El gobierno de Santo Domingo durante la dominación haitiana (1822-1844)

Jerome Maximilien Borgellá (1773-1844): el sátrapa del departamento del Ozama

Jerome Maximilien Borgellá no perteneció al orden de los letrados, sino al de aquellos hombres forjados en la violencia de su siglo, donde la autoridad nacía del mando y se consolidaba en la apropiación. Nacido en 1773, en el occidente aún francés de la isla, su juventud transcurrió en el torbellino de la revolución colonial, al lado de los affranchis que aspiraban a una igualdad siempre disputada. Sirvió como artillero en la Legión de la Igualdad, ascendió con disciplina y cálculo hasta capitán de Dragones y, hacia 1799, ya figuraba como jefe de escuadrón y comandante de la escolta de André Rigaud, cuya causa sureña —hostil a la hegemonía de Toussaint Louverture— marcaría decisivamente su formación política. A la muerte de Rigaud, Borgellá emergió como jefe del efímero gobierno separatista del Sur, hasta que la reunificación bajo Alexandre Pétion le aseguró una vasta concesión de tierras; no obstante, más que la propiedad, lo definió desde entonces la voluntad de dominio.

Cuando Jean-Pierre Boyer ocupó la parte oriental en 1822, Borgellá fue designado comandante del Ozama. Llegó a Santo Domingo sin retórica, pero con un programa tácito: convertir la autoridad militar en instrumento de acumulación. La ciudad y su hinterland devinieron, bajo su égida, un espacio de transferencia forzada de riqueza. Las familias dominicanas, empujadas por el miedo, el exilio o la incertidumbre jurídica, enajenaban sus bienes a precios ínfimos; a precio de vaca muerta, Borgellá, anticipándose incluso a la ley del 8 de julio de 1824 que confiscaba las propiedades de los ausentes, se apoderó de ingenios y haciendas, consolidando después tales actos bajo el amparo legal. No se trató de episodios aislados, sino de una práctica sistemática, inscrita en una lógica predatoria donde la ley sancionaba lo ya consumado.

En esta maquinaria, los notarios locales desempeñaron un papel decisivo. En despachos como los de Troncoso y Solano —donde el español persistía como lengua de uso— se formalizaron decenas de actos en los que Borgellá figuraba como adquiriente. La desproporción entre el valor real de los bienes y los precios consignados revela una economía de despojo legalizado. A cambio de su docilidad, estos notarios conservaron cargos y estabilidad, convirtiéndose en intermediarios de un orden que desnaturalizaba la función notarial para ponerla al servicio de la expoliación.

Pero la apropiación de la tierra exigía su explotación. Borgellá organizó un régimen agrario de carácter cuasimilitar, apoyándose en soldados-cultivadores y campesinos movilizados coercitivamente, práctica luego institucionalizada por el Código Rural de 1826. En ingenios como el de Basora, el trabajo se realizaba bajo vigilancia armada, sin garantías contractuales, en una economía donde la coerción sustituía al salario. Así, la producción azucarera se sostuvo sobre una forma de trabajo que, sin ser jurídicamente esclava, reproducía muchos de sus mecanismos.

Paralelamente, su control sobre las rentas públicas le permitió intervenir en los circuitos fiscales. Impuestos territoriales, derechos portuarios y patentes eran, en parte, desviados antes de su ingreso en la tesorería central, configurando una administración donde la frontera entre lo público y lo privado se disolvía en beneficio del comandante. Esta práctica, denunciada por contemporáneos como abiertamente predatoria, consolidó una fortuna que abarcaba propiedades urbanas —incluida su residencia principal en la Plaza Mayor—, múltiples ingenios, plantaciones en las riberas del Ozama y un bergantín destinado al transporte de sus productos.

La cuestión lingüística ilustra, asimismo, el carácter pragmático de su gobierno. Aunque la legislación haitiana imponía el francés como lengua oficial de los actos públicos desde 1825, en Santo Domingo el español continuó siendo el vehículo de los protocolos notariales. Borgellá toleró esta anomalía, validando documentos mediante intérpretes judiciales, en una suerte de dualidad funcional: el francés para la legalidad formal del Estado; el español para la operatividad cotidiana de los negocios. Tal práctica no solo evidenciaba la fragilidad de la política lingüística, sino también la capacidad de adaptación de una administración que privilegiaba la eficacia sobre la ortodoxia.

