La nueva ley de educación, ciencia y tecnología que surge del debate actual deberá, si ha de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, responder con precisión y claridad a la siguiente pregunta: ¿quién tiene la última palabra en la decisión de financiar o no una investigación y qué reglas deberá respetar en el proceso de decisión? Cuando un equipo de investigación presenta un proyecto para obtener financiamiento, necesita saber cómo se evaluará y cuánto peso tendrá esa evaluación. De la confianza que le genere ese proceso dependerá, en parte, su disposición a invertir tiempo y abordar preguntas cuyas respuestas desconoce.
El Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCYT, establecido en la Ley 139-01, ha hecho posible el desarrollo de una vía de financiamiento para investigaciones en universidades y centros del país, lo que ha dado frutos positivos en la institucionalización de la labor de investigación. Su fortalecimiento debe ser de interés para toda la sociedad, porque contribuye a la creación y el sostenimiento de equipos de investigación, promueve la formación de nuevas generaciones de investigadores y constituye una vía para producir conocimientos que permitan comprender nuestros problemas y ampliar nuestras posibilidades de desarrollo. Como he sostenido en otros escritos míos, el FONDOCYT es importante, aunque insuficiente frente a la magnitud del desafío científico nacional.
Para avanzar en el fortalecimiento del FONDOCYT y generar más confianza entre los actores dedicados a la investigación, será necesario que la nueva ley establezca, independientemente de la estructura institucional que finalmente quede conformada para su administración, garantías duraderas de su gestión independiente y de su funcionamiento apegado a criterios técnicos y éticos. La confianza se construye cuando quienes participan en los procesos gestionados por el FONDOCYT conocen las reglas, pueden comprobar que se cumplen y pueden verificar la transparencia y el rigor técnico y ético con que se toman las decisiones. Para lograr el desarrollo de una auténtica cultura de investigación, esa confianza debe sostenerse a lo largo de sucesivas gestiones y extenderse también a quienes presentan una propuesta que no es seleccionada.
En mi reciente artículo, “Una buena ley no debe depender de un buen ministro”, publicado en este periódico ACENTO, defendí la idea de que la conducción política tiene el derecho legítimo a establecer prioridades nacionales, asignar recursos, coordinar instituciones y responder por los resultados, pero que la selección de los proyectos a ejecutar dentro de esas prioridades debe basarse en criterios previamente conocidos y en una evaluación científica competente.
Ambas responsabilidades son esenciales y deben articularse con claridad; por un lado, a la autoridad política le corresponde establecer prioridades y explicar qué problemas merecen un esfuerzo público especial y por qué, escuchando a la comunidad científica y a los sectores involucrados, por otro, a quienes evalúan les corresponde determinar qué propuestas ofrecen mayor calidad, pertinencia y viabilidad conforme a las reglas anunciadas. La legitimidad de una prioridad pública no sustituye la evaluación que debe justificar el financiamiento de un proyecto concreto.
Dentro de esa dinámica, entre el objetivo político y el requerimiento técnico, hay que tener siempre presente que la libertad de investigación forma parte de esa relación y que su preservación es esencial; que, si bien un concurso puede orientar esfuerzos hacia problemas nacionales, debe cuidarse de no anticipar las conclusiones que sería conveniente obtener. Cuando se financian estudios sobre una política pública, debe haber espacio para que sus resultados cuestionen la política si así lo sugieren las evidencias aportadas.
A este respecto, la nueva ley debe poner especial cuidado en distinguir y establecer con claridad tres garantías complementarias, sin las cuales resulta difícil generar confianza. La primera es la independencia de los evaluadores: estos deben poder juzgar las propuestas por su calidad científica, sin presiones. La segunda es el respeto a los resultados de esa evaluación, estableciendo criterios y mecanismos que garanticen que, al asignar los recursos, quienes deciden qué proyectos financiar estén obligados a respetar esos resultados y las reglas del concurso. La tercera garantía surge del nivel de autonomía con que actúe el organismo que administra el fondo, para lo cual se requiere que la ley proteja sus atribuciones y funciones técnicas, de modo que las ejerza sin interferencias indebidas. Cada garantía cumple una función diferente. De poco serviría tener evaluadores independientes si la autoridad pudiera ignorar sus dictámenes al decidir qué investigaciones financiar.
En todo caso, la ley debe establecer cuántas salvaguardas sean necesarias para garantizar que la decisión de financiar se tome con estricto apego a los resultados de la evaluación y a las reglas de distribución previamente anunciadas. Esto exige que la selección final pueda reconstruirse y explicarse, y que una preferencia personal no desplace una propuesta que, conforme a las reglas, merece ser financiada. Si, como resultado de la arquitectura jurídica que se decida adoptar para la ley, se considera necesario que la aprobación formal corresponda al ministro o a otra autoridad administrativa, es necesario delimitar el alcance de dicha aprobación: verificar el cumplimiento de los requisitos, exigir la corrección de errores y devolver el expediente cuando exista un conflicto de interés comprobable…
El establecimiento de estas salvaguardas genera, por un lado, confianza y credibilidad en la comunidad científica de que el sistema tiene la capacidad de proteger sus derechos y, por otro, crea condiciones que protegen a los ministros de presiones indebidas para favorecer intereses particulares, que a veces, vulneran los resultados de las evaluaciones y los procedimientos. Esto le permite al ministro enfocarse en sus funciones: orientar las prioridades, exigir el buen funcionamiento del sistema y rendir cuentas sobre los resultados de la inversión pública.
