Hablar de ética pública en la República Dominicana hoy no es un ejercicio académico; es una toma de posición. La reciente Semana de la Ética Gubernamental ha servido para confirmar una verdad incómoda: el país no tiene un problema de falta de normas, sino de cumplimiento.
Nuestra tradición lo anticipó. Ulises Francisco Espaillat entendió que el poder no es un privilegio, sino una función limitada por principios. Renunció antes que traicionarlos. Ese estándar, lejos de ser simbólico, sigue siendo el punto de referencia.
El marco jurídico dominicano es amplio y sofisticado. Desde la Constitución hasta las leyes de contrataciones públicas, función pública y control financiero, el sistema está diseñado para prevenir y sancionar la corrupción. Incluso, tras un período de debilitamiento —como ocurrió con la modificación introducida por la Ley 449-06 a la Ley 340-06— hoy se han reintroducido consecuencias penales que buscan fortalecer la disuasión.
La nueva Ley 47-25 corrige parte de esa debilidad: tipifica conductas, endurece sanciones, refuerza controles y reduce espacios de discrecionalidad. En términos simples, el sistema vuelve a tener dientes.
Y sin embargo, fallamos.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: la Cámara de Cuentas, órgano superior de control, decidió aumentarse los salarios. No se trata de una zona gris. La Constitución prohíbe expresamente a los funcionarios decidir en beneficio propio. La posterior retractación no borra el hecho. El daño no es solo jurídico; es institucional. Se erosiona la credibilidad, y sin credibilidad, el control pierde eficacia.
Aquí está el punto: sabemos lo que hay que hacer. El problema no es de diagnóstico. Es de conducta. Aun sabiéndolo, actuamos en contra.
Por eso la corrupción no es solo un fenómeno jurídico. Es, como advierte Alejandro Nieto García, una patología del sistema democrático. Surge cuando los controles fallan, la rendición de cuentas se vuelve formal y la política coloniza la administración. En ese contexto, deja de ser excepción y comienza a operar como regla.
Los casos impulsados por el Ministerio Público —Antipulpo, Medusa, Coral, Calamar— han sido relevantes. Han visibilizado estructuras complejas y elevado el costo de la corrupción. Pero un sistema no se mide por los casos que persigue, sino por los que evita. Cuando la respuesta llega solo por la vía penal, el daño ya está hecho.
El desafío, entonces, es preventivo: controles efectivos, auditorías independientes y transparencia real. Pero también es personal. El sistema no es más que la proyección de la conducta de quienes lo integran. Como actúan sus funcionarios, así funciona.
Por eso el reto es cultural. Pasar del "aprovechamiento" a la responsabilidad. Entender que la legalidad es apenas el punto de partida, no el techo ético. Y asumir que, como advirtió Gustav Radbruch, cuando la injusticia se vuelve extrema, deja de ser derecho.
La integridad no se proclama. Se practica. Y su ausencia no derrumba instituciones de golpe: las erosiona lentamente.
La decisión es colectiva, pero se ejerce de manera individual. Y en ella se define el país que somos.
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