Las Juntas de Vecinos constituyen una de las expresiones más importantes de participación ciudadana reconocidas por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Históricamente, estas organizaciones han servido como puente entre la comunidad y los gobiernos locales para canalizar demandas relacionadas con servicios básicos, infraestructura y mejoramiento de los espacios públicos.
Sin embargo, la experiencia acumulada en los municipios dominicanos evidencia una limitación significativa: gran parte de las Juntas de Vecinos concentran su accionar en la solicitud de obras físicas, tales como calles, aceras, contenes, alumbrado o parques, mientras aspectos fundamentales como la capacitación ciudadana, la gestión de riesgos, la protección ambiental, la planificación territorial y la resiliencia comunitaria ocupan un lugar secundario o inexistente.
Esta realidad plantea la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos que regulan el funcionamiento de las Juntas de Vecinos, incorporando nuevas responsabilidades acordes con los desafíos actuales del desarrollo local sostenible.
Un nuevo contexto exige nuevas funciones
La República Dominicana enfrenta crecientes amenazas asociadas al cambio climático, inundaciones urbanas, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra, contaminación ambiental y expansión desordenada de los asentamientos humanos.
La Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos establece la necesidad de una planificación participativa del territorio, mientras que la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos promueve la participación comunitaria en la prevención y mitigación de desastres.
No obstante, existe una débil articulación entre estas normativas y el trabajo cotidiano de las Juntas de Vecinos. En consecuencia, muchas comunidades carecen de diagnósticos locales de riesgos, mapas comunitarios de vulnerabilidad, protocolos de emergencia y programas permanentes de educación ciudadana.
Se propone que el reglamento de las Juntas de Vecinos incorpore la obligación de elaborar y actualizar un Plan de Gestión Barrial (PGB) como instrumento básico de planificación comunitaria.
Este plan permitiría que cada sector identifique sus necesidades, riesgos y oportunidades de desarrollo, fortaleciendo la participación de los residentes en la toma de decisiones.
Componentes mínimos del Plan de Gestión Barrial, diagnóstico comunitario, un mapa de riesgos y vulnerabilidades, un plan de capacitación ciudadana, y protocolos de respuestas rápida
Frente a estos desafíos, resulta necesario actualizar el reglamento de las Juntas de Vecinos para incorporar la elaboración obligatoria de un Plan de Gestión Barrial como instrumento básico de planificación comunitaria. Este plan permitiría identificar necesidades, riesgos y oportunidades de desarrollo, fortaleciendo la participación ciudadana y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
El Plan de Gestión Barrial debería incluir un diagnóstico comunitario, un mapa de riesgos y vulnerabilidades, programas de capacitación ciudadana y mecanismos de coordinación con el ayuntamiento, la Defensa Civil, los bomberos, las autoridades ambientales y demás instituciones vinculadas a la gestión territorial. Asimismo, las prioridades definidas por la comunidad deberían servir de base para la formulación de propuestas dentro del Presupuesto Participativo Municipal.
La incorporación de este instrumento transformaría las Juntas de Vecinos en espacios de planificación y corresponsabilidad ciudadana, fortaleciendo la gobernanza local, la prevención de riesgos y la sostenibilidad de los territorios. Más que organizaciones dedicadas exclusivamente a gestionar obras, pasarían a convertirse en actores estratégicos para la construcción de comunidades resilientes y preparadas para los retos del siglo XXI.
Conclusión
La modernización de las Juntas de Vecinos es una necesidad impostergable para fortalecer la democracia local y enfrentar los desafíos derivados del cambio climático, la expansión urbana y la gestión sostenible del territorio. Instituir los Planes de Gestión Barrial permitiría convertir cada comunidad en un espacio permanente de participación, prevención y planificación, donde la ciudadanía deje de ser únicamente demandante de obras para convertirse en protagonista del desarrollo local.
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