El pasado miércoles 29 de abril la Suprema Corte de Estados Unidos escuchó argumentos orales relativos, por un lado, al cierre, y, por otro lado, a la extensión, del Status Temporal de Protección (TPS por sus siglas en ingles) que desde 2010 ha amparado a los haitianos residentes en este país. Es de esperarse que en las subsiguientes semanas dicha corte emita su fallo definitivo. Dada la profusión de pronunciamientos y acciones relativas a la migración desplegadas por la administración del presidente Trump, que tienden a ofuscar la atención del público, es posible que esa audiencia judicial pase desapercibida para la mayoría de los ciudadanos tanto en EE.UU. como en la República Dominicana. El fallo de la Suprema Corte tendrá igual o mayor impacto en la isla que en su vecino del norte, por la cual ofrecemos aquí varias razones por las cuales consideramos que no debería pasar inadvertida.
Actualmente, cerca de 330,000 haitianos residentes en Estados Unidos son beneficiarios del TPS, otorgado por primera vez poco después del devastador terremoto que sacudió a Puerto Príncipe el 12 de enero del 2010, cobrando la vida de miles de residentes, y reduciendo a escombros la infraestructura institucional, comercial, y habitacional de esa populosa ciudad.
Cifras levantadas por el Censo nacional estadounidense del año 2024 confirman la existencia de unos 852,000 migrantes de primera generación de nacionalidad haitiana. Ellos forman parte del 1.5 millones de origen haitiano residentes en diversos estados de los Estados Unidos. Muchos de ellos han residido en EE.UU. por décadas, pero la normativa del TPS no les provee de ciudadanía, ni tampoco les abre las oportunidades para obtenerla. Lo mismo que sucede con otros beneficiarios del TPS, los haitianos solo pueden permanecer en este país de manera legal siempre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extienda la vigencia del TPS a dichos nacionales, o, como en el caso actual, cuando la Suprema Corte así lo ordene al DHS.
Las reglas del TPS autorizan a los beneficiarios a laborar legalmente, para obtener un ingreso que garantice su sustento y el de sus familias. En muchas áreas del país, donde residen poblaciones de inmigrantes haitianos, los propios congresistas Republicanos reconocen el papel vital que esta mano de obra representa para las economías locales. Por ello no es de extrañar que diez Republicanos miembros del congreso, incluyendo, un representante del estado de New York, Michael Lawler, recientemente votaran junto a los Demócratas en favor de la extensión del TPS para los Haitianos, advirtiendo el referido representante que, en el caso de New York, deportar a los haitianos “podría causar una crisis inconmensurable en nuestro sistema de salud, especialmente en las jurisdicciones como la mía, donde muchos de los haitianos protegidos por el TPS son enfermeros/as.” Similarmente, en Ohio, donde Donald Trump acusó a los inmigrantes Haitianos de comer las mascotas, los perros y gatos de los residentes, el gobernador Republicano, Mike DeWine, declaró que, “lo que los haitianos quieren es trabajar, y ellos no están desplazando a nadie, por el contrario, ellos asumen trabajos que los demás no realizan, lo cual es un gran estímulo para la economía”.
Los partidarios de la extension del TPS para los haitianos sostienen que estos contribuyen con aproximadamente $US5.9 billones a la economía estadounidense, y pagan alrededor de $US800 millones de impuestos federales y a la seguridad social. Los recursos generados por los trabajadores haitianos son beneficiosos para los Estados Unidos, pero son aún más importantes para la nación haitiana. Como sucede con muchos inmigrantes, la diáspora trabajadora haitiana envía a sus familiares parte de sus ingresos arduamente generados en el país de acogida. En tal sentido, las remesas constituyen aproximadamente el 16 por ciento del PIB de Haití, de acuerdo con el Banco Mundial, y en conjunto, ellas totalizaron más de $US3.4 billones en 2023. Estudios recientes estiman que cerca de un millón de hogares en Haití reciben remesas, lo que indica que millones de ciudadanos en Haití se benefician, y muchos de ellos subsisten gracias a tales ingresos. Si la Suprema Corte estadounidense falla en favor de la clausura del TPS, la administración Trump deportara a cientos de miles de trabajadores haitianos, cercenando así un recurso esencial del ingreso familiar de millones de haitianos en la isla.
