Algunos competidores turísticos regionales tienen sus planes de desarrollo turístico. Nosotros no lo tenemos y, en consecuencia, la gestión pública depende de la percepción del ministro del ramo para establecer las prioridades. De los reportes de prensa sobre las actividades del actual ministro se deduce que las prioridades públicas las determinan los agentes privados. Pero la racionalidad exige que la gestión pública sectorial debe equilibrar los intereses privados con los colectivos.
La mejor gestión pública es aquella que responde a una planificación deliberada que refleje los dictados de la racionalidad y la defensa de los intereses colectivos. Hoy en Cancún, Costa Rica, Panamá, Colombia y Jamaica existen planes para guiar la gestión pública del sector turístico (y Cuba tiene un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 que establece las pautas del desarrollo turístico). Pero en la RD la planificación del desarrollo turístico nunca ha sido una prioridad ministerial. Aunque a través de los años y de las diversas incumbencias de la cartera turística se han elaborado planes, nunca se han aplicado de manera sistemática.
La mayoría de las veces los empresarios son los que han trazado las pautas de la gestión pública sectorial. En general, los ministros del ramo han carecido del conocimiento sobre el sector y se han visto compelidos a llevarse de los empresarios. Porque casi todos los incumbentes de la cartera turística han sido políticos metidos a improvisados gerentes públicos, atender las peticiones del empresariado ha sido su estrategia política más conveniente. Estas peticiones siempre han reclamado acciones para favorecer sus intereses. Y por eso la prioridades de la gestión pública han estado centradas en los incentivos fiscales, la promoción internacional y las obras de infraestructura básica en los polos.
Se ha dado el paradójico caso de que ASONAHORES ha pedido en varias ocasiones un plan nacional de desarrollo sectorial, pero a esa petición se la ha llevado el viento. En días recientes, y como era de esperarse, una declaración de su actual presidente reclama la permanencia de los incentivos fiscales ante la perspectiva de que una reforma fiscal los elimine. La declaración confronta el argumento de que, al ser la industria turística ya madura, no se justifica su mantenimiento porque los incentivos fiscales se conciben como un apoyo a las industrias nacientes. Estas deben ser apoyadas y/o protegidas hasta tanto sean viables sin eso, lo cual es ya el caso en nuestro destino turístico.
El ingenioso argumento del presidente de ASONAHORES no deja de tener gracia: “Decir que el sector ya llegó a donde tenía que llegar, digamos, en su nivel de madurez, seria no tener una visión de largo plazo de lo que pudiéramos todavía esperar para el sector turístico. Soy de los que piensa que, si podemos celebrar los 10 millones de turistas, ¿Por qué no podemos celebrar los 15 millones y, así, mucho más?” En otras palabras, la necesidad de retener el sistema de incentivos fiscales al turismo esta siendo justificado como necesario para atraer la inversión, no para apuntalar la rentabilidad de las inversiones existentes.
Pero hace años que todas las agencias multilaterales coinciden en que los incentivos turísticos deben eliminarse, tanto porque las finanzas públicas deben fortalecerse como porque se ha demostrado que no juegan un papel determinante en la decisión de la inversión. Un estudio del MEPyD del 2017 sobre los incentivos concluyó: “Como en el caso del turismo, es muy posible que gran parte de los incentivos que se están ofreciendo sean totalmente redundantes. Esto es, que la instalación de las empresas foráneas está respondiendo a otros criterios, más basados en las condiciones de competitividad que a los meros incentivos tributarios.” Y un estudio reciente de la Fundacion Friedrich Ebert demuestra que los incentivos fiscales no son decisivos para inducir la inversión en el sector.
