Hace muy poco se publicó este interesante diagnóstico. En años anteriores, este reputado programa técnico de la ONU había hecho lo propio con este y otros sectores. En todos ellos, el desarrollo humano ha sido el eje transversal del análisis. Ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura está sesionando para escoger al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otros cinco de sus integrantes, es más pertinente que nunca conocer las informaciones que arroja esta investigación.
Así, lo primero que se resalta en el informe es la innegable mejoría que se ha producido en los últimos años respecto al uso de las herramientas tecnológicas en el servicio de justicia. Es evidente que hoy la digitalización de este servicio ha experimentado un salto cuantitativo y cualitativo importante. En la actualidad, prácticamente en todos los despachos judiciales, se utiliza la plataforma digital para que los usuarios realicen el depósito de los documentos y de las solicitudes en curso. Esto, sin duda, ha sido uno de los grandes logros medibles de la actual gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
En efecto, este nivel de satisfacción se comprueba cuando en el estudio se consigna: "Alrededor del 69% de los encuestados en 2024 manifestó apoyar los trámites en línea, y un 73% consideró que el sistema judicial se ha modernizado…"
El informe también resalta, de modo positivo, la reducción de la mora que se ha registrado en el último año en el sistema de justicia en general. En concreto, al respecto se destaca lo siguiente: "La tasa de resolución de los asuntos judiciales pasó de 90.8% en 2021 a 98.4% en 2025, registrando un crecimiento importante en el volumen de asuntos resueltos por el Poder Judicial."
Sin embargo, en este aspecto, de manera acertada se subraya también que aún subsisten quejas importantes de los usuarios del servicio judicial. Así pues, se revelan las siguientes cifras sobre las dificultades enfrentadas:
En todo caso, si comparamos estos datos con los reportados en países de la región, los resultados son interesantes, a saber: República Dominicana redujo el indicador de congestión aproximadamente un 30.3%, pero su nivel de 2024 continuó siendo el mayor frente a países como Chile, Colombia y Costa Rica, por lo que permaneció en la categoría crítica según el CEJA.
No menos importante, cabe resaltar otro de los principales hallazgos de la investigación: el que concierne a la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales llevados a cabo en los últimos años por el Poder Judicial para un mejor aprovechamiento de la tecnología y la reducción de la mora judicial.
Sobre este punto, se comprobó que la implementación de este modelo enfrenta serios desafíos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Su conclusión al respecto es inequívoca: “La eficiencia judicial no puede sostenerse indefinidamente sobre mayores exigencias operativas al personal existente si no se acompaña de planificación, dotación adecuada, gestión diferenciada de cargas y fortalecimiento institucional”.
Quienes, por el ejercicio frecuente de nuestra profesión, tenemos que interactuar como usuarios con los jueces y colaboradores del sistema de justicia, también lo percibimos de dos formas:
Primero, mediante el agotamiento físico y mental de estos, debido a la creciente carga de trabajo, la cual queda reflejada en otra parte del estudio al abordar el vertiginoso aumento de los niveles de conflictividad que están llegando a nuestros tribunales, sin importar la materia. El dato es claro: "Entre 2021 y 2025, los casos resueltos pasaron de 452,869 a más de 1.1 millones, evidenciando un crecimiento sostenido de los conflictos judicializados ".
Segundo, por el poco tiempo del que disponen estos actores para responder con mayor rigor a las decisiones puestas a su cargo. Algunos jueces nos han confesado que se ven en la imposibilidad de leer un escrito que supere las quince páginas, debido a la agobiante carga profesional que usualmente manejan. Esto se agrava cuando sabemos que, a causa de la digitalización que hoy prácticamente impera en una buena parte de la tramitación de los procesos judiciales, su trabajo, el de sus colaboradores y el de los usuarios debe hacerse frente a una pantalla de computadora, lo que agota más rápidamente su capacidad de atención en el tiempo.
Es innegable, pues, que tenemos que revisar el modelo de funcionamiento utilizado para brindar el vital servicio público que tienen a su cargo. Todo apunta a que debemos fomentar en la sociedad una cultura de menor conflictividad, una menor judicialización de los conflictos y mayores salidas alternas, así como proseguir con el desarrollo de la digitalización judicial. De igual forma, es probable que tengamos que revisar los recursos humanos de los que dispone el Poder Judicial para administrar nuestros conflictos, pues todo parece indicar que los actuales resultan insuficientes.
El presupuesto del Poder Judicial, como proporción del Presupuesto General del Gobierno Central, fue en el 2025 de 0.87 %, según el informe del PNUD. Este dato pone de relieve la necesidad de revisar la participación presupuestaria de este poder del Estado. Se trata, por tanto, de examinar no solo la suficiencia de los recursos económicos destinados a la administración de justicia, sino también el cumplimiento de las previsiones legales que procuran garantizar su autonomía presupuestaria y su adecuado funcionamiento.
Por último, otra información destacada que aflora en el informe versa sobre el relevante porcentaje de insatisfacción que sigue manifestando la población respecto al servicio judicial. De este modo, solo un 38.1 % de los encuestados se muestran satisfecho con el servicio judicial. Aunque el estudio no aborda este punto, es indiscutible que, en este contexto, tampoco se puede soslayar el dato de la paralización de labores que hace algunos meses llevaron a cabo los jueces, lo que revela su propia insatisfacción con aspectos importantes del sector al que pertenecen.
De ahí que, del diagnóstico de referencia, se pueda colegir que en el sistema judicial se han registrado avances importantes en los últimos años. No obstante, también se observa que afronta extraordinarios desafíos institucionales.
Por consiguiente, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia debe conocer muy bien esta inexorable realidad. Por lo tanto, debe ser alguien que posea una arraigada capacidad y vocación de liderazgo, experiencia e integridad ética, pues los retos que tendrá serán gigantescos. Lo mismo podría decirse, aunque con menor preponderancia, de los otros magistrados que completarán su matrícula. Sobre sus hombros recaerá, pues, impulsar la tercera ola de la reforma y la legitimidad del Poder Judicial; una tarea clave para la vigencia del Estado de derecho y la convivencia social.
[1] PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible. Informe de justicia y desarrollo humano en la República Dominicana. Santo Domingo: PNUD, 2026, p. 43.
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