La motivación para estas reflexiones surgió después de escuchar la reciente conferencia de mi amigo José Peralta, experimentado geólogo de minas y consultor ambiental, sobre la contaminación de la presa de Hatillo. Su exposición colocó sobre la mesa una cuestión que con mucha frecuencia abordamos desde posiciones irreconciliables: los impactos que la actividad minera puede producir sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades, incluso a considerable distancia del lugar donde ocurre la extracción.
Particularmente interesante resultó su referencia al impacto residual, esto es, aquel que permanece aun después de aplicadas las medidas destinadas a evitar, minimizar, restaurar o compensar los efectos de una intervención. La observación resulta esencial porque impide caer en la ingenuidad frecuente de que ninguna minería de cierta escala carece de impacto ambiental. A nuestro entender, la verdadera cuestión consiste en determinar su magnitud, duración y reversibilidad y, sobre todo, si existe la voluntad política, la regulación competente y corporativa para reducirlo de manera técnicamente comprobable.
La exposición me condujo entonces a otra interrogante: ¿la existencia de esos impactos obliga necesariamente a renunciar a la minería o, por el contrario, nos exige encontrar mejores formas de hacerla?
La pura realidad es que la minería arrastra una contradicción que ninguna retórica puede hacer desaparecer. Por un lado, las sociedades modernas necesitan minerales para construir viviendas, carreteras, hospitales, vehículos, redes eléctricas, teléfonos celulares y prácticamente toda la infraestructura sobre la cual descansa nuestra vida cotidiana. Por otro, extraerlos supone intervenir la naturaleza, remover enormes volúmenes de materiales y asumir riesgos que pueden prolongarse mucho más allá de la vida útil de una mina.
El propio entorno de Hatillo ofrece elementos científicos extraordinariamente interesantes para abordar esta contradicción. Un estudio publicado en Environmental Science and Pollution Research examinó los efectos de la remediación del drenaje ácido procedente del área minera sobre el río Margajita y la presa de Hatillo. Durante años, el Margajita presentó aguas extremadamente ácidas asociadas a actividades mineras. Mediciones anteriores registraron valores de pH de hasta 1.97 y elevadas concentraciones de hierro, aluminio, arsénico, cadmio y otros metales.
El drenaje ácido constituye uno de los problemas ambientales más serios asociados a determinadas explotaciones mineras. Cuando minerales sulfurados quedan expuestos al oxígeno y al agua pueden producirse aguas muy ácidas capaces de movilizar metales y metaloides. El problema puede continuar incluso después de terminada la extracción si esas aguas no reciben tratamiento. Sin embargo, la investigación aporta un dato que modifica sustancialmente la discusión, en la medida en que al comparar las mediciones de 2007-2008 con las realizadas en 2022, encontró que las concentraciones disueltas de aluminio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio y plomo disminuyeron entre 89.1 y 99.9 %, mientras el pH del Margajita pasó aproximadamente de 2 a 7.5. En 2022, la mayoría de esos elementos se encontraba por debajo de los valores ambientales de referencia utilizados por los investigadores.
Sería irresponsable interpretar esos resultados como demostración de que el problema desapareció. El propio estudio advierte que permanecen elementos que requieren atención y que determinadas concentraciones de metales en los sedimentos suspendidos continúan por encima de valores ambientales de referencia. Nadie puede pretender, incluidos nosotros identificados como simpatizantes de la minería responsable y sustentable —con todo lo que este concepto implica en estos tiempos (ver mis numerosas entregas en Acento sobre el tema)—, que remediar significa borrar el pasado o devolver automáticamente un ecosistema a su condición original.
No obstante, sería igualmente equivocado ignorar lo que esos resultados demuestran, a saber: la contaminación minera no constituye necesariamente una fatalidad irreversible. Existen tecnologías de tratamiento y remediación capaces de reducir considerablemente determinados impactos. Entre ellas se encuentran la neutralización de aguas ácidas, la precipitación de metales y diferentes procesos de biorremediación, además de tecnologías que hemos mencionado en otras entregas sobre el tema.
Pero la tecnología, por sí sola, no basta. Necesitamos reguladores competentes, expertos responsables, vigilancia técnicamente calificada, auditorías externas independientes y, por encima de todo, un verdadero compromiso con las generaciones presentes y futuras. ¿No estarían de acuerdo con nosotros en que si el clientelismo ignaro termina manejando los asuntos mineros del país, estaríamos contribuyendo a crear las condiciones para una minería salvaje, que es aquella en que quienes deberían defender el interés público responden a intereses particulares y contemplan el interés nacional como un sofisma incómodo que entorpece sus negocios?
¿Entonces, en vez de concentrarnos únicamente en identificar el daño, no sería mejor preguntarnos qué conocimientos, tecnologías, inversiones y controles estamos dispuestos a exigir para prevenirlo o reducirlo?
Esto tampoco significa otorgar a la minería una licencia ambiental anticipada; por el contrario, si sabemos que existen instrumentos capaces de disminuir determinados impactos, la sociedad tiene mayores razones para exigir que sean utilizados. Es ahí, precisamente, donde debería concentrarse buena parte del discurso de los sectores más radicalmente opuestos a la minería: en exigir estándares, controles, tecnologías y responsabilidades cada vez más rigurosos.
Convendría, además, aplicar idéntica severidad ambiental a otras actividades productivas. Pocas veces quienes condenan cualquier explotación minera se preguntan, con igual vehemencia, por los efectos de una agricultura intensiva que sobreexplota el agua, degrada los suelos y presiona ecosistemas enteros, como ocurre en importantes zonas agrícolas del país, incluido el Valle de San Juan. La cultura prevaleciente de la defensa del medioambiente pierde coherencia cuando selecciona de antemano a qué actividad productiva exigirle cuentas y a cuál concederle silencio.
El hecho es que la enjundiosa conferencia de José Peralta nos advierte que incluso después de intervenir puede permanecer un impacto residual. La investigación sobre el Margajita nos muestra, al mismo tiempo, que entre abandonar un problema y reducirlo drásticamente existe una distancia enorme que la ciencia y la tecnología pueden recorrer. Ahí comienza, precisamente, la minería responsable. La pregunta que deberia prevalecer entonces es la siguiente: ¿qué minería estamos dispuestos a permitir y bajo cuáles condiciones?
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