Hay experiencias que terminan enseñándonos algo muy distinto de lo que esperábamos aprender.
Hace ya varios años, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, en AFS Intercultura tuvimos que realizar el proceso correspondiente para adecuarnos al nuevo marco legal.
Era, en principio, un procedimiento administrativo: estatutos, asambleas, registros, certificaciones y otros requisitos necesarios para que una organización pudiera demostrar que cumplía con la ley.
Pero mientras avanzábamos en el proceso comencé a notar algo que iba más allá de los documentos.
Un paso confirmaba al anterior. Una decisión tomada por la organización necesitaba ser certificada por otra persona o instancia. Una asamblea requería determinadas formalidades para acreditar que efectivamente había ocurrido. Los estatutos debían pasar por procesos de registro y validación. Cada requisito parecía necesitar otro requisito que demostrara que el primero era verdadero.
No cuestiono aquí la necesidad de regulación. Las organizaciones que manejan recursos, representan intereses colectivos o realizan actividades de interés público deben estar sujetas a normas, transparencia y rendición de cuentas. Eso forma parte de una sociedad institucionalmente responsable.
Lo que me llamó la atención fue otra cosa: la lógica desde la cual parecía construirse el proceso.
Años después tuvimos una experiencia muy distinta.
Decidimos registrar nuestra organización en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esperábamos encontrar un procedimiento parecido. Sin embargo, en un momento del registro apareció una pregunta esencialmente sencilla: ¿cumple usted con los requisitos establecidos por la ley?
Si la respuesta era afirmativa, bastaba con marcar una casilla.
Inmediatamente aparecía una advertencia: si la información suministrada era falsa, quien hacía la declaración podía enfrentar las consecuencias legales correspondientes, incluso por perjurio.
Y el proceso continuaba.
Lo que recuerdo de aquel contraste fue una pregunta que no logré dejar de hacerme.
En ambos lugares existían leyes. En ambos existían requisitos. En ambos había consecuencias para quien incumpliera. La diferencia no estaba en la ausencia de controles.
Estaba en dónde comenzaba la relación entre la institución y el ciudadano.
En un modelo parecía necesario demostrar previamente que se decía la verdad. En el otro, el sistema comenzaba aceptando la declaración del ciudadano, pero estableciendo claramente las consecuencias de abusar de esa confianza.
Uno parecía decir: demuéstreme primero que puedo confiar en usted.
El otro: confío en lo que usted declara; ahora asuma la responsabilidad de esa declaración.
Cuando la desconfianza se convierte en sistema
Con frecuencia hablamos de la confianza como una característica de las personas. Decimos que alguien es confiado o desconfiado. Hablamos de la confianza entre familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos.
Pero existe otra dimensión menos visible: la confianza que incorporamos a nuestras instituciones.
Las leyes, los procedimientos administrativos, los formularios y los mecanismos de supervisión también expresan una determinada visión del ciudadano.
Y cuando un sistema parte sistemáticamente de la sospecha, esa decisión tiene consecuencias.
Cada certificación adicional cuesta tiempo. Cada documento que debe demostrar la autenticidad de otro documento consume recursos. Cada desplazamiento a una oficina, cada firma, cada sello y cada validación representan horas de trabajo que ciudadanos, empresas y organizaciones dejan de dedicar a otras actividades.
La desconfianza termina convirtiéndose así en una especie de impuesto invisible.
No aparece en ninguna factura, pero todos lo pagamos. Lo paga el ciudadano que pierde una mañana completando un trámite. Lo paga el emprendedor que necesita múltiples autorizaciones para comenzar una actividad. Lo paga una organización social que dedica recursos humanos a demostrar repetidamente que existe y que actúa conforme a la ley. Y también lo paga el propio Estado, que necesita funcionarios, estructuras y presupuestos para administrar esos mecanismos de comprobación.
