Uno de los problemas que más impacta a la administración pública es la corrupción, sustentada en la creencia de quienes cometen estos actos bochornosos de que los recursos públicos son de todos, pero de nadie en particular. Se trata de un fenómeno que históricamente ha afectado las finanzas públicas y ha enriquecido a grupos de individuos que se han apropiado indebidamente de los recursos del Estado.
En el sector privado no se niega la posibilidad de robo directo, ya sea de recursos materiales o financieros; sin embargo, debido a los controles internos que se aplican y al sentido empresarial y de pertenencia individual, existen mecanismos preventivos y de detección temprana del hurto de recursos.
En el ámbito público, a pesar de que existen leyes, controles internos y mecanismos operativos en la gestión estatal, persisten la impunidad y el encubrimiento por parte de los gobernantes hacia quienes roban los recursos del Estado.
La corrupción en el manejo de los recursos públicos puede adquirir diversas formas, entre las que se incluyen:
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Sobornos y comisiones: Funcionarios públicos aceptan dinero o beneficios a cambio de favores o decisiones favorables. Desde el sector privado, quienes pagan estos sobornos suelen sobrevalorar los precios de bienes, servicios u obras de infraestructura contratadas por las instituciones públicas.
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Malversación de fondos: Desvío de recursos públicos para uso personal o de terceros, lo que limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios eficientes y eficaces a la ciudadanía.
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Nepotismo: Favorecer a familiares o amigos en la contratación o asignación de contratos públicos. Este es un caso muy común en la República Dominicana; actualmente se ventila en los tribunales un escandaloso acto de nepotismo conocido como la “Operación Pulpo”.
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Conflicto de intereses: Funcionarios que toman decisiones para beneficiar intereses propios o de sus allegados; esta modalidad suele manifestarse como tráfico de influencias.
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Fraude: Manipulación de documentos o información para obtener beneficios indebidos, generalmente a cambio de dinero por favorecer a terceros.
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Extorsión: Exigencia de dinero o beneficios a cambio de servicios o favores.
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Colaboración con el crimen organizado: Funcionarios públicos que colaboran con grupos delictivos para obtener beneficios, incluyendo el uso del poder del Estado para facilitar o encubrir actividades como el tráfico de drogas y la trata de personas.
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Desvío de recursos: Uso de recursos públicos para fines distintos a los establecidos.
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Sobrevaloración de contratos: Inflar los precios de contratos públicos con el objetivo de obtener beneficios indebidos.
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Falta de transparencia: Ocultar información o no rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
En el caso de la corrupción en el SENASA, considerado uno de los actos más graves cometidos en la historia de la República Dominicana, destaca, en primer lugar, el monto del desfalco, que supera los RD$15,000 millones; y, en segundo lugar, el impacto que ha tenido sobre los afiliados del seguro médico, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, afectando la salud de millones de dominicanos.
Ante la situación descrita, resulta necesario que la sociedad exija un funcionamiento más ágil y efectivo de las instituciones creadas para prevenir y combatir la corrupción, tales como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y los tribunales.
Asimismo, se deben fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, crear y robustecer los organismos de control, y promover la participación ciudadana para que, de forma continua, se vigilen y denuncien los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, instrumentando expedientes que permitan someter a los responsables a la justicia y promoviendo una verdadera política de cero impunidad.
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