La crisis fiscal del Estado

La crisis fiscal del Estado contemporáneo no es un fenómeno puramente técnico o administrativo, sino más bien es el reflejo de una profunda tensión o puja estructural entre las exigencias del sistema económico y las demandas de los diferentes grupos que conforman la sociedad. En las últimas décadas, los gobiernos han enfrentado un dilema persistente: la necesidad de sostener el crecimiento económico mediante inversiones públicas masivas, mientras intentan contener el descontento social financiando servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Cuando los gastos requeridos para cumplir con estas dos tareas superan sistemáticamente la capacidad de recaudación de tributos, el Estado entra en un déficit crónico, transformando la gestión financiera en un terreno de constante tensión y conflicto político, económico y social.

Para desentrañar las raíces de este problema, el pensamiento sociopolítico del cientista social norteamericano James O’Connor resulta fundamental, particularmente a través del abordaje planteado en su obra cumbre La Crisis Fiscal del Estado (The Fiscal Crisis of the State), publicada en el año 1973. O’Connor sostiene que el Estado capitalista debate su existencia entre dos funciones fundamentales y contradictorias entre sí: la acumulación, que persigue ayudar a que las empresas privadas sean rentables y la legitimación, que persigue mantener la paz social y el consenso ciudadano.

A través del presente análisis nos proponemos examinar la crisis fiscal actual bajo esta lupa teórica, argumentando que el déficit presupuestario no es un simple error de cálculo, sino la consecuencia inevitable de un Estado que intenta resolver sus propias contradicciones internas gastando más de lo que estructuralmente puede sufragar.

Tomando como eje central a James O’Connor, la tesis principal es que el Estado capitalista a lo largo de su desarrollo sufre una contradicción estructural interna que lo condena a una crisis fiscal permanente, que con el paso del tiempo va escalando, Esta crisis no se debe a una mala administración o a una mala gestión, sino a que el sistema debe cumplir simultáneamente dos funciones fundamentales que son mutuamente contradictorias y a la larga llevan a las crisis recurrentes

Siguiendo esa línea de argumentación para James O’Connor, el Estado en una economía capitalista avanzada tiene una naturaleza profundamente paradójica. No es un actor neutral ni una simple herramienta de las empresas; es una institución que debe cumplir simultáneamente dos funciones básicas que entran en conflicto constante, y el gasto público es el mecanismo que utiliza para intentar equilibrarlas.

Aquí se explica el detalle cómo define cada función y cómo se traducen en el presupuesto estatal:

1. La Función de Acumulación (Incentivar y favorecer la reproducción del capital): Esta función implica que el Estado debe mantener y crear las condiciones mínimas necesarias para que las empresas privadas sigan siendo rentables y el capital se siga acumulando. El sector privado, por sí solo, no siempre puede o quiere financiar ciertas infraestructuras o servicios que son indispensables para la economía en su conjunto porque son demasiado costosos o tardan mucho en dar ganancias. O’Connor divide el gasto público destinado a la acumulación en dos categorías:

• Inversión Social (Capital Social): Gastos que aumentan la productividad de las empresas, Por ejemplo: Construcción de carreteras, puertos, redes eléctricas, centros de investigación tecnológica, y los sistemas de educación técnica que preparan la mano de obra calificada que las industrias necesitan.
• Consumo Social (Gastos de Circulación): Gastos que reducen los costos de operación de las empresas, asumiendo gastos que de otro modo tendrían que pagar los empleadores o los trabajadores. Por ejemplo: El seguro social, los servicios de salud pública y los sistemas de transporte público que permiten a los trabajadores subsistir sin que las empresas tengan que elevar los salarios drásticamente.

2. La función de Legitimación (Mantener la paz social a través de reivindicaciones de las clases subalternas de la sociedad): El Estado debe garantizar el consenso social y prevenir y mitigar el descontento de las clases trabajadoras. Esto se logra a través del gasto social: salud, pensiones, subsidios de desempleo y programas de asistencia, entre otros. El Estado no puede limitarse a ayudar a los empresarios; también debe mantener la paz social, el consenso ciudadano y la estabilidad política. El crecimiento económico capitalista genera desigualdades, desempleo, contaminación y descontento. Si la población percibe el sistema como injusto o cruel, la estabilidad se quiebra.

Estos gastos no aumentan directamente la productividad ni la ganancia de las empresas, sino que funcionan como un amortiguador social para contener el conflicto, por ejemplo: Programas de bienestar social, subsidios al desempleo, pensiones asistenciales, comedores comunitarios, y los presupuestos destinados al aparato judicial y policial para mantener el orden institucional.