Pero hay algo más: esa desconfianza puede actuar como un filtro contra la participación. Hay ciudadanos que simplemente se rinden antes de intentar. Emprendedores que abandonan una idea. Organizaciones que nunca llegan a formalizarse porque el costo administrativo termina siendo desproporcionado frente a sus capacidades.
La desconfianza institucional no solo ralentiza. También puede dejar fuera a quienes podrían contribuir.
Confiar no significa renunciar al control
Sería ingenuo concluir que debemos eliminar controles y simplemente confiar en que todas las personas actuarán correctamente.
La confianza institucional no puede confundirse con ingenuidad.
Siempre habrá personas y organizaciones que incumplan las normas. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de fiscalizar, detectar irregularidades y aplicar consecuencias.
La pregunta es diferente:
¿Debemos construir todo el sistema pensando en quienes incumplen o podemos diseñarlo pensando en la mayoría que sí cumple, concentrando la capacidad de fiscalización sobre quienes violan las reglas?
Esa diferencia puede parecer administrativa, pero en realidad es profundamente cultural.
Porque las instituciones también educan.
Cuando el Estado trata permanentemente al ciudadano como un potencial infractor, transmite una determinada forma de relacionarnos. Cuando establece reglas claras, confía y sanciona firmemente a quien traiciona esa confianza, transmite otra.
En un caso, la desconfianza es el punto de partida.
En el otro, la confianza viene acompañada de responsabilidad.
El verdadero desafío: confiar fuera de nuestro círculo
En la República Dominicana tenemos una enorme capacidad de solidaridad. La vemos en nuestras familias, comunidades, iglesias, organizaciones sociales y redes de voluntariado. En momentos de dificultad aparecen rápidamente personas dispuestas a ayudar.
Pero el capital social de una sociedad no depende solamente de cuánto confiamos en quienes conocemos.
El desafío más complejo aparece cuando debemos relacionarnos con quienes no conocemos.
Confiar en que una persona que nunca hemos visto respetará una fila. Que un comerciante cumplirá lo prometido. Que una organización utilizará correctamente una donación. Que una plataforma de crowdfunding hará llegar los recursos a la causa que dice apoyar. Que un funcionario aplicará una regla sin necesidad de conocer personalmente al ciudadano. Que dos personas pueden realizar una transacción sin pertenecer a la misma familia, al mismo grupo político o al mismo círculo social.
Ahí comienza una forma distinta de confianza.
Y esa confianza es la que permite que sociedades cada vez más complejas puedan cooperar.
He escrito anteriormente que sin confianza no hay filantropía. La reflexión puede llevarse todavía más lejos: sin confianza resulta mucho más difícil construir ciudadanía, instituciones y cooperación social.
No porque debamos confiar ciegamente unos en otros, sino porque ninguna sociedad puede funcionar eficientemente si cada interacción comienza suponiendo que el otro intentará engañarnos.
Una pregunta para nuestras instituciones
Aquella experiencia administrativa de hace años terminó dejándome una pregunta que todavía considero vigente.
Hablamos mucho, y con razón, de la necesidad de que los ciudadanos confíen en las instituciones.
Medimos la confianza en el Gobierno, en la justicia, en la Policía, en las organizaciones sociales, en las empresas y en la democracia.
Pero quizá deberíamos formular también la pregunta en sentido contrario:
¿Cuánto confían nuestras instituciones en los ciudadanos?
Revisar nuestros procedimientos desde esa perspectiva podría revelar oportunidades importantes. No para eliminar la fiscalización, sino para sustituir controles redundantes por responsabilidad, trazabilidad, transparencia y consecuencias efectivas para quienes incumplen.
Quizá construir una sociedad de mayor confianza empiece precisamente ahí: no en confiar ciegamente, sino en crear reglas que hagan posible confiar responsablemente.
Al final, quizá la pregunta más decisiva sea esta:
¿Cuánto necesita conocernos el Estado para decidir confiar en nosotros?
En la respuesta a esa pregunta encontraremos una parte importante de la infraestructura invisible sobre la que se construye una sociedad capaz de cooperar.
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