La Cámara de Cuentas: ¿reforma profunda o punto final?

La Cámara de Cuentas ha vuelto al centro del debate público, esta vez por una decisión que generó rechazo casi unánime: la aprobación de incrementos en sus propios beneficios, adoptada sin consulta ni transparencia, y revertida solo tras una oleada de indignación ciudadana. El episodio, lejos de ser anecdótico, expone una desconexión preocupante entre el órgano fiscalizador y los principios básicos de prudencia, ética y responsabilidad que deberían regir su actuación.

La Cámara es el órgano superior de control externo de los recursos públicos, creado formalmente mediante la Ley n.º 10-04, que le confiere autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Su misión institucional es fiscalizar el patrimonio público, velar por el uso eficiente, transparente y legal de los fondos del Estado, y rendir informes al Congreso Nacional que contribuyan a la rendición de cuentas. Sus antecedentes se remontan a etapas previas del ordenamiento institucional dominicano, pero fue con esta legislación que se buscó modernizar su rol bajo estándares internacionales de auditoría. A pesar de ese diseño normativo, los períodos en que ha operado con reconocida efectividad han sido limitados y poco sostenidos, predominando más bien una trayectoria marcada por debilidades estructurales y escasa incidencia en el control real del gasto público.

Lo de ahora no se trata de un tropiezo aislado. La historia reciente de la Cámara ha estado marcada por conflictos internos, cuestionamientos sobre su desempeño y una percepción persistente de ineficacia. En lugar de consolidarse como un pilar del sistema de control del gasto público, ha proyectado una imagen de fragilidad institucional que mina su credibilidad ante la ciudadanía.

En contraste, varias entidades homólogas en América Latina han logrado consolidar modelos de mayor efectividad, en gran medida gracias a altos niveles de autonomía, capacidades técnicas avanzadas y mecanismos sólidos de seguimiento de auditorías. Instituciones como la Contraloría General de Chile, la Auditoría Superior de la Federación de México o la Contraloría General del Perú forman parte de una red regional —la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe— que promueve estándares comunes y buenas prácticas en fiscalización pública.

A continuación, una comparación sintética de elementos clave:

Lo que distingue a estas entidades no es únicamente su marco legal, sino su capacidad de generar impacto real: informes que se traducen en correcciones, auditorías que inciden en políticas públicas y estructuras que resisten presiones políticas. En países como Chile, por ejemplo, el énfasis en la calidad y seguimiento de las auditorías ha sido clave para aumentar su efectividad.

Durante años —particularmente en el largo ciclo de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana— la Cámara de Cuentas no logró posicionarse como un contrapeso efectivo frente al poder. En un período caracterizado por grandes proyectos de inversión pública y múltiples denuncias de irregularidades, su rol fue, en el mejor de los casos, discreto; en el peor, irrelevante. Esa percepción, más allá de matices técnicos, ha calado profundamente en la opinión pública.

Ante este cuadro, la discusión sobre su futuro ya no puede postergarse. Una opción es su transformación radical: redefinir su estructura, blindar su independencia y establecer mecanismos estrictos de selección de sus miembros, que prioricen la capacidad técnica y la integridad por encima de cuotas políticas. Pero otra posibilidad —cada vez más presente en el debate— es su supresión como entidad independiente.

En ese escenario, sus funciones podrían redistribuirse entre la Contraloría General de la República Dominicana y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, fortaleciendo ambas instituciones y evitando duplicidades. La primera podría asumir plenamente la auditoría y fiscalización del gasto público, mientras la segunda consolidaría el componente preventivo, promoviendo estándares de integridad y transparencia en la administración.

Sin embargo, eliminar la Cámara de Cuentas no es una solución mágica. El problema de fondo no es únicamente institucional, sino político. Mientras los órganos de control sigan siendo percibidos como extensiones de los intereses partidarios, cualquier rediseño corre el riesgo de reproducir las mismas debilidades bajo otra estructura. La independencia real no se decreta: se construye con reglas claras, incentivos adecuados y voluntad política.

La República Dominicana enfrenta, en la actual coyuntura, una decisión crucial. Mantener una institución desacreditada implica erosionar aún más la confianza ciudadana en el sistema de rendición de cuentas. Pero sustituirla sin una reforma integral podría ser apenas un cambio cosmético.

La pregunta, entonces, no es solo si la Cámara de Cuentas debe desaparecer. La verdadera pregunta es si el país está dispuesto a construir, de una vez por todas, un sistema de control público que funcione. Porque sin fiscalización efectiva, no hay transparencia. Y sin transparencia, la democracia pierde uno de sus cimientos esenciales.