En economía y estadística económica, deflactar significa “ajustar los valores monetarios eliminando el efecto de la inflación”, para conocer cuánto vale realmente el dinero en términos de poder adquisitivo. En este artículo uso la metáfora para señalar que también debemos deflactar la memoria política: quitarle la inflación del discurso y recuperar los hechos tal como ocurrieron.
En la República Dominicana vivimos un fenómeno repetitivo: cada vez que aumenta el costo de la vida, la clase política en la oposición recuerda que existe el derecho de los trabajadores a no perder poder adquisitivo. De repente, la indexación salarial —es decir, subir automáticamente los salarios cuando suben los precios para que el trabajador no pierda poder de compra— se convierte en la causa más noble del discurso público. Se exige, se pontifica y se dramatiza. Pero esa pasión tiene un detalle que no puede ignorarse: es una pasión sin memoria.
Cuando revisamos los últimos 28 años, 10 meses y 2 días de gobiernos consecutivos de los tres partidos que hoy se acusan entre sí, encontramos un patrón común: ninguno ha cumplido con la indexación automática que implica proteger el poder adquisitivo del salario frente a la inflación. Peor aún: ninguno creó el mecanismo legal necesario para que ese derecho sea efectivo.
Es decir: cuando tienen la oportunidad de hacer cumplir la ley, la olvidan; y cuando están en oposición, la redescubren. El Código de Trabajo reconoce que el salario debe mantener su valor real. Esto implica que, cuando la inflación erosiona el ingreso, debe existir un ajuste que devuelva la capacidad de compra.
Sin embargo, esta obligación nunca fue reglamentada para garantizar una aplicación automática del ajuste. No hay fórmula, no hay calendario, no hay órgano independiente; y sin negociación previa, no hay obligación. Si la política no quiere negociar, el salario queda congelado y la inflación manda. La ausencia no es jurídica: es política. Faltó y sigue faltando voluntad tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
La falta de voluntad política para convertir en realidad el derecho a la indexación salarial, evidenciando su uso como herramienta electoral más que como política de justicia social
Los dos partidos, y sus tres líderes que se han alternado en el gobierno durante las últimas dos décadas, tuvieron múltiples oportunidades para aprobar una Ley de Indexación Salarial y su reglamento operativo —contando incluso, en ciertos períodos, con mayoría legislativa suficiente para hacerlo—. No hubo compromiso para proteger verdaderamente el salario real de los trabajadores. Sin embargo, en el fragor del debate presupuestario y electoral, los mismos que gobernaron durante años exigen ahora lo que jamás hicieron.
No cambió la inflación. No cambió el código. No cambió la realidad laboral. Lo que cambió fue la necesidad de votos. La indexación aparece, así, como un instrumento de competencia política, no de justicia social. El salario se convierte en insumo electoral, no en garantía de derecho.
La indexación automática quita poder a la política. Significa que el trabajador no tiene que suplicar lo que la ley ya le reconoce. Se elimina el “favor” del aumento discrecional en tiempos electorales. Se rompe la lógica del agradecimiento. Por eso la omisión ha beneficiado históricamente al sistema: mantiene al trabajador dependiente y amplifica el cultivo clientelar.
Así como se deflacta un ingreso para saber cuánto vale realmente según los precios, también debemos deflactar la narrativa política: quitarle la inflación del discurso, el exceso de relato y la falta de memoria histórica. Porque hoy la narrativa se ha inflado tanto como los precios que dice querer corregir. Se asegura —incorrectamente— que antes la indexación funcionaba automáticamente o que solo ahora se incumple la ley. Nada de eso resiste comprobación histórica.
La defensa de la indexación salarial no es una causa tóxica; al contrario, es justa, urgente y profundamente necesaria. Pero precisamente por eso exige coherencia: si se exige hoy, debió aplicarse ayer. Si se reclama en oposición, debe cumplirse desde el gobierno. Si es un derecho, no puede depender del ciclo electoral. Mientras no exista un mecanismo automático aprobado por ley y reglamento, la indexación seguirá siendo discurso y no derecho. Los tres partidos han tenido el poder para hacerlo posible. Ninguno lo ha hecho.
Entre 2000 y 2024, el CNS aprobó más de 30 resoluciones formales de salarios mínimos sectoriales o generales. Sin embargo, en ningún caso se instituyó indexación automática vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que confirma que el derecho reconocido en la ley nunca se transformó en política salarial obligatoria con mecanismo automático.
La indexación salarial debe ser política de Estado, no de campaña. Debe defenderse tanto desde el gobierno como desde la oposición. Debe ser memoria completa, no memoria selectiva. Debe ser respeto a un derecho, no apuesta electoral.
Hasta que eso ocurra, cada discurso sobre proteger el salario real seguirá siendo inflación política sin indexación verdadera. Y una democracia que aspira a madurar merece mucho más que eso.
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