Un padre decide comprar un apartamento para sus dos hijos menores de edad. Él paga la totalidad del precio, pero quiere que el inmueble se registre directamente a nombre de ellos. No persigue una operación sofisticada: busca asegurarles un patrimonio. La decisión parece sencilla hasta que surge una pregunta incómoda: si mañana necesita vender ese apartamento, ¿podrá hacerlo?

El caso revela una distinción esencial: financiar una adquisición no equivale a conservar la propiedad. Los menores pueden ser titulares de derechos, aunque deban actuar mediante sus representantes legales. Y una vez que el inmueble ingresa a su patrimonio, los padres no pueden disponer de él como si fuese propio.

El Código Civil establece reglas diferenciadas para la administración legal y la tutela; su artículo 457 restringe determinados actos de disposición realizados por el tutor. A ello se suma el régimen de protección previsto en la Ley 136-03, incluido su artículo 199, cuyas previsiones deben aplicarse según la situación concreta de representación y no como una autorización judicial idéntica para todos los casos.

El asunto se vuelve más interesante cuando examinamos el origen de los fondos. Si el vendedor recibe el precio del padre, pero transmite el inmueble a sus hijos, existe una compraventa frente al vendedor. ¿Existe, además, una liberalidad del padre a los menores? ¿Se donó dinero, se produjo una donación indirecta o corresponde otra calificación? La respuesta no depende únicamente del nombre que las partes den al contrato.

No se trata de una hipótesis puramente académica. En una sentencia del 9 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia conoció un litigio en el que se discutió si una compraventa inmobiliaria a favor de dos menores encubría una donación. El fallo no resolvió definitivamente esa calificación; sí ilustra por qué la procedencia del dinero y la realidad de la operación pueden convertirse en cuestiones litigiosas.

El debate adquiere actualidad con la Ley 30-26. La reforma equiparó al 3 % la tasa aplicable a los supuestos de donación comprendidos en el artículo 17 de la Ley 2569, conforme a las condiciones legales. También introdujo una exención vinculada al mínimo exento del impuesto sobre la renta, con acumulación de las donaciones sucesivas efectuadas por una persona a favor de otra durante el año. En materia sucesoral, incorporó nuevos umbrales de exención, particularmente relevantes para transmisiones familiares de menor cuantía.

Son avances que favorecen la planificación intergeneracional. Pero conviene evitar atajos interpretativos: la compra financiada por los padres no queda automáticamente comprendida en la tasa reducida, ni la eventual existencia de una donación elimina, por sí sola, el análisis del impuesto de transferencia inmobiliaria.

Hay, además, una cuestión administrativa que merece una respuesta pública. El catálogo oficial de la DGII prevé requisitos expresos para transferir inmuebles a menores de edad. Sin embargo, una respuesta de su Comunidad de Ayuda indica que, por la incapacidad contractual del menor, la transferencia debe efectuarse a nombre del padre, tutor o representante legal.

¿Habla la DGII de quién debe comparecer y gestionar el trámite, o de quién debe figurar finalmente como propietario? No es una sutileza terminológica. Confundir representación con titularidad podría alterar el resultado patrimonial que la familia pretende alcanzar. Una respuesta aislada tampoco basta para establecer una prohibición general: precisamente por eso se requiere claridad institucional.

A mi juicio, adquirir directamente a nombre de los hijos puede ser una alternativa legítima, pero exige documentar los fondos, definir el tratamiento tributario y prever las restricciones a una futura venta o hipoteca. La reforma fiscal abre oportunidades; su aprovechamiento exige certeza sobre cómo se ejecutan.

La pregunta para la DGII y los operadores jurídicos es concreta: si nuestro derecho permite que un menor sea propietario, ¿por qué debería una familia depender de interpretaciones administrativas ambiguas para saber cómo inscribir una adquisición realizada a su favor?

Montserrat Viñals

Montserrat Viñals Prestol es abogada especializada en consultoría de negocios en las áreas corporativa y fiscal. Con más de 16 años de experiencia, ha enfocado su práctica en derecho corporativo, tributario, aduanero, cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos, fideicomisos, inversión extranjera, zonas francas y regímenes especiales. Es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI).

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