Indeseado precedente

Uno de los mayores avances institucionales que ha tenido el país, el cual marcó un antes y un después en la historia de nuestro poder judicial, es sin lugar a duda la inclusión en el párrafo I del artículo 64 de la Constitución de 1994 la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente de la República y estableciendo los demás miembros que conforman este órgano, constituyendo quizás el mayor legado de José Francisco Peña Gómez, quien en medio de las negociaciones políticas con Joaquín Balaguer para salir del tranque post electoral del año 1994, y guiado por importantes juristas de toda su confianza, importaron esta institución del sistema jurídico francés, como lo hicieron también con el balotaje o sistema de segunda vuelta, el cual paradójicamente jugó en su desfavor en las elecciones celebradas en el año 1996 luego del período de gobierno recortado a dos años.

Desde la primera elección de la Suprema Corte de Justicia en el año 1997 en la que fue escogido como presidente Jorge Subero Isa, ampliamente conocido y respetado en el ámbito académico por su historial como catedrático universitario y fundador de la Escuela de Derecho de UNIBE, pero un desconocido en el ámbito político, cada proceso de elección de los miembros de esta Corte ha concitado la atención de la sociedad civil, aunque luego de que en la Constitución del año 2010, impulsada por el ex presidente Leonel Fernández, se eliminara la inamovilidad de los jueces de la Suprema establecida en el párrafo III del artículo 63 de la Constitución de 1994, estableciéndose que los jueces estarán sujetos a la evaluación por el CNM de su desempeño al término de siete años; la defensa de la independencia judicial se hizo cada vez menos sonora, aunque algunas voces continuamos reclamándola y denunciando decisiones que se presumían retaliaciones por actuaciones independientes de magistrados, como fue la no ratificación de los jueces que habían emitido votos disidentes en el fallo del caso de corrupción conocido como “Sun Land”.

De la elección en el año 1997 de Jorge Subero, quien probablemente no era ni muy conocido y mucho menos cercano  del entonces presidente del CNM Leonel Fernández, quien permaneció 14 años al frente de la Suprema Corte de Justicia y es recordado y respetado por su gestión, pasamos a un sistema en el que cada siete años el presidente de turno ha elegido a alguien fuera de la carrera judicial, escogiendo a un abogado de su confianza o del partido oficial para presidir el poder judicial, y así fue electo Mariano Germán en el 2011, y Luis Henry Molina en el 2019 por el Consejo presidido por Danilo Medina.

Las buenas intenciones de algunos de promover la mejor selección a su juicio para presidir el poder judicial, hizo olvidar que bajo nuestro marco legal no hay espacio para esto, y que pudiera crearse un indeseado precedente que convierta el proceso de elección del presidente de la Suprema Corte en una campaña, en la que los candidatos con más recursos lleven la delantera.  Algunos reclaman que es preferible mostrar las preferencias al sol, y precisamente por eso el reglamento del CNM 1-25 dispone que organizaciones cívicas, instituciones y particulares pueden presentar propuestas de candidaturas, y siguiendo también la influencia francesa, se establece un sistema de reparos mediante el cual las personas pueden someter sus objeciones a los candidatos a la consideración del CNM; pero lo que no se establece es que puedan hacerse campañas y declaraciones de apoyo para que un postulante sea electo juez o  presidente, lo que a la luz del derecho francés se consideraría que contravendría los principios de neutralidad e imparcialidad.

En la reciente exposición del presidente Luis Abinader en la conferencia anual del Forum 2000 celebrada en Praga, destacó como un gran logro de su mandato la independencia de la Procuraduría General de la República. Quizás por el gran énfasis que ha dado el presidente a su respeto a la independencia judicial, muchos han entendido que debían allanarle el camino para que no se sienta compelido a no seleccionar a determinado candidato por cercanías, lo que sí hicieron sus antecesores. Teniendo el Presidente en el plano económico poco margen por las continuas crisis mundiales que ha debido afrontar, seguramente la parte institucional constituirá su mayor legado, por eso su decisión estará sometida a la presión de hacer lo que importantes voces le piden, lo que lo equipararía a sus antecesores, o hacer lo que la voz de su conciencia le susurre que es la mejor decisión, no solo para el país, sino para definir cómo quiere ser recordado.