Los pronósticos sobre la producción agroalimentaria a nivel global continúan siendo preocupantes. De acuerdo con informes recientes de la FAO, más de 700 millones de personas padecen inseguridad alimentaria severa, mientras los sistemas productivos de numerosos países en vías de desarrollo enfrentan serias limitaciones para satisfacer la creciente demanda de alimentos en el mediano y largo plazo.
Esta situación se ve agravada por la limitada capacidad financiera y tecnológica de los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes constituyen el núcleo del abastecimiento alimentario en estas economías. A ello se suman los efectos del cambio climático, la degradación de los suelos, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, las distorsiones del mercado internacional y los conflictos sociales y geopolíticos, factores que ejercen una presión creciente sobre la producción agroalimentaria mundial.
Diversos economistas agrícolas y Premios Nobel han advertido que, de no fortalecerse las inversiones estratégicas en investigación, validación y transferencia agropecuaria, los países en desarrollo enfrentarán mayores riesgos de inestabilidad económica, social y política. Estas tres dimensiones constituyen un continuo inseparable: la investigación genera conocimiento; la validación lo adapta a las condiciones reales del territorio; y la transferencia lo pone efectivamente en manos de los productores mediante sistemas de extensión, capacitación y acompañamiento técnico.
En el caso dominicano, este enfoque cobra especial relevancia. Durante los últimos cinco años, el país ha avanzado de manera significativa en la reconstrucción de la confianza en el campo y en el fortalecimiento de su aparato productivo agropecuario. Sin estridencias, pero con resultados verificables, el Estado ha asumido un rol activo en la promoción del desarrollo rural integral.
La capitalización del Banco Agrícola y la implementación de préstamos a tasa cero han permitido que miles de productores accedan a financiamiento oportuno y digno, rompiendo históricas barreras de exclusión crediticia. Paralelamente, se ha ejecutado una política de importaciones transparente y responsable, orientada a proteger la producción nacional sin violentar los compromisos internacionales del país.
Frente a los eventos climáticos extremos —huracanes, inundaciones, sequías, plagas y enfermedades— la respuesta estatal ha sido ágil y focalizada, compensando pérdidas y preservando la estabilidad del ingreso rural. Asimismo, ante el incremento internacional de los precios de los fertilizantes, el gobierno intervino para amortiguar el impacto sobre los costos de producción y garantizar la continuidad de la actividad agrícola.
En materia de sanidad agropecuaria, la vigilancia reforzada en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, ha protegido el estatus sanitario vegetal y animal, elemento clave para la seguridad alimentaria y el acceso a mercados de exportación.
Los avances también se expresan en acciones estructurales: mejora genética del ganado, construcción de caminos interparcelarios, preparación gratuita de tierras, ampliación de sistemas de riego, construcción de reservorios y pozos, así como la entrega de títulos de propiedad que fortalecen la seguridad jurídica y la dignidad de las familias rurales de nuestro país.
El desarrollo del campo ha sido concebido de manera integral. Se han creado mercados de productores, fortalecido asociaciones y clústeres productivos, y capacitado a hombres y mujeres del campo en tecnologías modernas como riego por goteo, agricultura orgánica y uso de drones. A ello se suma la expansión de la electrificación rural y la conectividad digital, reduciendo brechas históricas de exclusión social y tecnológica.
Un hito institucional de especial relevancia ha sido la creación de la plataforma RENAGRO, que ha permitido levantar un censo nacional de productores y predios agropecuarios, herramienta esencial para la planificación basada en evidencia y la focalización eficiente de las políticas públicas.
Los resultados macroeconómicos respaldan este proceso. El sector agropecuario ha registrado un crecimiento sostenido: 4.2% en 2021, 5.0% en 2022, 3.6% en 2023, 4.9% en 2024 y 4.9% en el primer semestre de 2025, el más alto entre todos los sectores productivos. Más allá de las cifras, estos resultados reflejan un modelo que combina estabilidad, inversión pública estratégica y articulación con los productores.
Uno de los logros más trascendentes ha sido la reducción significativa de la inseguridad alimentaria. Mientras en el período 2019–2020 afectaba al 8.3% de la población, hoy se sitúa en 3.6%. El compromiso es claro: reducirla por debajo del 2.5% en 2028 y avanzar de manera decidida hacia el objetivo de hambre cero.
No obstante estos avances, el desafío persiste. La República Dominicana debe profundizar la modernización de sus sistemas de investigación, validación y transferencia agropecuaria, orientándolos a la generación de rubros resilientes al cambio climático, a la conservación y recuperación de suelos, y al fortalecimiento del capital humano especializado: agrónomos, veterinarios, fitopatólogos, zootecnistas, economistas agrícolas y gestores de innovación.
El futuro del campo dominicano dependerá de la capacidad de consolidar lo alcanzado y de avanzar hacia una agricultura basada en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad. Porque, como bien advirtió Norman E. Borlaug, Premio Nobel de la Paz: “No puedes construir un mundo pacífico sobre estómagos vacíos y miseria humana”.
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