El pasado mes de enero, mientras el país retomaba su rutina y las conversaciones volvían a girar alrededor de los mismos temas de siempre, se cumplió un aniversario que pasó casi desapercibido. No hubo actos solemnes ni debates encendidos. Apenas alguna mención dispersa, perdida entre titulares fugaces. Sin embargo, lo que ocurrió hace catorce años, en enero de 2012, fue uno de los gestos más serios que ha hecho la República Dominicana consigo misma.

Ese mes, como pocas veces en nuestra historia reciente, el país se detuvo un instante y decidió pensar a largo plazo. No para resolver la urgencia del día, sino para responder una pregunta más exigente: qué nación queríamos ser y cómo sabríamos, con el paso del tiempo, si nos estábamos acercando o alejando de ese ideal. A ese acuerdo lo llamamos Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. No fue un simple discurso ni una proclama electoral. Fue una decisión adulta: dejar de gobernarnos por impulsos y comenzar a gobernarnos por rumbo. El país se organizó entonces en torno a cuatro ejes estratégicos, diecinueve objetivos generales, cincuenta y siete objetivos específicos y cuatrocientas sesenta líneas estratégicas de acción que debían orientar coherentemente las políticas públicas, tal como recogen la Ley Orgánica No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y sus instrumentos oficiales de planificación y seguimiento. Por eso siempre sostengo que la END no se limitó a describir un ideal abstracto de país; estableció también un marco técnico para evaluar, con indicadores y metas verificables, si realmente estábamos avanzando en la dirección que como nación decidimos trazar.

La ley que la sustenta no habla únicamente de crecimiento económico como mucho pudieran pensar; un país apoyado en instituciones firmes, en la cohesión social que evita que nos fragmentemos, en el respeto al territorio que habitamos y en una economía capaz de competir sin perder humanidad. Una República Dominicana que garantice derechos, oportunidades y bienestar a sus ciudadanos, midiendo ese avance con indicadores verificables y metas cuantificables. Esa misión nacional existe. Está escrita. Está publicada. Y sin embargo, muy pocos dominicanos podrían mencionarla.

Hoy, febrero de 2026, esa apuesta tiene catorce años. Y el dato, lejos de ser administrativo, debería inquietarnos. Faltan apenas cuatro años para el 2030. Cuatro años para comprobar —con evidencia, no con consignas— si el país que imaginamos comenzó a tomar forma o si se nos fue escapando, lentamente, entre decisiones fragmentadas. Aquí debería comenzar una conversación nacional seria. Pero rara vez ocurre. La Estrategia Nacional de Desarrollo no nació para repetirse como consigna en rendiciones de cuentas ni para dormir entre documentos oficiales. Nació como un contrato social: un compromiso entre generaciones que decidió algo inusual y exigente, casi contracultural en nuestra vida pública: no solo imaginar el país que queríamos, sino acordar cómo lo mediríamos.

Y, sin embargo, hay una pregunta que casi todos evitan formularse: ¿sabemos realmente cómo vamos como país? No si se inauguraron obras. No si se ejecutó presupuesto. No si se anunciaron programas. La pregunta que distingue a una nación madura es otra: ¿estamos avanzando, estancados o retrocediendo respecto a lo que acordamos construir?

La respuesta inquieta bastante. La mayoría de los dominicanos no lo sabe. No por desinterés, sino porque nunca aprendimos a leer el tablero donde ese progreso se escribe. Nos acostumbramos a escuchar relatos, pero no a seguir trayectorias.

Hace algunos meses, en una de mis clases, decidí hacer una pausa. No estaba en el programa ni en mi plantilla pedagógica. Miré al grupo —jóvenes formados, críticos, muchos de ellos a punto de egresar— y les hice una pregunta que debería ser elemental en cualquier país que se tome en serio a sí mismo: si sabían cuál era la misión y la visión de la República Dominicana como nación. Hubo silencio. Insistí entonces si habían escuchado hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y si podían mencionar algún indicador que midiera nuestro progreso y que le llamara la atención por los resultados sin importar fueran buenos, regulares o malos. La respuesta fue unánime: no. Lo más cercano a un consenso fue que sabían que la Estrategia existía porque los políticos la mencionan con cierta frecuencia, pero no podían explicarme su contenido ni identificar un solo indicador.

