El señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, se reunió la pasada semana con su equipo de gobierno, en procura de buscarle una solución a la actual crisis económica, agravada por el aumento del precio del petróleo, a raíz del conflicto armado que se viene librando entre los Estados Unidos, Israel e Irán.
Entre algunas de las medidas anunciadas en dicha reunión, se citan la reducción del 50 % de las asignaciones de los recursos correspondientes a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, las cuales están contempladas en la Ley 33-18.
Este año, la Junta Central Electoral debe entregar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas la suma de seiscientos millones de pesos, de acuerdo a lo que está estipulado en dicha ley. Si se le reduce el 50 % a dicha asignación, esto apenas representa unos 800 millones de pesos, algo muy insignificante, ya que el gobierno requiere la suma de unos 40 mil millones de pesos para tratar de mitigar dicha crisis.
Para que esta decisión sea aprobada, debe hacerse por medio de otra ley, pues ninguna normativa puede ser modificada o sustituida mediante un decreto presidencial, por lo que ya esta decisión se cae por improcedente.
Esta decisión solo beneficia al partido de gobierno, al Revolucionario Moderno (PRM), pues este no va a requerir de estos recursos económicos, ya que su campaña será financiada por todas las instituciones públicas, tal como lo hizo en la campaña para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024, que además de utilizar los recursos provenientes de los préstamos internacionales de Aerodom, también fue financiada por dichas instituciones públicas, en su intenso afán de obtener una mayoría aplastante de alcaldes, diputados y senadores, recursos que hoy le están faltando al gobierno, y que tenemos que pagar todos los dominicanos.
Esto fue confirmado por un alto dirigente de ese partido quien lamentablemente ya partió de este mundo, el ing. Ramón Alburquerque, quien había informado que a él su partido le había entregado unos 500 millones de pesos para ser distribuidos a cada candidato a senador, criticando luego que ni siquiera fueron capaces de darle las gracias. Debido a esos recursos, este partido obtuvo esa gran cantidad de senadores y diputados en esas elecciones.
Siempre nos hemos opuesto a la gran proliferación de partidos, movimientos y agrupaciones políticas existentes en el país. Sugerimos que, para disminuir la cantidad de los mismos, los recursos asignados sean distribuidos en base a la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones, pues no es posible que una agrupación o partido que obtenga un 35 % de los votos emitidos reciba igual cantidad que un partido o agrupación que apenas obtenga un 5 %, y que luego también sea reconocido como un partido mayoritario.
Esta medida en nada va a resolver el problema de la actual crisis económica. El gobierno tiene que enfrentarla tomando medidas drásticas, trascendentales, aunque tenga que pagar un alto costo político, como son: la recuperación de los casi 40 mil millones de pesos del fraude del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y el ocurrido en otras instituciones del Estado; la persecución y recuperación de gran parte de la evasión fiscal existente, que según la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ronda el 45 % del PIB.
No podemos continuar agarrando el rábano por las hojas, pues el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Otra forma de obtener los recursos necesarios para reducir el gran déficit fiscal y para poder mitigar la actual crisis económica del país, que cada vez se incrementa más, es tratar de reducir los gastos corrientes del gobierno (nóminas, las enormes pensiones inmerecidas, gastos superfluos, publicidad excesiva); también, utilizando parte de las reservas de los 15 mil millones de dólares que tiene el gobierno.
Con estas medidas el gobierno puede obtener, no solo 40 mil millones, sino 80 mil millones de pesos para enfrentar dicha crisis.
La población no puede seguir cargando con los errores del gobierno ni con el sacrificio de la crisis. Toda crisis económica genera un alto costo político, pero es el gobierno quien debe asumirlo.
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