En la historia universal generalmente las políticas radicales e intransigentes basadas en el "todo o nada" han terminado fortaleciendo al statu quo. Generan una polarización social que acentúa las divisiones y excluye los espacios de concertación democrática. Provocan reacciones extremas del poder y del Estado bloqueando las reformas posibles.

Insistimos en el derecho a la libre expresión de las propuestas, sean radicales o no. Pero criticamos la intransigencia en coyunturas poco propicias para cambios revolucionarios.  Por ejemplo, la “radicalización” de la lucha por los derechos civiles fue una estrategia para lograr las reformas posibles, mediante el diálogo y la concertación política.

Análisis políticos como los de Adam Przeworski, muestran que los sistemas democráticos estables requieren de políticas de compromiso: el 72% de las transiciones exitosas priorizaron las negociaciones sobre las confrontaciones absolutas. Salvo en determinadas coyunturas históricas excepcionales, en la inmensa mayoría de los casos los cambios sostenibles han sido el resultado de reformas graduales.

El 93% de los ejemplos históricos (según datos del Peace Research Institute de Oslo) fracasan al persistir en la intransigencia. Aún las conquistas sociales más relevantes (India 1947 y Sudáfrica 1994) finalmente implicaron una negociación, donde el "todo o nada" fue solo una herramienta para forzar acuerdos y concesiones, nunca para su imposición total.

Como nos señaló el Dr. Luis Collado, el todo o nada implicaría una revolución en materia de seguridad social que ni siquiera Lenin compartiría, pues en su pensamiento filosófico los procesos de avances son graduales, tal cual lo concebían Henry George, John Keynes y Amartya Sen, entre otros grandes pensadores.

Sin radicalismos intransigentes, y aún en el poder, AMLO logró una transformación sin precedentes, elevando las pensiones y la solidaridad social del sistema de capitalización individual.

Sin grandes fanfarrias, ni radicalismos extremos insostenibles, pero con un firme compromiso social, el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) logró grandes avances sociales en México.  Sacó a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza multidimensional y redujo la indigencia del 7% a 5.3%, minimizando la “vulnerabilidad extrema”.

Lejos de eliminarlo, reformó el sistema de capitalización individual garantizando un aumento de las pensiones del 30% al 70 % del último salario. Elevó la solidaridad social reduciendo la cotización mínima de 1,250 a 750 semanas, a favor de millones de afiliados que no cumplirían con los requisitos anteriores. Aumentó gradualmente la cotización del 6.5% al 15%, logrando la hazaña de elevar el aporte patronal del 5.15% al 13.87%, manteniendo la cotización obrera en sólo el 1.25%.

Pero como si esto fuese poco, el gobierno de AMLO redujo a sólo el 0.54% la comisión anual de las Administradoras de Fondos para el Retiro (las AFORES que aquí son las AFP), una de las comisiones más bajas del mundo. México, a pesar de mantener una política social inclusiva y abiertamente crítica al neoliberalismo, fue lo suficientemente inteligente para evaluar la situación real, y flexible para optar por la solución posible.

Como resultado de esa política sensata y certera, hoy millones de mexicanos disfrutan de una mayor protección social avanzando hacia un futuro menos incierto. AMLO no sólo se retiró con el más alto índice de aprobación, sino que logró un triunfo arrollador en las urnas de la primera mujer candidata, asegurando la continuidad de la “Cuarta Transformación”.

Lamentablemente, las demandas radicales del “todo o nada” priorizan “lo perfecto” sobre lo posible y sostenible”. En Chile, el gobierno fracasó en cambiar la Constitución de Pinochet, debido a los extremismos insensatos, generando una frustración nacional que durará varias décadas. La polarización extrema, lejos de construir puentes de entendimiento sobre los cambios posibles, crea muros insalvables que fortalecen el statu quo.

En el caso dominicano, en el 2020 la testarudez ideológica de minorías con políticas del “todo o nada” abortó un acuerdo para impedir un cambio en la comisión de las AFP a todas luces perjudicial para los trabajadores dominicanos. Prefirieron apostar al fracaso del sistema de capitalización individual, como explicaremos la próxima semana.

Arismendi Díaz Santana

Economista

Economista especializado en seguridad social en España. Dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano Seguridad Social (SDSS) y redactó la Ley 87-01. Primer manager General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Ha sido Consultor de la OPS/OMS, BID, PNUD y la OISS en seis países de América Latina. Ha realizado decenas de consultorías para las ARS y PSS del país, públicas y privadas. Autor del libro “Cómo se diseñó y concertó la ley de Seguridad Social”.

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