Pero tampoco esos incentivos han logrado el desarrollo de las provincias menos favorecidas por el turismo. El estudio de la Fundación lo destaca: “A pesar de la apertura de las exenciones a todo el territorio nacional con la Ley 195-13, en la quinta reforma, no han sido desarrolladas turísticamente provincias distintas. Por el contrario, la oferta hotelera se ha afianzado en los destinos tradicionales. De este modo, se pone en evidencia que la Ley 158-01 no ha cumplido el objetivo de su creación, y además supone importantes costos fiscales que no corresponden con los beneficios generados en términos de inversión y empleo. Por lo tanto, la política de incentivo permanece en el tiempo solo para perpetuar estrategias fiscales de evasión y elusión que llevan a cabo las empresas para pagar menos impuestos.” En el 2022 el “gasto tributario” del sector turístico –o el monto dejado de pagar al fisco por los incentivos fiscales—ascendió a los RD$7,594 millones (o unos US$133 millones).
Los empresarios turísticos no pueden alegar que pagan impuestos porque cobren a los turistas el ITBIS. Ellos en eso son simples agentes de retención. De cualquier modo, las decisiones finales sobre la materia impositiva para el sector están en manos del Ministerio de Hacienda, el cual diseñará una estrategia tomando en cuenta la política general de incentivos fiscales que debe existir. No sería ni el MITUR ni ninguna otra instancia gubernamental los que tomarán decisiones. El MITUR no es juez competente para decidir cuestiones de justicia distributiva en materia fiscal.
Algo similar pasa con las prácticas promocionales que encabeza el actual ministro. ASONAHORES se manifiesta favorable a la “fidelización” de agentes de viajes y turoperadores que supuestamente se consigue con los “road shows” que ha protagonizado el MITUR, pero esa práctica ha perdido vigencia con el desplazamiento de los potenciales turistas hacia las agencias en línea. “Los canales de la promoción internacional de un destino turístico están cambiando. En tiempos recientes las prácticas de promocionarse a través de los intermediarios –agencias de viajes, turoperadores, líneas aéreas, cruceros—han migrado hacia los medios digitales. Esto ha llevado a que los viajeros potenciales acudan mayormente a las agencias de viajes en línea –online travel agencies, OTA- y no dependan de los intermediarios tradicionales. La reconfiguración (o desaparición) de estos últimos es ya predecible y nuestro MITUR debe obtemperar a esta realidad.”
Sin embargo, ni los “road shows”, ni las asistencias a las ferias turísticas internacionales ni las 23 oficinas dominicanas de promoción turística en el exterior son canales totalmente obsoletos. Lo que se requiere es una drástica reducción de su importancia en la estrategia de promoción internacional del MITUR. Esto así porque nuestra industria turística ya ha alcanzado un grado de madurez suficiente como para no tener que depender ni de los incentivos fiscales ni de la promoción estatal. Al igual que en otros sectores de la economía, son los empresarios los que deben protagonizar y financiar sus campañas promocionales para rentabilizar sus inversiones.
Es justo reconocer, sin embargo, que el Estado no siempre ha cumplido con las peticiones que sobre los servicios básicos de infraestructura han formulado los empresarios. Mientras en Puerto Plata el Estado realizó las obras necesarias para el despegue turístico, en Bávaro-Punta Cana, un polo que posee 50,000+ de las 86,000 habitaciones hoteleras existentes, la participación del Estado en obras de infraestructura ha sido escasa. Por eso se justificaría que, una vez el Ministerio de Hacienda haya decidido la reducción o eliminación de los incentivos fiscales del sector, se considere la posibilidad de que se apliquen los recursos captados del sector durante los primeros cinco años para financiar un Plan de Embellecimiento y Desarrollo Urbano de ese polo turístico.
La participación de los empresarios en la definición de las prioridades de la gestión pública para el sector turístico no debe cesar. Es legítimo que pretendan defender sus intereses y “halar para su lado”. También debe reconocerse que la sujeción del actual ministro de Turismo a las prioridades de los agentes privados solo reproduce la actuación de sus predecesores. Pero en ausencia de un plan de desarrollo turístico que ponga los intereses colectivos por encima de los privados, el actual ministro del ramo debe girar su quehacer para privilegiar los intereses colectivos. Su actual gestión debe centrarse en el mejoramiento del producto turístico. Y el partido que gane las próximas elecciones presidenciales deberá actuar en consecuencia.