Estas garantías permiten a los investigadores saber qué pueden esperar de los procesos de selección y adjudicación de fondos. Esa previsibilidad resulta indispensable a la luz del gran esfuerzo en tiempo y recursos que implica elaborar un proyecto serio de investigación que cumpla con los criterios técnicos establecidos, lo que hace evidente qué deben esperar los investigadores. Cuando las reglas son inciertas o no se confía en la transparencia del proceso, algunos equipos de investigadores prefieren desistir de participar o evitan embarcarse en investigaciones novedosas y terminan acomodándose a investigar preguntas cuyas respuestas no generen incomodidad en quienes dirigen. Esto va en detrimento de la innovación y del avance científico. La libertad científica requiere condiciones que permitan formular, con independencia, preguntas cuyas respuestas pueden resultar incómodas.
La labor de investigación suele requerir varios años para madurar y producir resultados, por lo que es necesario emprender proyectos de largo plazo que requieren contar con financiamiento previsible, estable y sostenido. Para embarcarse en esta labor a largo plazo, la comunidad científica requiere confiar en las instituciones que le brindan apoyo y de las cuales depende. La ley debe rodear al FONDOCYT de las condiciones necesarias para generar esa confianza, debería contar con una asignación presupuestaria claramente identificada, respaldada por una programación plurianual y protegida frente a cambios de destino que comprometan su misión. Una política científica debe definir el esfuerzo financiero que el país está dispuesto a sostener a lo largo del tiempo y traducir ese compromiso en condiciones que permitan consolidar equipos, desarrollar capacidades y dar continuidad a las investigaciones.
Estas garantías deben incluir también la decisión sobre la ubicación institucional de la unidad administrativa que tendrá la responsabilidad de gestionar este fondo, así como una clara delimitación de sus responsabilidades: quién tiene la función de orientar, quién la de evaluar, quién la de adjudicar y quién la de controlar. Si bien desde el punto de vista teórico es posible ubicarlo y establecer garantías dentro de un ministerio, siempre que existan competencias técnicas protegidas, equipos profesionales estables y mecanismos efectivos frente a instrucciones improcedentes; un análisis ponderado de cómo funciona la administración pública en nuestro país hace que se sea muy cauteloso en adoptar esa vía por constituir un modelo problemático y que merece una evaluación seria, considerando las limitaciones que caracterizan el funcionamiento de la administración pública nacional.
Una alternativa para mitigar estos riesgos es que la ley establezca contrapesos institucionales robustos que no dejen dudas de que la intención del legislador es fortalecer la autonomía de las instancias responsables y proteger sus decisiones y procesos frente a influencias externas indebidas. Por ejemplo, una agencia especializada podría ofrecer mayor continuidad y una separación más clara entre la orientación política, que debe seguir siendo competencia del ministro, y la selección de proyectos, que debe ser un proceso técnico. Su creación tendría sentido si fortalece las capacidades y responsabilidades, y establece una relación definida con el ministerio y los demás sectores del sistema de ciencia y tecnología.
La autonomía, para que funcione y cumpla con su propósito, debe ser efectiva y estar acompañada de controles; requiere que esté basada en nombramientos transparentes, en mandatos bien definidos, en procesos de remoción precisos y transparentes, en un apoyo presupuestario suficiente y en personal técnico competente. También requiere una tutela basada en auditorías y en evaluaciones de resultados. Hay que protegerla tanto de las presiones políticas como de la injerencia de intereses particulares. Los entes autónomos deben responder ante la sociedad por el ejercicio de sus atribuciones.
Cualquiera que sea la arquitectura institucional que la ley establezca, la profesionalización de la gestión del fondo constituye un requisito indispensable; porque administrar convocatorias, seleccionar evaluadores y acompañar investigaciones exige mucho conocimiento especializado y experiencia acumulada; la estabilidad técnica permite conservar memoria y aprender de los resultados; en tanto que los cambios de autoridad deberían poder renovar orientaciones respetando siempre los compromisos válidos asumidos y las capacidades profesionales que hacen posible cumplirlos.
La nueva ley de educación superior, ciencia, tecnología e innovación debe establecer estas garantías y hacer posible su funcionamiento efectivo, de modo que su eficacia se haga evidente cada vez que, ante una decisión que genere dudas, podamos explicarla; ante un error, corregirlo; y ante un compromiso, cumplirlo, aunque cambien quienes la dirijan. En esa medida, podremos decir que contamos con una ley funcional, capaz de hacer avanzar el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país.
Desde esa perspectiva, el FONDOCYT debe someterse permanentemente a evaluaciones que permitan, además de conocer cuánto asigna y cuántos proyectos financia, saber qué capacidades ayuda a construir, cómo funciona su gestión y qué conocimiento produce. Esas evaluaciones deben reconocer que la investigación básica y la aplicada tienen tiempos y resultados diferentes; también resulta valioso examinar qué ocurre con los hallazgos de las investigaciones que patrocina: cómo circulan, quién puede utilizarlos y qué oportunidades ofrecen para mejorar políticas, prácticas y procesos productivos.
El objetivo del nuevo ordenamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación debe ser el garantizar que cada investigación financiada con fondos públicos deje capacidades que la siguiente gestión pueda ampliar. Ese debe ser el horizonte de una institucionalidad madura, garantizar que desarrollamos organizaciones que aprenden.
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