Las advertencias de Thomas Piketty sobre la desigualdad merecen discutirse, aun cuando no se compartan sus recetas. La historia enseña con crudeza que cuando los privilegios se tornan intocables, el Estado pierde capacidad de respuesta y las mayorías sienten que solo aportan sin recibir oportunidades, la cohesión social se resquebraja.
La Revolución francesa respondió a causas múltiples: crisis fiscal, privilegios estamentales, desabastecimiento y asfixia política. Reducirla a una simple revuelta contra los ricos sería tan miope como ignorar la desigualdad que encendió la mecha.
La República Dominicana no es aquella Francia prerrevolucionaria, pero ninguna sociedad es inmune a la acumulación de tensiones. En democracia, las tensiones acumuladas también encuentran salida electoral. Cuando las instituciones dejan de responder, el hastío ciudadano puede abrir paso a discursos mesiánicos y aventuras populistas cuyos costos terminamos pagando todos. Aquí el símil no es la insurrección en las calles: es la rosca. Se puede apretar la tuerca durante años creyendo que el metal resiste todo, hasta que el hilo cede y la rosca se corre.
¿Cuál es nuestra tuerca? La brecha persistente entre lo que la macroeconomía exhibe y lo que las familias experimentan: la escuela que no enseña destrezas útiles, el hospital que no resuelve, el empleo que no saca de la precariedad y el pequeño negocio que compensa de su propio bolsillo las deficiencias de los servicios básicos.
En 2025, el gasto tributario fue reestimado en RD$377,728 millones, equivalentes al 4.74 % del PIB proyectado, mientras el gasto de capital apenas cerró en 2.6 % del PIB. Ese contraste obliga a revisar cuánto sacrificamos en ingresos y cuánto destinamos a construir capacidades productivas. Es cierto que las exenciones no equivalen a dinero líquido recuperable por arte de magia: muchas protegen la canasta básica o impulsan sectores estratégicos. Pero precisamente por eso urge auditarlas: para blindar las que generan valor colectivo y desmontar las que solo perpetúan rentas particulares.
La salida no radica en satanizar la libre empresa ni en improvisar parches tributarios sobre el consumo. Exige adoptar los postulados del Desarrollismo Democrático: un Estado austero y liviano en burocracia, pero robusto y eficaz en sus funciones sustantivas; un Estado que pode el gasto corriente improductivo para multiplicar la inversión pública de alto rendimiento y apalancar la inversión nacional y extranjera.
Ajustar el gasto corriente requiere bisturí fino, no hacha. Salarios dignos para médicos y maestros, compra de insumos y mantenimiento de infraestructura son gasto corriente vital. El recorte debe caer sobre la duplicidad institucional, las nóminas clientelares y los procesos de compras viciados. Ahorrar deteriorando servicios esenciales no es disciplina fiscal: es transferirle la factura a los más vulnerables.
Cada peso rescatado de la ineficiencia debe volcarse a infraestructura estratégica, capital humano y tecnología. Una vía que conecta productores con centros logísticos, una red eléctrica confiable o una formación técnica alineada a la industria moderna, bien diseñadas y ejecutadas, pueden generar elevados retornos económicos y sociales.
La hoja de ruta ya es mandato legal: la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12). Duplicar el PIB mediante Meta RD 2036, impulsada por el Decreto 337-24, es una aspiración válida, pero no puede servir de pretexto para relegar la END ni posponer sus compromisos. La meta no sustituye la ruta: crecer exige cumplirla, y el crecimiento pierde sentido social si no distribuye mejor la riqueza y amplía las oportunidades de participar en su generación y beneficios. Sus cuatro ejes articulan esta visión en decisiones verificables:
Eje Institucional: Seguridad jurídica, imperio de la ley y reglas predecibles para desatar la inversión, junto a una administración profesional, protegida del clientelismo, que impida la captura de las decisiones públicas por intereses particulares, corporativos o partidarios.
Eje Social: Igualdad de oportunidades reales. La riqueza se distribuye mejor cuando más ciudadanos cuentan con las capacidades para generarla: salud oportuna, educación de calidad y protección social orientada a resultados medibles, no al mero cumplimiento burocrático del presupuesto.
Eje Productivo: Competitividad sistémica. El Estado debe invertir donde reduce costos transversales: agua, energía, transporte y conectividad. La inversión extranjera debe generar encadenamientos locales, transferencia tecnológica y empleos de calidad. En este eje, transformar el régimen de las mipymes es impostergable: aportan el 32 % del PIB y generan el 61.6 % del empleo (Encuesta Nacional 2022–2023). Merecen tributación simple y proporcional, simplificación de trámites, crédito con garantías y normas prudenciales acordes a su realidad, y una transición viable hacia la seguridad social. Más empresas y empleos formales, con mayor productividad y mejores ingresos, amplían el poder adquisitivo y generan negocios para pequeños y grandes empresarios. Menos cargas sobre una base más amplia, formal y productiva pueden aumentar la recaudación y democratizar el crecimiento.
Eje Ambiental: Sostenibilidad y resiliencia climática. Proteger cuencas hidrográficas, blindar infraestructuras críticas y avanzar en transición energética no son partidas accesorias: son salvaguardas económicas para no pagar dos veces por obras que cada temporal destruye.
La coherencia interna de este modelo requiere también dos pilares de soberanía: en lo externo, una inserción comercial inteligente y pragmática, sin alineamientos automáticos que lesionen el interés nacional; en lo interno, una gestión migratoria rigurosa y ordenada en frontera y centros de trabajo, con respeto a la dignidad humana, porque la soberanía territorial es indispensable para planificar los servicios y saldar primero nuestras propias deudas sociales.
Todo converge en el postergado Pacto Fiscal previsto en la END. Su legitimidad dependerá de su punto de partida: evaluar la calidad del gasto, extirpar privilegios injustificados y combatir con firmeza el fraude y la elusión abusiva. Exigir mayores sacrificios a los contribuyentes cautivos sin demostrar pulcritud en el manejo de los fondos públicos solo profundizará el divorcio entre gobernantes y gobernados.
El liderazgo político y los sectores de mayor influencia económica todavía están a tiempo de rectificar. Continuar apretando la carga sobre los hombros de siempre terminará por barrer el hilo de la cohesión social y abrir de par en par las puertas al desencanto antisistema. Antes de que se corra la rosca, transformemos el crecimiento de las cifras en un desarrollo tangible que la gente pueda vivir.
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