De cara a los retos de su desarrollo, intuitivamente se deduce que al país le conviene profundizar su especialización como destino turístico. En tal sentido, la estrategia a seguir debe enfocarse en la consolidación del producto turístico como primera prioridad, fortaleciendo la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, la creación de atractivos y abordando algunos proyectos especiales. A continuación se identifican las intervenciones que hoy ameritan ser priorizadas y que demandan iniciativas gubernamentales y/o alianzas público-privadas.
En materia de infraestructura el presente gobierno ha acometido proyectos de gran envergadura que deben recibir alta prioridad por el benéfico impacto de sus respectivas derramas económicas. Se trata de los proyectos de Cabo Rojo y Punta Bergantín, además de apresurar la ejecución del proyecto del Centro Histórico de Santo Domingo. Se requiere también que el gobierno destrabe el desarrollo de Sans Souci y de Boca Chica, impulsando de paso el desarrollo de un centro de convenciones capitalino. Otras obras prioritarias incluyen la habilitación para cruceros de los puertos de Arroyo Barril y Barahona y un empalme de la Autopista de Samaná con Sabana de la Mar.
En materia ambiental lo más urgente es la remediación del Acuífero del Este. De cara al esperado crecimiento de la planta hotelera en el tramo Macao-Miches y la densificación de Bávaro-Punta Cana es preciso que el gobierno y los hoteleros aúnen esfuerzos para desarrollar una gigantesca planta de desalinización. (Las aguas superficiales no serán suficientes.) Una segunda prioridad le tocaría a sendas plantas de reciclaje y transformación de los residuos sólidos en Bávaro-Punta Cana, Sosua-Cabarete y Las Terrenas. Aptos complementos serían 1) planta de transformación del sargazo, 2) el desarrollo del alcantarillado de Verón y 3) un proyecto de embellecimiento de las carreteras de la Costa Este.
En cuanto a los atractivos que ayudarían a diversificar el producto turístico está pendiente el desarrollo de un proyecto para dotar de infraestructura y servicios a una docena de las más visitadas áreas protegidas. De igual modo, se necesita un proyecto para poner en valor y ofertar como atractivos a los sitios y reliquias históricas de nuestro patrimonio histórico-cultural. Para que los turistas extranjeros sean atraídos a lugares del interior también debe acometerse un proyecto que remoce y adecue los 20 principales balnearios de río donde acude el pueblo llano. Algo similar debe hacerse con la playa de Najayo-Palenque, a fin de que también puedan atraer extranjeros.
No menos importante es que el gobierno propicie el desarrollo de otros atractivos de envergadura. Un ejemplo seria el de un parque temático en la Isla Catalina, cuya designación como área protegida en la categoría de Monumento Natural no impediría su utilización para esos fines. Similar situación se da con un teleférico al Pico Duarte, el cual esta enclavado en un parque nacional, pero según me informan, los ambientalistas no objetarían porque consideran que no haría daño al ambiente. En alianza público-privada se podría también desarrollar un Centro Cultural en Punta Cana, lo cual sería prácticamente una visita obligada para muchos visitantes del área.
Otras iniciativas deseables que fortalecerían el producto turístico incluyen el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia La Altagracia, el proyecto de Destino Inteligente (que ser desarrollaría con la colaboración de SEGGITTUR (Espana) y el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Bahía Las Calderas, a fin de propiciar el desarrollo del turismo náutico.
Naturalmente, los proyectos más arriba identificados tendrían un costo apreciable para el fisco y en los actuales momentos parecen descabellados porque no se dispondría de recursos presupuestarios para acometerlos todos. En gruesos estimados las obras de infraestructura requerirían US$1,200 millones (asumiendo que el Estado deba construir hoteles semillas en Cabo Rojo y Bergantín), las ambientales US$520, las de atractivos unos US$100 y las demás unos US$50 millones. En total son casi US$2,000 millones, una suma que podría prorratearse para ser gastada en un periodo de cinco años (es decir, en promedio unos US$400 millones).
¿De dónde provendrían los fondos para financiar este programa de consolidación del producto turístico? Una fuente que podría usarse es la correspondiente a la venta de los hoteles del Estado, pero eso solo proveería unos US$150 millones. Una segunda fuente sería el aumento de la Tarjeta de Turista, la cual todavía se valora en US$10 por persona y su valor no ha sido cambiado desde hace 34 anos. (En Quintana Roo, México los turistas pagan un Visitax de US$10 y las empresas que lo llevan US$15.) Pero estas opciones podrían satisfacer los montos requeridos, aun si se toman en conjunto. Por eso no debe descartarse el uso de los bonos soberanos, de llegar a ser necesarios.
Obviamente, si el mismo sector turístico debe proveer los fondos necesarios quedaría la opción de los impuestos que podrían cobrarse como consecuencia de la eliminación de los incentivos fiscales vigentes sobre los proyectos hoteleros y de otra índole. (El Ministerio de Hacienda estimo en el 2016 que esas exenciones alcanzaban unos RD$5,000 millones anualmente, o sea, menos de US$100 millones.) Pero optar por esta medida tendría que ser consensuada con las autoridades fiscales y las empresas del sector, algo que tendrá que hacerse una vez el gobierno estime que existen las condiciones para acometer la cacareada reforma fiscal.
De cualquier modo, tanto la identificación de las posibles intervenciones como el monto de los fondos requeridos son aproximaciones gruesas. (Es seguro que habrá otras intervenciones deseables y que los montos de la inversión pública requerida podrían variar, especialmente si algunas de las obras se acometen en la modalidad de la alianza público-privada.) Su utilidad es que proveen una idea rápida de los requisitos vigentes para la consolidación del producto turístico en la actual coyuntura. Un análisis más detallado y profundo requeriría examinar los proyectos visualizados en el Sistema Nacional de Inversión Publica del Ministerio de Economía y consultar con el empresariado del ramo para conocer sus urgencias.
Para la política pública, lo que no puede cambiarse es la prioridad de consolidación del producto turístico. Atención a la misma implicará no solo una mayor derrama económica de la actividad turística para ampliar los segmentos de la población que se beneficien del turismo, sino también una mayor posibilidad de transformar el “todo incluido” para que los paquetes turísticos puedan incorporar la visita a lugares y atractivos del interior. Todo ello nos hará mas competitivo en el mercado turístico internacional.