Si la capacidad de generación no supera al menos un 30% la demanda de energía eléctrica es normal que cuando algunas plantas salgan de operación por mantenimiento resurjan los apagones.
Pasa en muchos países que tienen el mismo problema. Y aquí ha pasado desde hace 60 años, aunque ya no son los apagones de 12 y 15 horas que duraban meses en los años de Balaguer. ¿O es que ya se olvidaron de eso?
En todos los gobiernos ha habido periodos de apagones frecuentes de largas horas cuando alguna planta sale de operación. Peor aún si es temporada de calor donde la demanda de energía sube hasta un 20%.
El problema es que un 40% de la población que expresa su malestar por esos apagones no paga luz. Hablamos de unos 800 mil hogares aproximadamente. Tambien protestan muchos negocios pequeños, medianos y grandes que tienen conexiones ilegales y tampoco pagan la energía que consumen.
Estos hogares y negocios que no tienen contador, se conectan ilegalmente, hacen fraude pagando sobornos y tienen deudas millonarias con las distribuidoras sin que nada pase, generan una diferencia abismal entre la energía servida y cobrada. El sector eléctrico le cuesta cada año al gobierno unos 95 mil millones representando el 65% de todos los subsidios otorgados (alimentos, transporte, combustibles y otros).
El problema es que, si se instalan nuevas plantas de generación y se satisface plenamente la demanda todo el año, aun salgan algunas de operación por mantenimiento, el subsidio podría alcanzar hasta 140 mil millones al año. Oigan bien. Hablamos de una cifra equivalente a unos 2,300 millones de dólares.
Alumbrar a todos los hogares, empresas, instituciones, calles y avenidas 24 horas al día y sin apagones costaría más que lo que se invierte en salud pública, incluyendo Senasa.
Por esa razón, la única solución viable para acabar con el desorden existente en el sector eléctrico es la privatización de las EDES. O sea, privatizar la distribución de energía donde la empresas que salgan beneficiadas estén obligadas a invertir al menos 2 mil millones de dólares, parte del cual iría al fisco y parte para invertir en la instalación de contadores en todos los hogares y cobrar la energía servida sin importar si es un rancho en un campo de Cotuí o en un barrio escondido de la capital.
Y a los ladrones de luz de cuello blanco, que manejan grandes empresas, someterlos a la justicia sin darle oportunidad de salirse con la suya, como sucede actualmente.
Al diablo con eso de que los pobres no pueden pagar la luz porque la mayoría de ellos tiene un celular que paga sagradamente. Si el gobierno quiere otorgarle un bono luz a ciertas familias pobres puede hacerlo, pero solo para cubrir parte de la factura. Un 30% o un 40%.
Pero nadie puede disfrutar de ese servicio sin pagar nada. Es absurdo, criminal y solo agudiza el problema afectando a cientos de miles de hogares y negocios que pagan su factura sagradamente.
En unos días las plantas volverán a operar y el suministro se regularizará. Todo pasará al olvido. Pero el cáncer del sector eléctrico seguirá expandiéndose y comiéndoselo todo.
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