Clausurar el estatus de TPS para los haitianos residentes en EE.UU. tendrá otras implicaciones no menos dramáticas. En la medida en que dos tercios de los haitianos protegidos bajo el TPS han procreado niños cuya condición de juris solis los convierte automáticamente en ciudadanos norteamericanos, deportar a sus padres y madres implicaría, por un lado, separación familiar, o en su defecto, enviar a estos niños con doble ciudadanía a encarar un escenario de peligro e incertidumbre perenne. Varios analistas afirman que Haití tiene ahora la tasa de homicidios más alta del mundo, lo cual pone de manifiesto los altos niveles de inseguridad para estos niños. Por último, no es exagerado afirmar que los Estados Unidos está directamente implicado en la criminalidad violenta en Haití, en la medida en que los grupos criminales que actualmente controlan grandes territorios del país se abastecen de armamentos, -el recurso primordial de intimidación- provenientes de Estados Unidos, que fluyen hacia Haití gracias a la amplia laxitud en la regulación de armas de fuego en la que se sustentan los mercados lícitos e ilícitos de armas en Estados Unidos, los cuales abastecen a los grupos criminógenos en gran parte de los países de la región, y ciertamente, en el caso de Haití.
Por último, la decisión de cancelar el estatus de beneficiarios del TPS del cual gozan actualmente una parte de los nacionales haitianos residentes en Estados Unidos presupone serias implicaciones para la región del Caribe en su conjunto. Primeramente, la deportación de cientos de miles de haitianos a su lugar de origen incrementará el número de personas compitiendo por recursos escasos y prácticamente inexistentes, especialmente en el marco del reciente cierre permanente que efectuara la actual administración de la ayuda humanitaria a ese país. Esta condición sin lugar a dudas será un incentivo perverso al éxodo y a los intentos de relocalización de la diáspora haitiana en otros países de la región. En años recientes, los países pequeños y medianos del Caribe han endurecido las medidas de control, preventivas y coercitivas para mantener a la población haitiana fuera de sus fronteras. De acuerdo con Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad de la República Dominicana han “incrementado la detención y forzada repatriación de migrantes haitianos. En varios casos mujeres embarazadas y en condición de puerperio, han sido arrestadas y compulsivamente repatriadas con sus recién nacidos, violando de tal suerte la ley migratoria dominicana que explícitamente se refiere a estos casos en particular”. En los últimos dos años, la administración del presidente Luis Abinader ha repatriado cerca de medio millón de haitianos y dominico-haitianos residentes en la República Dominicana, y como lo declarara la propia Dirección General de Migración, solamente en el año 2025 fueron compulsivamente repatriados 379,553 personas al país vecino.
La Suprema Corte estadounidense tiene, al fin y al cabo, la última palabra en lo que respecta a la potestad que posee o no la administración Trump para despojar del estatus de protección a cientos de miles haitianos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Bajo la dirección de Kristi Noem, el DHS afirmó que “extender el TPS a los haitianos es contrario al interés nacional”. Ante esta declaración, sostenemos que la Corte debe reconocer, sin embargo, que evitar una catástrofe multifacética que afectaría tanto a la población haitiana, lo mismo que a la norteamericana, es una cuestión central al interés nacional. Para la República Dominicana, con mucho menos capacidad de absorber un contingente inesperado de inmigrantes, que un país de más de 340 millones de habitantes, y por demás rico y poderoso, rechaza incorporar, la clausura de TPS para haitianos presentaría un desafío al imperativo de protección humanitaria al que conllevaría la tragedia de una crisis más en el país vecino.
AUTORES DE ESTE ARTÍCULO:
Lilian Bobea
Profesora Asociada de Justicia Criminal
Fitchburg State University
Cyrus Veeser
Profesor del Departamento de Historia
Bentley University
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