No eran ciudadanos desinformados. Eran estudiantes universitarios. Y precisamente por eso la escena fue tan demoledora. Ese momento me resumió un desafío enorme: el país sí tiene indicadores, pero no tiene un “marcador común” que la sociedad pueda leer, comprender y usar para evaluar, exigir y participar. Medimos, pero no explicamos. Publicamos, pero no socializamos. Producimos evidencia, pero no la convertimos en conocimiento ciudadano.

Y esto no es un defecto exclusivo de la República Dominicana ni de un ministerio en particular; es una falla frecuente en planes estratégicos de todo tipo: la estrategia se comunica, pero no siempre se comprende. En la literatura contemporánea de gestión estratégica —incluyendo enfoques desarrollados en escuelas como London Business School— se insiste en que la ejecución exige traducir la estrategia a entendimiento real, para que las personas sepan cómo esa dirección se convierte en prioridades, decisiones y acciones concretas.

Es como entregarnos un mapa enorme, lleno de colores, símbolos y destinos marcados, pero sin señalar cuál es el camino que realmente debemos tomar. Imagino a un joven dominicano —como muchos de los estudiantes que veo cada semestre— recibiendo ese mapa del país. Lo abre con curiosidad, reconoce nombres, escucha palabras importantes sobre desarrollo, competitividad o sostenibilidad… pero no encuentra una línea clara que le diga por dónde avanzar hoy, mañana, el próximo año o cada 4 años. El mapa no está mal hecho; de hecho, es técnicamente impecable —debemos decirlo—. El problema es que nadie le explicó cómo leerlo. Y entonces ocurre lo que nos pasa como sociedad: todos sabemos que el destino existe, todos intuimos que hay un rumbo trazado, pero caminamos mirando direcciones distintas porque la estrategia se quedó en el papel y no bajó al lenguaje cotidiano de quienes deben vivirla. Cuando eso sucede, no falla la intención del plan; falla la claridad que transforma la intención en movimiento.

Por eso me gusta aterrizarlo en una idea clásica de Michael Porter, uno de los estrategas que más admiro: la estrategia no es una lista de cosas buenas que suenan bien. Es elegir con seriedad —con trade-offs reales— qué se prioriza y qué se deja fuera. Porter lo resume con una frase que debería estar en la pared de toda institución: “la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer”.
Porque cuando esa elección no se entiende, el plan se vuelve discurso; y cuando el plan se vuelve discurso, las organizaciones —y también los países— vuelven a caminar por impulsos en lugar de hacerlo por dirección.

Y aquí conviene ser justos. Capacidad técnica sí hay. El Estado dominicano —y en particular el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo— ha invertido durante años en metodologías, sistemas de seguimiento, marcos de evaluación y plataformas de información que pocas veces reciben el reconocimiento que merecen. La END está respaldada por cerca de noventa indicadores estratégicos oficiales que, al desplegarse por metas y subcomponentes, superan el centenar y permiten evaluar con rigor la trayectoria del país frente a sus compromisos nacionales. En términos prácticos, la estrategia nació con un conjunto de indicadores establecidos dentro de su marco legal y desarrollados mediante los instrumentos técnicos de seguimiento que han ido perfeccionando el modelo de monitoreo a lo largo del tiempo. Se mide. Se publican informes. Se construyen series históricas. El problema no es la ausencia de datos; el verdadero desafío es que esa medición aún no se ha convertido en cultura pública, y para demasiados ciudadanos sigue siendo distante una pregunta que debería ser cotidiana: cómo vamos realmente como país.

Cuando la ciudadanía no conoce el marcador, nuestra democracia queda atrapada en narrativas políticas. La conversación pública se llena de cosas que se hicieron, de anuncios y de anécdotas, pero evitan la pregunta esencial: qué cambió realmente, qué tendencia se movió, qué resultado mejoró de manera sostenida.