Su ejercicio del poder fue, en esencia, militar. La represión de la conspiración de Los Alcarrizos en 1824 —con sentencias capitales dictadas bajo su influencia directa— mostró los límites de la disidencia en un régimen donde la justicia civil actuaba subordinada al mando castrense. Al mismo tiempo, la cooptación de sectores de la élite dominicana, integrados en redes administrativas o incluso en logias como la Constante Unión n.º 8, permitió articular un sistema de colaboración que mitigaba la resistencia abierta, aunque no la eliminaba.

La Iglesia, por su parte, sufrió las consecuencias de la política de incautación de bienes. El arzobispo Pedro Valera y Jiménez, opuesto a las presiones del régimen, terminó exiliado tras rechazar los intentos de cooptación. Este episodio revela que la dominación borgelliana no se limitó al ámbito económico, sino que alcanzó también las estructuras simbólicas de la sociedad.

En 1832, llamado por Boyer, Borgellá abandonó la parte oriental, recibiendo una compensación de 40.000 dólares por sus propiedades. Su posterior trayectoria —la comandancia en Los Cayos, la intervención en Baní en 1839, el exilio tras la caída de Boyer en 1843 y su muerte en 1844— muestra el declive de una figura cuya influencia estuvo ligada a las condiciones excepcionales de la ocupación.

Considerado en perspectiva, Borgellá encarna una tipología precisa del mundo posrevolucionario antillano: la del militar-administrador que convierte la autoridad en patrimonio y la ley en instrumento. Su fortuna no fue un accidente, sino el resultado de una convergencia entre poder armado, vacíos institucionales y complicidades locales. Bajo su mando, la ocupación adquirió un rostro concreto: el de una administración que, entre la coerción y la astucia, transformó el territorio en objeto de explotación. Y aunque su nombre no figure entre los grandes arquitectos ideológicos de su tiempo, su acción revela, con singular nitidez, los mecanismos cotidianos mediante los cuales se ejerce y se perpetúa el dominio.

Philippe Alexis Carrié (1780-1867): el administrador de la decadencia

Philippe Alexis Carrié no fue un hombre de espadas sangrientas como Borgellá, sino de plumas y de números, un militar que gobernó Santo Domingo en los años en que el régimen de Boyer comenzaba a resquebrajarse. Llegó al mando del Distrito en 1831, cuando el terror impuesto por su antecesor ya había hecho su trabajo: la resistencia dominicana estaba mermada, pero no rota. Carrié, con su aire de moderación, fue el encargado de administrar una ocupación que ya no podía sostenerse solo con la fuerza, sino que requería, al menos, el disimulo de la legalidad.

Su fortuna, aunque considerable, no alcanzó el esplendor obsceno de Borgellá. Era un hombre de propiedades, no de excesos. En Santo Domingo, poseía una casa en la calle de Las Damas, adquirida en 1841, y una plantación de azúcar detrás de los muros de la Concepción y San Lázaro, trabajada por cinco arrendatarios. En Bayahíbe, tenía tierras que le reportaban beneficios, y en Haití, la plantación Baudouin, en Jacmel, le había sido donada por Pétion en 1814 como recompensa por sus servicios. No hay que olvidar que, al igual que Borgellá, pertenecía a la camarilla de los mulatos que gobernaron ininterrumpidamente por más de un cuarto de siglo. No era el latifundista voraz de Borgellá, pero sí un beneficiario de ese sistema donde la casta militar haitiana se repartía los despojos de la isla.

Su método de gobierno fue distinto al de su predecesor. Mientras Borgellá gobernaba con el látigo y la bayoneta, Carrié lo hizo con el código y el reglamento. No era menos despótico, pero sí más calculador. Mantuvo el militarismo agrario, aunque con menos crudeza: los soldados seguían siendo obligados a trabajar en las haciendas, pero ya no con el mismo sadismo de antes. Supervisó el cobro de la contribución extraordinaria para pagar la deuda francesa, un impuesto que ahogaba a los dominicanos, pero lo hizo con la fría eficiencia de un burócrata. Y aunque no fue un verdugo como Borgellá, sí fue un fiel ejecutor de las órdenes de Boyer, incluso cuando estas significaban el despojo de la Iglesia o la represión de cualquier atisbo de disidencia.

