La República Dominicana participa de un momento interesante. Se advierte un despertar social, político e institucional que perfila un seguimiento con más rigor a las instituciones públicas y privadas. Generalmente, las acciones distantes de un comportamiento ético y, por ende, que afectan los bienes y servicios públicos, se les adjudican a las instituciones públicas. Ahora, con el impacto de la Operación Medusa, hay más conciencia de que las deficiencias éticas e institucionales están distribuidas entre las instituciones públicas y privadas. No planteo que esto es novedad; lo que afirmo está referido a una conciencia más lúcida sobre el problema. La Real Academia de La Lengua indica que la integridad se relaciona con un comportamiento recto, probo, intachable. En el país, para aplicarle estos calificativos a las instituciones públicas y privadas, tenemos que pensarlo mucho; incluso tenemos que investigarlo para asegurar coherencia entre la apariencia y la realidad. Es triste tener que hablar en esta dirección, pero no hay otra alternativa. Partimos de la base de que en todo caso hay excepciones. En el ámbito de las instituciones públicas y privadas las hay; sobre esto no cabe la menor duda. Unido a esto observamos que hay instituciones públicas y privadas que han establecido una enemistad con la rectitud, la probidad y la condición de intachable. Por esto se han de aplicar las leyes que garantizan este modo de funcionamiento.
Celebramos cada decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para frenar el saqueo y el enriquecimiento ilícito. Asimismo, celebramos las que procuran erradicar que las instituciones públicas y privadas sean plataformas para satisfacer aspiraciones personales en detrimento de los servicios y bienestar sociales. La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones hay que aplicarla sin contemplar a nadie. Si esta Ley requiere revisión para completarla ampliando las funciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, se debe hacer lo más pronto posible. Para avanzar en esta dirección se necesitan otros tipos de legisladores, pero la sociedad tiene que demandarlo. Las instituciones educan o deseducan a sus miembros. Además, tienen el compromiso de respetar y ser coherentes con su misión institucional. Por ello nos preocupa la reiterada discordancia entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Son inadmisibles tantas incidencias, si tenemos en cuenta las Orquídeas, el caso INABIE, hasta los libros de secundaria en versión digital. En lo que respecta a compras y licitaciones, el MINERD requiere de una asesoría eficiente y que se inscriba en los rasgos vinculados a la integridad. Un asesoramiento de esta naturaleza puede contribuir a la superación de acciones incorrectas y que puedan acercarse a la falta de transparencia. Urge que la institución indicada cuide su integridad. Al hacerlo, fortalece la dimensión educativa. De igual manera, les aporta a los estudiantes de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria una ruta segura para conducirse en la sociedad y en la vida. Además, les envía señales de los valores que han de regir su comportamiento individual y colectivo. La ascendencia educativa y ética del MINERD ha de ser cada vez más fuerte en la sociedad dominicana. Su modo de funcionar ha de inspirar a niños, jóvenes y adultos en el sector educación y en la sociedad en general. Provoca mucha inquietud la multiplicación de las diferencias entre el MINERD y las disposiciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Este problema requiere solución, pues deteriora la imagen y la credibilidad de la institución. La pandemia ha contribuido al deterioro de la institucionalidad en amplios sectores de la geografía mundial, regional y local. Pero, la pandemia va perdiendo terreno. Por tanto, es tiempo de reorganizar el modo de actuar en las instituciones. En este sentido, el MINERD está urgido a superar rumores, dudas y descrédito con respecto a compras y licitaciones. La sociedad dominicana demanda instituciones privadas y públicas comprometidas con actuaciones intachables, rectas y con probidad. En esta demanda nadie debe dar un paso atrás. El compromiso ha de ser ponerle fin al desorden y a la astucia de instituciones privadas y públicas