La amnistía aprobada en España por el presidente Pedro Sánchez, para favorecer a 500 mil indocumentados extranjeros, es una medida migratoria que bien podría imitarse en República Dominicana.
¿Por qué digo esto? Porque los actuales gobiernos de ambos países están comprometidos con la élite globalista europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambas en vía de extinción por culpa de la nueva agenda geopolítica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La amnistía de Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue una acción política “humanitaria”, ejecutada con el apoyo del grupo izquierdista español Podemos.
De acuerdo con lo aprobado, unos 500 mil indocumentados y solicitantes de asilo de diferentes países recibirán la tarjeta de residencia. Tendrán que mostrar, primero, que han estado un mínimo de cinco meses en el país, y que ingresaron a España antes del 31 de diciembre de 2025.
Con ello, se “suspenden ipso facto los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos, o por trabajar sin permiso legal.
¿Por qué el gobierno de España decidió iniciar ese proceso de regulación migratoria justo cuando países del otro lado del Atlántico intensifican las deportaciones masivas de indocumentados extranjeros?
Según su argumento, es para brindar protección legal a los trabajadores informales y generar mayores ingresos a un sistema de seguridad social cada vez más presionado por el envejecimiento de la población.
La mayoría de los indocumentados en España son personas que entraron legalmente con un visado. Se quedaron a trabajar irregularmente, y según el censo poblacional de inmigrantes extranjeros en España, la gran mayoría son procedentes de América Latina y África.
A Sánchez le ha importado un carajo la postura de naciones prósperas europeas y de Occidente que han decidido endurecer la política migratoria irregular que va en contra de la agenda globalista de “fronteras abiertas”.
Entre los jefes de gobierno que encabezan la nueva lucha contra la migración ilegal están el de Trump, en Estados Unidos; Giorgia Meloni, en Italia; Javier Milei, en Argentina, y Luis Abinader, de República Dominicana.
En Occidente, la mayoría de los indocumentados viaja hacia Estados Unidos cruzando las fronteras latinoamericanas.
Aprovechando la agenda globalista, 25 millones de personas entraron ilegalmente a EE.UU. ha dicho Trump, y responsabilizó al gobierno demócrata de Joe Biden de esa “invasión pacífica” planificada.
El presidente dominicano Luis Abinader incrementó la política de deportación masiva contra indocumentados haitianos a partir de enero de 2025, para estar acorde a la nueva política migratoria de Trump.
Antes de esa fecha, la política migratoria que reinaba estaba acorde a la agenda globalista 2030 y la administración Biden, por lo que la presencia de haitianos se hizo muy notoria en todo el país.
Estaban protegidos por agencias no gubernamentales pro-haitianas, que evitaban la persecución y apresamiento de sus paisanos.
Temeroso de lo que pudiera ocurrir en contra de su gobierno, fue que Abinader organizó un encuentro con los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, consciente de que los ex mandatarios también son responsables de la entrada masiva de ilegales haitianos a través de la zona fronteriza.
Hay denuncias creíbles de que la administración Abinader está trabajando un proyecto de regularización de dos millones de indocumentados haitianos, con el pretexto de “regularizar la mano de obra haitiana” a favor de los sectores productivos, plan migratorio que siempre ha tenido el aval del expresidente Hipolito Mejia, figura política de mucha influencia dentro del partido oficialista.
Y es muy probable que, tal y como recientemente lo hizo Sánchez en España, el presidente dominicano haga lo mismo, por los compromisos que aún tiene con la élite globalista europea y su apoyo a la agenda 2030.
¿Qué ha retrasado esa amnistía migratoria?, que los haitianos carecen de un documento oficial que los identifique con nombres, apellidos y fecha de nacimiento.
Aún no sabemos el por qué, a pesar de los años transcurridos desde su independencia de Francia en 1804 hasta la fecha, los gobiernos de Haití no se han interesado en otorgar un acta de nacimiento o una cédula de identificación a sus ciudadanos, convirtiéndolos en indocumentados en su propio país.
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