La logia Constante Unión n.º 8, fundada por Borgellá, siguió siendo bajo su mando un espacio de corrupción encubierta. Allí, entre rituales masónicos, se tejían las alianzas entre la élite haitiana y los colaboracionistas dominicanos. Carrié, aunque menos ostentoso que su antecesor, no desmanteló este sistema. Al contrario, lo usó para mantener el control sobre una sociedad que, aunque sumisa en apariencia, bullía de resentimiento. Los notarios que seguían redactando sus actos en español —como Troncoso y Solano— eran tolerados, pero con un precio: sus documentos, para tener validez, debían ser traducidos al francés, y si no lo hacían, perdían fuerza legal y el notario debía pagar multas que a veces duplicaban el valor del derecho de registro. Boyer, desde Puerto Príncipe, había ordenado que el español fuera erradicado, pero la realidad era tozuda: la lengua de Cervantes seguía viva en los tribunales, en las notarías, en las calles. Y aunque Carrié no era un fanático lingüístico, sí era un hombre de orden. Cuando los informes le llegaban de que el español se seguía usando, reiteraba las circulares, pero sin la saña de Borgellá.

Y sin embargo, Carrié no logró evitar lo inevitable. A medida que el régimen de Boyer se debilitaba, el sentimiento separatista crecía. Las sociedades secretas, como La Trinitaria, fundadas por Duarte y sus compañeros, actuaban en la sombra, usando el teatro y la literatura como armas. La Filantrópica y La Dramática, sus extensiones culturales, eran vigiladas de cerca, pero no podían ser erradicadas del todo. Los haitianos, al principio, las toleraron, creyendo que eran simples grupos literarios. Pero cuando el movimiento independentista tomó fuerza, la represión llegó. Hérard, el sucesor de Boyer, no tuvo las mismas contemplaciones que Carrié: encarceló a los trinitarios, los desterró, los persiguió. Pero para entonces, ya era tarde. El 27 de febrero de 1844, la bandera dominicana ondeó en el Baluarte del Conde.

Carrié, al final, fue un hombre atrapado entre dos fuegos: el de un régimen en descomposición y el de un pueblo que ya no quería ser colonizado. Cuando en 1843 los revolucionarios dominicanos presionaron, fue él quien firmó la capitulación, reconociendo que el juego había terminado. Su herencia no fue de sangre, como la de Borgellá, sino de papel: sus hijos, Bartolomé, Félix y Turenne, heredaron sus bienes, pero no su poder. Y así, el último gobernante haitiano de Santo Domingo se desvaneció en la historia, no como un tirano, sino como el administrador de un imperio que ya no podía mantenerse.

Características del régimen haitiano implantado en Santo Domingo

Los gobiernos de Borgellá y de Carrié, aunque inscritos en una misma arquitectura de dominación, ofrecen un contraste revelador entre la violencia fundacional del primero y el agotamiento administrativo del segundo. Ambos encarnaron, con matices distintos, la lógica de una ocupación que se proclamaba unificadora, pero que en su práctica reprodujo los mecanismos de una colonización tardía, sostenida por la fuerza y legitimada por la necesidad fiscal del Estado haitiano.

Borgellá ejerció el mando como un caudillo de frontera. Entre 1822 y 1831, su autoridad en el Ozama se definió por la conversión del aparato militar en instrumento económico. El soldado dejó de ser exclusivamente agente de guerra para convertirse en cultivador forzado, integrado en un sistema que hacía de la disciplina castrense el fundamento de la producción agraria. En ingenios como el de Basora, centenares de hombres trabajaban bajo vigilancia armada, sin mediación contractual ni garantía alguna, en una organización del trabajo donde la coerción suplía al salario. A esta estructura se sumaba una práctica fiscal abiertamente extractiva: los tributos recaudados no seguían un circuito regular hacia la tesorería central, sino que alimentaban una redistribución interna entre la oficialidad, transformando el impuesto en botín. La violencia, lejos de ser episódica, cumplía una función ejemplarizante; ejecuciones públicas y castigos severos delineaban los límites de la obediencia. Su relevo por Jean-Pierre Boyer, acompañado de una indemnización considerable por sus bienes, no obedeció a un escrúpulo moral, sino al cálculo político de contener un poder que comenzaba a desbordar el equilibrio del régimen.

