora ingresos familiares y contribuye a reducir pobreza y exclusión social. Una economía más formalizada fortalece el mercado interno y beneficia tanto a pequeños negocios como a grandes sectores nacionales como la construcción, el turismo interno, la agricultura, la agroindustria y el comercio. Incluso, el acceso al crédito formal y la estabilidad laboral terminan ampliando las posibilidades de acceso a vivienda para miles de familias dominicanas.
Por eso, formalizar inteligentemente no debe verse como una concesión fiscal; debe entenderse como una estrategia nacional de desarrollo económico, ampliación sostenible de la base tributaria, fortalecimiento de la clase media, reducción de la pobreza y cumplimiento efectivo de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana.
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