Washington muestra un renovado interés por Groenlandia, hoy expresado con mayor intensidad que el que dedica a países con recursos estratégicos o posiciones geográficas privilegiadas en América Latina. Sin embargo, un interés no sustituye al otro. Ambos responden a patrones constantes del comportamiento geopolítico trumpiano y evidencian la aplicación consecuente de su Política de Seguridad Nacional, recientemente presentada al mundo.
En el caso de la región ártica, dicha política se inscribe en una lógica estratégica de largo plazo que articula geografía, proyección militar y anticipación de escenarios futuros. Desde esta perspectiva, el énfasis actual de Washington en la isla soberana más grande del mundo no constituye un fenómeno improvisado ni una excentricidad aislada de la política exterior estadounidense, sino la actualización de una prioridad estructural.
Desde nuestra perspectiva, esta lógica, expresada por Donald Trump en su estilo descarnado, alarmista y directo, marca una inflexión preocupante. Un debate legítimo sobre seguridad colectiva queda desplazado por una narrativa de apropiación territorial que tensiona principios básicos del orden internacional contemporáneo. En este marco, numerosos analistas coinciden en advertir que el derecho internacional es tratado por Trump como una mera perogrullada, subordinada a una retórica belicista que pretende legitimar la primacía de la fuerza por sobre las normas.
La nueva apetencia de Trump y del círculo de poder que lo respalda se centra en una isla de aproximadamente 2,166 millones de km², situada en una posición clave del Atlántico Norte y en el acceso al Ártico. El interés de Estados Unidos por este vasto territorio insular no es reciente. Desde la Guerra Fría, Washington lo considera un punto esencial para los sistemas de alerta temprana, la vigilancia aérea y el control de rutas estratégicas, lo que explica la persistencia de su presencia militar y de inteligencia en la zona.
El intento de reforzar capacidades frente a la histórica presencia rusa en la región y al interés creciente de China en ella responde a una lógica estratégica ya explicitada en la Política de Seguridad Nacional estadounidense. Esto resultaría comprensible si se tiene en cuenta que Rusia concentra más del 53 % de la línea costera del océano Ártico, lo que la convierte en el actor con mayor presencia física entre los cinco Estados ribereños. Su territorio continental ártico abarca cerca del 20 % de la superficie nacional y se complementa con una zona económica exclusiva de aproximadamente 7.5 millones de km², parte de la cual se extiende en aguas árticas. A ello se suma que Moscú mantiene reclamaciones para la explotación de una plataforma continental extendida de entre 1.7 y 2.1 millones de km², limitadas al suelo y subsuelo marinos y no a soberanía territorial plena.
Trump vuelve la mirada con su proverbial agresividad hacia una región que concentra alrededor del 13 % del petróleo no descubierto pero técnicamente recuperable del mundo, el 30 % del gas natural no descubierto y cerca del 20 % del gas natural licuado. El Ártico alberga además una de las mayores concentraciones de minerales críticos, esenciales para la industria tecnológica, militar y de transición energética, como tierras raras, níquel, cobalto, cobre, zinc, hierro y uranio. Groenlandia, en particular, posee algunas de las mayores reservas potenciales de tierras raras fuera de China, lo que explica el interés estadounidense y europeo más allá del discurso estrictamente militar.
Lo verdaderamente novedoso no es el interés geopolítico, sino el lenguaje empleado para justificarlo. Al afirmar que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y que cualquier resultado distinto a tenerla bajo su control sería inaceptable, la Casa Blanca desplaza el eje del debate desde la cooperación hacia la posesión y desde la alianza hacia la coerción. Este giro discursivo tensiona las relaciones con Dinamarca y con el entramado institucional de la OTAN, e introduce fricciones adicionales con Rusia y con China, actor extrarregional cada vez más activo en función de su proyección económica global.
Los recientes encuentros en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia evidenciaron ese choque de enfoques. El canciller danés fue explícito al señalar que cualquier idea que no respete la integridad territorial del Reino y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés es inaceptable, reconociendo un desacuerdo fundamental con la Administración Trump. Aunque Copenhague admitió una nueva situación de seguridad en el Ártico, descartó la existencia de una amenaza inmediata de Rusia o China que no pueda gestionarse dentro del marco actual. Desde Groenlandia, su ministra de Exteriores subrayó la disposición a cooperar con Estados Unidos, pero no a costa de la soberanía, insistiendo en la necesidad de respetar límites claros, postura respaldada por varios países europeos.
No puede perderse de vista que la escalada retórica tiene derivaciones inquietantes. Las Fuerzas Armadas danesas recordaron que, ante un intento de anexión por la fuerza, están obligadas a responder militarmente conforme a un decreto vigente desde 1952. Paralelamente, la participación directa del vicepresidente estadounidense J. D. Vance, conocido por su postura confrontacional hacia Europa, sin duda incrementa la alarma en las capitales europeas, que perciben una estrategia de presión de línea dura desde Washington como un factor adicional de inestabilidad, especialmente en un contexto marcado por la imposibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia en Ucrania.
La cuestión central es que la seguridad nacional moderna no se define solo por capacidades militares, sino también por legitimidad, previsibilidad y respeto a reglas compartidas. Confundir competencia estratégica de largo plazo con amenaza inmediata alimenta una política de hechos consumados que incrementa el riesgo de errores de cálculo y de respuestas desproporcionadas.
En última instancia, la disyuntiva que plantea Groenlandia no es geográfica ni militar, sino esencialmente política y normativa. Estados Unidos puede legítimamente reforzar su seguridad en el Ártico, incluso en cooperación con Dinamarca y Groenlandia, pero hacerlo a costa de seguir vaciando de contenido el derecho internacional y de tensionar a sus aliados supone un camino estratégicamente erróneo y potencialmente autodestructivo. Recordar que pacta sunt servanda no es un gesto retórico, sino una advertencia estratégica, porque la trivialización de las normas comunes transforma la seguridad colectiva en una apuesta unilateral con riesgos sistémicos para el orden internacional.
Compartir esta nota