Desde hace días me alarma ver el auge de noticias sobre casos de estafas en la compra de propiedades inmobiliarias. La capacidad delictiva intelectual que llega a desarrollar una persona para engañar a otra, haciéndole creer un evento quimérico que nunca pasará a fin de hacerse entregar altas sumas de valores, no deja de sorprenderme. Y lo sé yo más que bien, ya que me cuento entre ese grupo de personas que creyó en el compromiso, palabra y seriedad de otro para la compra de un inmueble, pero que al final son sólo gente que juegan con la mente de uno sabiendo en el fondo que nunca entregarán lo que prometen.
Frente a un escenario así, el perjudicado se mantiene firme y permanente, peleando por sus derechos hasta la última consecuencia. Al final lo que busca es obtener lo que debió ser una compra fácil y segura, la propiedad inmobiliaria, pero como eso no sucedió, necesita ir ante el sistema de justicia para abogar por su derecho, hacerlo valer, que se le proteja y que se haga justicia. Eso constituiría lo que sería el segundo escenario más idóneo ya que el primero que debió ser la compra segura y fácil no sucedió, pero aún así, ese segundo escenario sería demasiado pedir ante la realidad que caracteriza el sistema de justicia de RD.
Hoy, 10 años después de mi caso, sin respuesta del sistema de justicia ni de parte de la constructora, me pregunto qué hacer. Como al final se trata de un caso de acción pública a instancia privada donde la posibilidad de un arreglo extrajudicial se puede en todo momento, se ha traído a la mesa una posible negociación y acuerdo con la constructora, a fin de que por fin entreguen legalmente los documentos de la propiedad y prescindamos de toda acción legal.
En principio, esta opción sonaría como una salida y solución viable ya que lo que quiero y busco, como cualquier persona que compra una propiedad inmobiliaria, es el inmueble; pero a la vez, moralmente hablando, me indigna “negociar” con delincuentes, los que me han engañado durante tantos años y a quienes de hecho no les guardo el más mínimo respeto ni confianza. Al mismo tiempo veo y me pregunto, ¿el sistema de justicia me ha dado otra opción?
De momento me causa el inmenso deseo de tirar la toalla y cerrar este capítulo de mi vida, comenzar de cero, olvidando esos años de martirio, impotencia, incertidumbre y dolor, dejando que el sistema haga lo que quiera, si es que hace algo… Pero definitivamente no; de rendirme no estoy hecha, yo me muero o sobrevivo en la batalla, batallando. A todo esto, también me pregunto, ¿qué está haciendo el Estado dominicano para controlar y frenar estos hechos?
Gran parte de mi familia reside en EU donde comprar y obtener propiedades inmobiliarias es una transacción sumamente segura. Mi cuñado, un agente de bienes raíces e inversionista de gran influencia en la ciudad Grand Rapids, Michigan, es también un gran inversionista con numerosas propiedades inmobiliarias, centros comerciales y restaurantes en ese país, y nunca se ha visto ni cerca de lidiar en un caso como el mío; a boca llena él dice que le teme invertir aquí, en su país natal, tristemente por el caso que ha visto me ha tocado vivir.
¿Cuántos otros casos más existirán así? ¿Cómo es posible que lleguemos a un estándar que causa temor en la inversión extranjera por el despliegue de estafas inmobiliarias que desde hace tiempo está yendo en aumento en RD? Pero más que todo lo que hay que preguntarse es ¿qué piensa hacer de manera radical el Estado Dominicano para que esto ya no pase?
Si, algunos dirán que se han tomado medidas con la creación de la Ley de Fideicomiso, pero si observamos, aún con dicha ley, los casos de estafa siguen pasando. Y no es cuestión de buscar culpables entre los compradores porque no lo son y no lo somos, es que el Estado Dominicano debe filtrar y depurar a esas supuestas constructoras a quienes les autoriza y permite desarrollar proyectos que al final, es parte del entramado para la estafa. Es el Estado Dominicano el que debe garantizar a sus ciudadanos la seguridad en la compra de vivienda a una constructora a quien le ha otorgado autorización y permiso legal para desarrollar propiedades inmobiliarias.
Si lo analizamos con lupa, el Estado Dominicano resulta tan culpable como las constructoras que se agrupan y se formalizan sólo para estafar, ya que, por la falta de rigores, estándares de seguridad y debilidad en los procesos protocolares del Estado, les resulta fácil engañar a otros y enriquecerse ilícitamente. A todo esto, le sumamos la ausencia de régimen de consecuencias severas para los estafadores, cuando vemos que en el código penal dominicano el delito de estafa está penalizado con sólo 2 años de prisión como pena máxima:
Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico.
La estafa es un tipo de robo o crimen contra la propiedad o el patrimonio; lo comete aquél que con ánimo de lucro, utiliza un gran engaño para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Nuestra imagen como país se ve afectada por la falta de protección de los derechos de sus ciudadanos; de aquél que quiere desarrollar su vida, pero al que no le protegen sus derechos para hacer posible ese desarrollo. La declaración universal de derechos humanos de 1948 trajo consigo el reconocimiento de los derechos fundamentales que hacen posible el desarrollo y autonomía de la persona en su vida social: valores como la dignidad, la libertad, la igualdad calan profundamente en el desarrollo del ser humano y su convivencia en la sociedad, reconociendo entre sus derechos el acceso a una vivienda.
Qué vergüenza siento como dominicana ver el aumento de casos de estafa inmobiliaria, no sólo porque me haya pasado a mí, sino porque más que de justicia son casos caso de gran impacto social; es algo que no se concibe le puede pasar a nadie en un Estado llamado democrático y de “derecho”.
Yo quiero pensar que el Estado Dominicano y sus autoridades competentes están trabajando ardua y estratégicamente para que más casos de estafa inmobiliaria no pasen, que no haya ni una brecha; que están trabajando en el robustecimiento y fortalecimiento de sus instituciones, sus procesos internos, garantizando a sus ciudadanos y a cualquier persona que quiera invertir en RD su derecho, su inversión, el desarrollo normal de su vida en una sociedad.
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