Históricamente el Estado ha jugado un rol importante en el desarrollo económico, por medio de un conjunto de instrumentos como son: infraestructura, la inversión pública productiva, educación, salud, regulación, provisión de bienes públicos y protección social, entre otros. Mientras más fuerte el Estado en materia de legitimidad y de capacidades económicas, mejor puede jugar su rol para promover el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social. Un Estado con debilidades fundamentales tanto históricas como coyunturales está más limitado para ser exitoso en el desarrollo.
Tanto Donnell como Viloria e Izquierdo aportan en su análisis elementos claves sobre las debilidades del Estado. El primero cita los problemas asociados al estado de derecho y los mecanismos de control. Y los últimos dos citan la ausencia de ética pública sólida.
Un Estado que se enfoque en promover el desarrollo tiene un amplio espectro que cubrir, en función del punto de partida. No es lo mismo un país con un desarrollo institucional sólido que otro con grandes debilidades estructurales, institucionales y financieras.
Aunque hemos avanzado en ALC, aún persisten importantes debilidades en nuestros países, en unos más que en otros. Se mantienen los sistemas fiscales de baja capacidad redistributiva, servicios públicos desiguales y mercados donde las condiciones para la competencia no siempre son justas.
Una consecuencia de este estado de cosas hace que el crecimiento económico de nuestros países no se refleje sustantivamente en desarrollo y bienestar generalizado con inclusividad y justicia social.
Dicho esto, estas discusiones sobre el desarrollo no pueden limitarse a indicadores macroeconómicos, y la calidad del gobierno, así como la ética pública, deben definirse específicamente. Como primera dimensión, necesitamos entender que la ética pública en la región no es un tema accesorio si queremos tener una visión más amplia. Es un elemento clave del contrato social. Este contrato, considerado el libro de reglas en la relación entre el Estado y la ciudadanía, se ve socavado cuando la integridad no se incorpora en su fundamento.
Una segunda dimensión tiene que ver con la integridad. Los sistemas de integridad no solo se basan en que se tengan buenas regulaciones. Realmente, podemos tener buenas regulaciones y no aplicarse correctamente, haciendo que no sean efectivas. Por eso observamos, con frecuencia, que en los reportes de las evaluaciones mutuas del GAFI y el FMI no solo se preocupan porque existan regulaciones y que sean actualizadas, sino por su efectividad. En tal sentido, cuando esto se asegura, las evidencias confirman la existencia de transparencia, las medidas responsables y la existencia de agencias de supervisión y control, que sirven de base para el desarrollo económico, el bienestar y la seguridad ciudadana.
Una tercera dimensión importante es el papel que desempeña el liderazgo político, gubernamental y empresarial. Recordemos que la conducta de quienes ejercen el poder tiene un efecto directo sobre la percepción ciudadana y sobre el funcionamiento institucional. Un liderazgo comprometido con la ética puede contribuir a reconstruir la confianza; uno que la ignore puede profundizar la crisis y, en sustancia, todo esto tiene una influencia determinante en la sostenibilidad del crecimiento y el desarrollo.
Estas tres dimensiones deben lograrse y, según el sistema de país o los avances alcanzados, van a determinar hacia dónde dedicar mayores esfuerzos en un momento determinado.
Por último, no se debe olvidar a la ciudadanía. La ética pública no puede ser dictada desde arriba; debe implementarse a través de la comunidad, que debe ser transparente y confiable y rechazar las malas prácticas. Sin este ingrediente, cualquier esfuerzo institucional se desmoronará.
Estas reflexiones destacan con cierto nivel de claridad que los grandes desafíos de América Latina y el Caribe no son solo desafíos económicos o políticos; este es, sobre todo, un desafío ético. Se le pide a la región no solo tener mejores políticas, sino mejores instituciones; no solo crecimiento, sino legitimidad; no solo normas, sino valores.
Sin embargo, en un mundo postindustrial, a medida que la incertidumbre y la competencia global continúan prevaleciendo, aquellos países que sean capaces de desarrollar mejor su ética pública podrán crear una sociedad más justa y estable; al mismo tiempo, podrán utilizar su potencial para lograr al máximo sus perspectivas de crecimiento.
Aquellos que no lo hagan permanecerán atrapados en ciclos mutuos de desconfianza, volatilidad e inequidad. Ya que, en su esencia, el desarrollo se basa en más que la acumulación de riqueza: depende de la calidad de la relación entre el Estado y la sociedad. Y la ética pública no es un ideal lejano en esa relación: es la base misma del futuro.
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