En una década marcada por el estancamiento estructural, los efectos de múltiples crisis sistémicas y la agudización de la vulnerabilidad fiscal, América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta el imperativo histórico de rediseñar su arquitectura financiera, no solo para sobrevivir, sino para reconstruirse. El reciente informe de la CEPAL (2025) plantea una ruta clara: el paradigma financiero actual es insuficiente, desigual y peligroso para las aspiraciones de desarrollo sostenible.
Pero esta afirmación debe ampliarse porque el problema no es solo de financiamiento, sino de modelo institucional, legitimidad fiscal, distribución del riesgo y acceso al poder económico internacional. ALC no puede seguir reproduciendo un modelo extractivo, endeudado y sin soberanía fiscal.
Del espejismo del crecimiento a la urgencia del cambio estructural
Según la CEPAL (2025), la región crecerá apenas un 2.2% en 2025 y un 2.3% en 2026, cifras que consolidan una década perdida, con un PIB per cápita estancado y sin avances significativos en productividad, inversión en capital humano ni transformación digital. La presión fiscal —impulsada por el envejecimiento, el cambio climático y las brechas sociales— no se compensa con ingresos adecuados, dejando al Estado en una trampa de baja capacidad, alta expectativa y bajo margen de maniobra (CEPAL, 2025; IMF, 2024).
Lo alarmante no es el bajo crecimiento per se, sino la incapacidad crónica de traducir recuperación macroeconómica en mejoras estructurales duraderas, particularmente en inclusión productiva, empleo formal y cohesión social (OCDE, 2023).
No solo es recaudar, sino redistribuir poder
ALC recauda en promedio un 21.3% del PIB en impuestos, frente al 34% de los países de la OCDE (CEPAL, 2025). Pero el verdadero problema es la estructura porque más del 50% proviene de impuestos indirectos, mientras que las rentas del capital y la riqueza son apenas marginalmente gravadas. La evasión fiscal en renta e IVA representa más de 433 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 6.1% del PIB regional (CEPAL, 2025; ECLAC, 2023).
A esto se suma el uso ineficiente del gasto tributario, con exenciones, regímenes especiales y subsidios regresivos que erosionan el espacio fiscal sin resultados sociales verificables.
La solución no es puramente técnica. La CEPAL propone pilares razonables (reforma tributaria progresiva, eficiencia del gasto, inversión pública estratégica), pero lo que está en juego es una disputa por la legitimidad de la política fiscal como instrumento redistributivo y transformador (Piketty, 2020).
Riesgo sistémico y dependencia estructural
La brecha de financiamiento para los ODS en los países en desarrollo ha pasado de 2.5 billones de dólares en 2015 a más de 4 billones en 2025, y podría alcanzar los 6.2 billones en 2030 (UNCTAD, 2024). Este déficit no es casual considerando que la región está atrapada en una arquitectura financiera internacional que penaliza la inversión de largo plazo, privilegia la especulación y castiga la heterodoxia económica.
Los costos de financiamiento para América Latina son hasta 3 veces superiores a los de países de ingreso similar fuera de la región, no por riesgo real, sino por percepciones asimétricas de agencias calificadoras (Stiglitz & Rashid, 2023).
En este contexto, la CEPAL plantea tres ejes estratégicos:
- Fortalecer la cooperación tributaria internacional (OCDE Inclusive Framework, Pillar II).
- Rediseñar los mecanismos de reestructuración de deuda, incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia.
- Reorientar los derechos especiales de giro (DEG) hacia una asignación más equitativa y contracíclica.
Estas medidas, sin embargo, exigen poder político y alianza Sur-Sur, no solo declaraciones multilaterales.
La “banca de desarrollo”
En una región donde el financiamiento de largo plazo es escaso y costoso, la banca de desarrollo puede ser el corazón de una política industrial sostenible y con sentido territorial. Hoy existen más de 100 bancos de desarrollo nacionales en ALC, pero su peso en el sistema financiero es bajo, con apenas un 8% de los activos totales, frente al 20% en Asia o el 15% en Europa (AFD, 2023).
La banca de desarrollo debe ser reformada, profesionalizada y articulada. Su mandato no puede limitarse a complementar el mercado, sino que debe liderar inversiones en sectores emergentes, mipymes, infraestructura climática, digitalización y economías del cuidado.
Instrumentos clave:
- Bonos temáticos (verdes, sociales, sostenibles).
- Fondos de garantía para mipymes.
- Fondos de coinversión público-privada con orientación al valor agregado nacional.
- Fintech públicas para inclusión crediticia.
Además, se requiere una integración regional de la banca de desarrollo, que permita sinergias entre bancos nacionales, subregionales (BCIE, FONPLATA) y multilaterales (CAF, BID).
De los discursos a las plataformas
El Compromiso de Sevilla y las declaraciones ministeriales de la CELAC y el SELA han definido una agenda común en materia de financiamiento sostenible. Pero la experiencia demuestra que la coordinación sin mecanismos de ejecución vinculantes es decorativa.
Propuestas viables:
- Crear una plataforma de inversión climática regional con participación pública, multilateral y privada.
- Establecer un fondo regional de estabilización macroeconómica para enfrentar choques externos.
- Impulsar la armonización de marcos regulatorios financieros para integrar mercados de capitales.
América Latina tiene reservas internacionales por más de 850 mil millones de dólares (CEPAL, 2025). Parte de ese capital podría ser canalizado hacia proyectos estratégicos si existiera una voluntad política común para ello.
Transformar la estructura, no solo los instrumentos
La CEPAL ha hecho una contribución técnica valiosa. Pero el verdadero desafío va más allá, se trata de reconstruir la capacidad soberana de las sociedades latinoamericanas para financiar, diseñar y ejecutar su propio desarrollo.
Esto implica:
- Recuperar la legitimidad de lo público.
- Democratizar la política fiscal.
- Reducir la dependencia financiera externa.
- Invertir estratégicamente con criterios de justicia intergeneracional y ambiental.
En otras palabras, no se trata solo de cómo financiar el desarrollo, sino de quién decide qué se financia, para qué y para quién.
Claro está, esto exige mucho más que reformas técnicas, exige liderazgo, ética pública y una ciudadanía activa que no delegue su futuro a los mercados.
Referencias
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2025: Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo (LC/PUB.2025/12-P). Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/49080
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/2c80e615-en-es
- International Monetary Fund (IMF). (2024). Fiscal Monitor: Coping with the Cost of Living Crisis. IMF Publications.
- UNCTAD. (2024). World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Infrastructure. United Nations.
- Piketty, T. (2020). Capital and Ideology. Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E., & Rashid, H. (2023). The Global Debt Trap and How to Escape It. Columbia Global Reports.
- Agence Française de Développement (AFD). (2023). The Role of National Development Banks in the 21st Century. Paris.
Compartir esta nota