Carrié, su sucesor, gobernó entre 1831 y 1843 en un contexto distinto: el de la progresiva erosión del sistema boyerista. Su administración fue menos espectacular en la violencia, pero más constante en la aplicación de medidas que agravaban la asfixia económica del Este. Le correspondió ejecutar la contribución extraordinaria destinada al pago de la deuda con Francia, cuya presión fiscal incidió directamente sobre una economía ya debilitada. A diferencia de Borgellá, su enriquecimiento personal, aunque real, no alcanzó dimensiones comparables; su figura responde más al tipo del administrador disciplinado que al del depredador expansivo. Sin embargo, su lealtad al orden establecido no excluyó una cierta flexibilidad final: en 1843, ante el avance del movimiento reformista que derribaba a Boyer, optó por la capitulación, reconociendo de facto la imposibilidad de sostener el dominio en las condiciones existentes.

Pese a estas diferencias, ambos regímenes compartieron una misma sustancia: el caporalismo agrario. Bajo esta fórmula, el servicio militar encubría formas de trabajo forzado, integrando a soldados —muchos de ellos antiguos esclavos o campesinos desposeídos— en unidades productivas controladas por oficiales. La fiscalidad, por su parte, operaba como mecanismo de transferencia de recursos desde la población dominicana hacia una estratocracia que concentraba tierras, rentas y autoridad. La abolición de la esclavitud, proclamada como principio fundacional del nuevo orden, subsistía en la práctica bajo modalidades coercitivas que preservaban su lógica esencial.

Este sistema se sostenía en una estructura militar cuidadosamente dispuesta. Tres regimientos de línea —el 31, el 32 y el 33— constituían el núcleo del dispositivo. El 31, acantonado en Santo Domingo bajo el mando del coronel Pablo Alí, articulaba una jerarquía en la que los oficiales haitianos monopolizaban los rangos superiores, mientras los dominicanos quedaban relegados a posiciones subalternas. La trayectoria de Pablo Alí ilustra la dinámica de cooptación: vinculado en su origen a las conspiraciones que llevaron al poder a José Núñez de Cáceres, se integró luego al nuevo régimen, recibiendo ascensos y propiedades que aseguraron su fidelidad. Alí había nacido en la colonia francesa, llegó con las tropas de Biassou en 1792, Boyer lo hizo rico y le entregó el ingenio Engombe. El regimiento 32 incorporaba a libertos, convertidos en tropa regular, y el 33 reproducía en el Cibao la misma combinación de mando haitiano y base local.

A este núcleo se añadía la Guardia Nacional, dividida entre una fuerza remunerada —de carácter profesional— y otra no remunerada, que implicaba el servicio obligatorio de sectores acomodados. En esta última, figuras como Juan Pablo Duarte o Alfau tuvieron sus primeras experiencias militares, pronto confrontadas con la realidad de un sistema que los empleaba no en la defensa de una soberanía propia, sino en labores de utilidad para el régimen. La gendarmería rural completaba el dispositivo, actuando como instrumento de vigilancia permanente sobre el campesinado.

El refuerzo periódico de tropas desde el Oeste —como ocurrió tras las conspiraciones de 1824 o ante amenazas externas en 1830— revela el carácter preventivo de esta organización. No se trataba únicamente de reprimir, sino de disuadir mediante una presencia militar constante. Las revueltas locales, desde Bayaguana hasta el Cibao, fueron sofocadas con rapidez y severidad, consolidando una estructura en la que la base dominicana, reclutada y subordinada, sostenía el poder de una oficialidad extranjera.

En conjunto, este aparato no solo garantizaba el control territorial, sino que articulaba un orden social en el que la subordinación se reproducía cotidianamente. Sin embargo, como suele ocurrir en sistemas de coerción prolongada, la estabilidad aparente ocultaba una tensión latente. La resistencia, aunque fragmentaria, persistía en prácticas, lenguajes y lealtades que escapaban al control militar. Y así, bajo la disciplina de los regimientos y la presión de la fiscalidad, se incubaba una ruptura que, llegado el momento, haría inviable la continuidad de aquel orden.

Referencias bibliográficas

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• Regino Espinal, F. B. (trad.). (2019). El Código Rural de Haití de 1826: edición bilingüe español-francés. Archivo General de la Nación.

Material audiovisual (ponencias)

• Moya Pons, F. (2021). La experiencia colonial y la tradición autoritaria en el Caribe hispánico: el caso de Santo Domingo [archivo de vídeo]. YouTube. Departamento Historia UN.