Porque una estrategia solo deja de ser discurso cuando se atreve a mirarse en datos numéricos. Y los números, cuando están bien construidos metodológicamente, no opinan: muestran tendencias. Llegados a este punto, sería injusto quedarnos solo en el cuestionamiento. Si tanto insistimos en medir, también debemos atrevernos a mirar el resultado. El duodécimo informe de avance muestra un panorama que exige serenidad y madurez. Al cierre de 2023, el 21.6% de los indicadores ya alcanzó la meta establecida; un 5.9% avanza con trayectoria promisoria; un 45.1% muestra mejoras, aunque todavía muy lejos del objetivo; un 6.9% permanece estancado; y un 20.6% ha retrocedido respecto a su trayectoria histórica. Dicho sin tecnicismos: la República Dominicana avanza, pero no al ritmo que exige el 2030.

Cuando observamos el desempeño por ejes estratégicos, el cuadro se vuelve aún más revelador. El eje institucional presenta avances importantes, con más de una quinta parte de sus indicadores ya logrados, aunque con un número significativo en retroceso que evidencia desafíos en confianza, seguridad y gobernanza. El eje social muestra progresos moderados, con avances sostenidos en reducción de pobreza y acceso a servicios, pero todavía con brechas persistentes que ralentizan el logro pleno de las metas. El eje económico, aunque mantiene una trayectoria positiva, avanza de manera más lenta de lo esperado, con apenas una décima parte de sus indicadores alcanzados y una proporción considerable en retroceso, reflejo de presiones globales y transformaciones estructurales pendientes. El eje ambiental y territorial presenta resultados mixtos, con cerca de una cuarta parte de sus indicadores logrados, pero también con retrocesos que obligan a replantear estrategias frente a la sostenibilidad y resiliencia del territorio. Mirado en conjunto, el eje social concentra hoy el mayor peso relativo de indicadores logrados, mientras que el eje ambiental muestra el mayor nivel de retrocesos acumulados, una señal clara de dónde el país necesita acelerar decisiones estratégicas si aspira a cumplir el horizonte 2030.

No estamos frente a un país que fracasa. Estamos frente a un país que avanza con luces y sombras, donde algunos indicadores se aceleran mientras otros pierden impulso. Y esa es, precisamente, la esencia de la planificación estratégica: entender dónde insistir, dónde corregir y dónde cambiar la forma de intervenir.

Esto nos revela una verdad incómoda, pero necesaria: las metas nacionales no son deseos personales del funcionario de turno; pertenecen al país. La planificación estratégica no consiste en administrar tareas, sino en alinear decisiones, recursos y prioridades para que lo que importa realmente ocurra. Dirigir es hacer que las cosas pasen, sí… pero no cualquier cosa: solo aquello que mueve los indicadores que definen el rumbo. Porque cuando lo urgente sustituye a lo importante, la gestión se llena de actividad, pero el país pierde dirección.

Porque sin meta, ningún país llega. Y sin indicador, ningún avance es verificable.

Imaginemos entonces un ejercicio sencillo y profundamente transformador: que cada 27 de febrero —cuando el país se detiene a escuchar su balance— los dominicanos podamos mirar un tablero nacional con sus cerca de noventa indicadores estratégicos, organizados en los cuatro ejes que definen nuestro rumbo. Imaginemos entonces algo más audaz y profundamente democrático: que los grandes indicadores nacionales —los que realmente muestran si avanzamos o retrocedemos— aparezcan visibles en las portadas de nuestros periódicos como un verdadero barómetro país. No como propaganda ni como consigna política, sino como una medición pública del rumbo colectivo: medidores claros que muestren si suben o bajan, cuál era la meta trazada y cómo ha evolucionado su tendencia histórica a lo largo del tiempo. Luego vendría lo que corresponde a la profundidad del análisis: explicar con rigor cómo las decisiones, los proyectos ejecutados —o incluso aquellos que nunca llegaron a implementarse— influyeron en esos resultados. Porque solo cuando primero vemos el indicador y después entendemos las causas, la conversación pública deja de girar en torno a percepciones y empieza, por fin, a apoyarse en evidencia real. No para buscar culpables, sino para recuperar dirección y entender que el progreso no es una percepción, sino una trayectoria que se mide. Porque la END no puede seguir siendo solo un documento del Estado; debe convertirse en una conversación viva del país. Y para quien quiera comprender cómo vamos realmente, basta con entrar a los informes de seguimiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y leerlos como lo que son: el espejo técnico más honesto que tenemos frente a nosotros mismos.