Esta circunstancia lleva al aparato estatal a tener que lidiar con una paradoja que se manifiesta entre los   gastos y los ingresos: El núcleo o disco duro de la aparición de la crisis fiscal se explica mediante un desequilibrio estructural entre cómo se gasta y cómo se recauda.

El Estado capitalista tiende a socializar los costos de producción y a privatizar las ganancias. Por lo tanto, el gasto público tiende a crecer más rápido que los ingresos fiscales, haciendo que el déficit crónico y la inflación sean inherentes al sistema.

Para que el capitalismo funcione, el Estado debe asumir una parte cada vez mayor de los costos de producción (infraestructura, educación, salud obrera), es lo que se conoce como la socialización de la producción.

A medida que la producción se vuelve más compleja, (recordar la caída tendencial de la tasa de ganancia expuesta por Marx), las empresas exigen que el Estado asuma más inversiones y consumos sociales (más tecnología, trabajadores más especializados, mejor infraestructura). El gasto público se dispara.

El capital privado presiona constantemente para que el Estado asuma más inversiones y consumos sociales (para ser más competitivos). Al mismo tiempo, la sociedad y las clases vulnerables exigen más gastos de legitimación (para mitigar la desigualdad y la pobreza).

Aunque el Estado financia las condiciones que permiten las ganancias, paradójicamente los beneficios económicos siguen siendo capturados por el sector privado y van a parar a manos de los dueños del capital.

Esta situación conlleva a un dilema impositivo: El Estado se ve compelido a tener que recaudar cada vez más impuestos para cubrir sus crecientes gastos para cubrir conjuntamente, tanto la acumulación como la legitimación. Sin embargo, si grava demasiado a las empresas, perjudica la función de acumulación; y si grava demasiado a los trabajadores, destruye la función de legitimación, provocando protestas o huelgas.

El desenlace del guion es que el volumen de las demandas sobre el presupuesto estatal o gasto público tiende a crecer a un ritmo mucho mayor que la capacidad del Estado para extraer los ingresos a través de los tributos, generando con ello un déficit fiscal crónico e inevitable en el largo plazo, que pone en peligro la viabilidad misma del sistema.

Para poder explicar esta contradicción, O’Connor desarmó el presupuesto del Estado para demostrar que la estructura de los gastos públicos obedece directamente a las pujas y luchas de las distintas clases sociales por la repartición de las partidas de los ingresos.

La crisis fiscal ocurre por la asimetría radical entre el origen del gasto y el destino de la ganancia. O’Connor lo sintetiza en un proceso de tres pasos. El Estado se queda sin vías sostenibles para financiarse y entra en un dilema:

1. • Si intenta cobrarle más impuestos a las grandes corporaciones, estas reducen su inversión, deslocalizan su capital (offshoring, nearshoring): o provocan una huelga de inversiones (frenando la acumulación).
   • Si intenta financiar el déficit cobrándole más impuestos a la clase trabajadora o recortando los servicios públicos, se rompe el pacto social (destruyendo la legitimación), lo que genera huelgas, protestas y crisis de gobernabilidad.

Al Estado capitalista tener que socializar los costos de producción y privatizar las ganancias, provoca que, el gasto público tienda a crecer más rápido que los ingresos fiscales, haciendo que el déficit crónico y la inflación sean inherentes al sistema.

Un punto clave distintivo de la tesis de O’Connor es que el Estado no ayuda a "todo el capital" por igual. El presupuesto estatal está fuertemente capturado por el sector de los grandes capitalistas (las grandes corporaciones con gran influencia política). Estos logran traspasar sus costos operativos al Estado (por ejemplo, exigiendo contratos estatales y subsidios), mientras que los costos fiscales terminan recayendo desproporcionadamente sobre el sector competitivo (pequeñas y medianas empresas) y los trabajadores, intensificando las tensiones políticas dentro de la propia sociedad.

El núcleo de la teoría de O’Connor es que el gasto público tiende a crecer más rápido que los ingresos del Estado, como consecuencia de las crecientes demandas de los sectores representantes de ambas funciones, provocando una crisis fiscal estructural debido a una contradicción fundamental.

Como el Estado no puede quedarse con las ganancias directas y depende de la recaudación de impuestos (la cual tiene límites políticos y económicos, ya que subir los impuestos corporativos frena la acumulación), se genera un déficit crónico.

En resumen, esta crisis fiscal ocurre porque el Estado gasta cada vez más en acumulación (para que las empresas ganen) y en legitimación (para que los perdedores del sistema no se rebelen), pero carece de los mecanismos estructurales para capturar la riqueza necesaria para mantener ambas funciones y en consecuencia se generan las crisis y tensiones recurrentes que conllevan a un reordenamiento a través de sucesivas reformas estructurales del aparato del sistema.