Lo digo con humildad, pero también con la responsabilidad de quien lleva casi veinte años trabajando y enseñando planificación estratégica: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no es un ministerio más. Es uno de los que da dirección. Y cuando un país pierde dirección, todo lo demás se vuelve ruido.

Quizás por eso vuelvo mentalmente a aquel enero de 2012, un momento que muchos vivimos con una mezcla de esperanza y responsabilidad histórica. Fue el instante en que decidimos pensar como nación y no solo como gobierno; cuando nos dimos la oportunidad —muy poco común en nuestra historia— de mirar hacia adelante con la misma seriedad con la que otros países planifican su futuro más allá de un período de gobierno.

Quizás el verdadero desafío hoy no sea escribir nuevos planes ni inventar discursos más sofisticados. Puede que sea algo mucho más simple —y, precisamente por eso, más difícil—: atrevernos a mirar con honestidad el marcador nacional que ya construimos como nación. Aprender a leer lo que dicen sus indicadores, comprender qué significan sus avances y asumir sin excusas aquellos retrocesos que también forman parte de nuestro camino. Porque solo cuando un país entiende sus propios números deja de caminar por intuición y empieza, por fin, a avanzar con dirección.

Porque gobernar —ahora que el 2030 se acerca— no es decir todo lo que se hizo. Es demostrar cuánto avanzó el país en aquello que, como nación, dijimos que nos importaba. No es acumular anuncios, sino sostener el rumbo incluso cuando los aplausos se apagan.

Imagino entonces otro mes de enero, dentro de algunos años. Un país que ya no discute solo percepciones, sino resultados que se pueden mirar sin miedo. Un país donde cualquier ciudadano —no un experto, no un funcionario, sino cualquiera— pueda detenerse frente a ese marcador común y entender hacia dónde vamos, cuánto hemos avanzado y qué nos falta por conquistar. Quizás ese día podamos hablar con la serenidad de quien dejó atrás la improvisación y aprendió a caminar con propósito; decir, sin estridencias, que aquella decisión de evaluarnos a nosotros mismos no fue un gesto simbólico ni una promesa más, sino el inicio silencioso de una cultura nueva: una donde cada dominicano comprende que el futuro no se hereda ni se adivina; se construye paso a paso, se mide con honestidad y se corrige con valentía.

Tal vez entonces esa medición deje de ser un documento técnico olvidado en una página institucional y se convierta en algo más vivo: una conversación de país, una brújula compartida, una memoria colectiva que nos recuerde quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes decidimos ser. Y cuando llegue ese momento —cuando miremos atrás y veamos que aprendimos a medirnos sin miedo— entenderemos que el verdadero cambio no fue un decreto ni un discurso, sino una decisión íntima y profunda: la de dejar de caminar a oscuras.

Y ese día, quizá sin darnos cuenta, habremos aprendido algo esencial: que gobernar no es narrar ilusiones, sino mantener el rumbo. Que avanzar no es correr sin dirección, sino caminar juntos hacia ese destino que decidimos medir, cuidar y defender como dominicanos.

Rafael Antonio Vargas López

Administrador de Empresas y docente

Rafael Antonio Vargas López es docente universitario de grado y posgrado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es licenciado en Administración de Empresas y posee una Maestría en Dirección Estratégica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como una Maestría en Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares (España) y una Especialidad en Entornos Innovadores de Aprendizaje por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de España. Es articulista, autor de libros sobre gestión y novelas de corte reflexivo y social. Actualmente es Director de Planificación y Desarrollo Institucional de UNIBE. rvargas_lopez@hotmail.com

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